Las razones del PP para mantener su no a la reforma laboral de Yolanda Díaz

Menos mala de lo esperado, pero mala al fin y al cabo. Esta frase podría resumir la postura del Partido Popular ante el acuerdo alcanzado entre CEOE, Gobierno y sindicatos y que ha derivado en la reforma laboral. El próximo jueves dicha ley saldrá publicada en el BOE.

Tanto la propia CEOE, desde fuera, como sectores internos del PP (Feijóo), desde dentro, han presionado a Génova para que variase, desde la negativa a la abstención, su postura hacia la reforma. Este sector posibilista partía de que la reforma mantiene los aspectos esenciales de la ley laboral aprobada por Mariano Rajoy en 2012, al tiempo que encauza la temporalidad hacia el contrato indefinido, que pretende que ahora sea la norma.

José Luís Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, y portavoz nacional del PP, llegó a afirmar el pasado domingo en una entrevista que el PP se abstendría cuando dicha ley se votase en el Congreso. A las pocas horas el texto de la entrevista era corregido para reafirmar el no de los 'populares' a la reforma de la vicepresidenta y ministra de Trabajo. Desde entonces, el PP han reiterado, por activa y por pasiva, su negativa. Esta posición en el no lleva a que los 'populares' coincidan con ERC y Bildu, que ya han manifestado su radical disconformidad con a la reforma de Yolanda Díaz.

ERC, Bildu y PP juntos 

Fuentes próximas a la dirección del Partido Popular señalan su escepticismo con respecto a que los independentistas vascos y catalanes mantengan su negativa hasta el final. «PSOE, Unidas Podemos, Bildu y ERC se necesitan mutuamente y son expertos en el enjuague; muy posiblemente ahora estén haciendo un teatrillo para contentar a sus bases y luego acabarán haciendo encajes de bolillos para terminar absteniéndose. La coincidencia en el voto con el PP igual ni termina produciéndose», señalan estos interlocutores para El Debate, además de negar cualquier clase de contacto con estos partidos. 

Los interlocutores, conocedores a través de fuentes empresariales de como ha sido el proceso de negociación con Yolanda Díaz, afirman que, a la hora de llegar al acuerdo, no ha habido unanimidad, ni siquiera dentro de la CEOE, donde patronales como la catalana o la madrileña han mantenido su postura contraria a la reforma, así como áreas sectoriales como la automoción o la agricultura.

Con cierto tono melancólico, estas mismas fuentes recuerdan que el FMI ya pronostica que España será en 2022 el país con más paro de Europa, y no dudan que la reforma de Díaz «solo servirá para lograr lo contrario de lo que en teoría pretender hacer; es decir, hará aún más difícil la creación de empleo».

Ya en el ámbito del Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, portavoz del Grupo Popular, señala para El Debate que «esta reforma, la contrarreforma de Yolanda Díaz, deja sin efecto aspectos de la reforma de 2012 que han hecho que este país cree más de tres millones de puestos de trabajo, y haya impulsado un instrumento como los ERTEs que han sido claves durante estos meses de pandemia para sostener las economías familiares».

Políticas distintas 

Gamarra sostiene que España ahora mismo necesita, «teniendo en cuenta que estamos a la cola de Europa en la recuperación económica por las políticas socialistas y comunistas», leyes distintas, en el sentido contrario.

A juicio de la portavoz parlamentaria, estas medidas tendrían que ser una mayor flexibilidad, la modernización de nuestro mercado laboral y reducciones de los costes laborales; «es decir, la disminución de las cotizaciones, menos burocracia y la apuesta por la mochila austríaca», explicita Gamarra.

«Nosotros aspiramos a algo bueno y de futuro, no a algo que deshace un camino andado que ha sido bueno. La alternativa política que lidera Pablo Casado no mira hacia atrás; mira hacia adelante», señala la política riojana.

En cuanto a la coincidencia en el no que los socios de Sánchez y el PP muestran a la iniciativa laboral del Gobierno, Gamarra señala que los motivos de coincidencia son «absolutamente diferentes».

«Nosotros buscamos una reforma que contengan reformas estructurales para afrontar el futuro. Y lo que plantean los socios del Gobierno es la derogación absoluta. Es decir, una contrarreforma absoluta de la reforma del 2012. No estamos en los mismos planteamientos políticos ni económicos», apunta la portavoz parlamentaria.