El PSOE exigía al Gobierno que acatara los informes del CGPJ cuando estaba en la oposición

La ministra de Transportes anunció este jueves que el proyecto de la Ley de Vivienda será aprobado el próximo martes en el Consejo de Ministros sin atender ni una sola de las pegas que le ha puesto el CGPJ. De hecho, en una entrevista en el Canal 24 horas de TVE Raquel Sánchez llegó a recriminar al Poder Judicial que se hubiera extralimitado en su informe; opinando sobre artículos sobre los que el Gobierno no le había pedido opinión.

Hubo un tiempo, no obstante, en que los socialistas sí consideraban respetables los informes del CGPJ sobre la actividad legislativa del Ejecutivo, e incluso pedían que fuesen seguidos a pies juntillas. Ocurrió cuando estaban en la oposición.

El caso más famoso fue el de la Ley de Seguridad Ciudadana. El Gobierno de Mariano Rajoy pidió un informe al CGPJ y, a finales de marzo de 2014, sus vocales se pronunciaron de forma muy dura.

Por unanimidad, aunque con tres votos particulares, el pleno aprobó un informe en el que advertía de que el entonces anteproyecto elaborado por el Ministerio del Interior chocaba frontalmente con la Constitución. En aquel caso, con el artículo 17 de la Carta Magna, que regula los límites de la detención. En la votación participó el ahora ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que entre diciembre de 2013 y mediados de 2018 fue vocal del CGPJ a propuesta del PP.

También ahora el CGPJ reprocha al Ejecutivo que no respete la Constitución y las competencias en materia de vivienda de las comunidades.

Nada más conocerse aquel informe del Poder Judicial, el PSOE exigió a Rajoy que rectificara el articulado atendiendo al CGPJ e hiciese una ley «respetuosa», en palabras del portavoz socialista en la Comisión Constitucional del Congreso, Ramón Jáuregui. «Esta ley puede suponer un grave recorte de los derechos y libertades de los españoles», afirmó.

La diferencia es que entonces el Gobierno del PP decidió introducir modificaciones siguiendo las consideraciones del órgano de gobierno de los jueces. Lo hizo también para blindar la ley frente a un posterior recurso de inconstitucionalidad que ya había anunciado el PSOE que interpondría. 

De hecho, a finales de 2020 el Tribunal Constitucional avaló la Ley de Seguridad Ciudadana, con la excepción de lo referente a grabar a los policías sin autorización. Aunque actualmente socialistas y morados están tramitando la reforma de la que llaman «ley mordaza» en el Congreso.

Ahora, el Gobierno de coalición asegura que su proyecto de ley no tiene fisuras constitucionales, pero lo cierto es que tanto el PP como Vox han anunciado que la llevarán al TC. 

La Ley del Aborto de Gallardón

Durante esa primera legislatura de Rajoy hubo otro informe del Poder Judicial que retumbó en La Moncloa y que, a la postre, acabó costando el puesto al entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. En junio de 2014, el pleno del CGPJ se pronunció acerca del anteproyecto de la Ley del Aborto con la que los populares querían derogar la heredara de José Luis Rodríguez Zapatero, que en aquel momento tenían recurrida ante el Constitucional.

La división entre sus vocales fue tal –Grande-Marlaska se abstuvo en la votación– que terminó de echar para atrás a Rajoy. El presidente aparcó su proyecto de ley al no haber «consenso suficiente» y se limitó a suprimir el artículo según el cual las menores de 16 y 17 años podían abortar sin autorización de sus padres.

El Gobierno habla de sabotaje

El Gobierno sostiene que el CGPJ está saboteando algunas de sus leyes estrella y le atribuye un sesgo conservador. Además de que los ministros del PSOE y Unidas Podemos, y el propio Sánchez, recuerdan siempre que su mandato está «caducado» desde diciembre de 2018.

El Poder Judicial ha emitido otros dos informes muy críticos en la media legislatura transcurrida. El primero fue contra La Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la llamada «ley del solo sí es sí». En febrero de 2021, el pleno emitió un informe aprobado por unanimidad que cuestionaba dos ejes del anteproyecto de ley del Ministerio de Igualdad: el consentimiento expreso y la supresión de la distinción entre abuso y violación/agresión.

También entonces Irene Montero se apresuró a matizar que se trataba de un informe «preceptivo pero no vinculante». Y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, la jueza Victoria Rosell, declaró: «Si el informe va en ese sentido regresivo, la obligación del Gobierno y de los proponentes de esta ley, el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Justicia, es seguir adelante, cumplir el Convenio de Estambul y la legislación internacional, no desatenderla». Actualmente, el proyecto de ley se encuentra en la última fase de su tramitación parlamentaria.

Meses después, un CGPJ dividido se pronunció contra el anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática. En concreto, expresaba sus dudas sobre el conflicto entre la libertad de expresión e ideológica y la intención del Ejecutivo de prohibir y castigar la exaltación del franquismo. Aun sin darse «menosprecio y humillación de las víctimas», que es la línea roja legal existente en el caso del enaltecimiento del terrorismo.

En esta ocasión, la entonces vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Carmen Calvo, sí accedió a modificar el contenido para recoger las observaciones del Poder Judicial. Ahora, el Gobierno ha hecho del «no es no» al CGPJ otra de sus banderas.