Las claves del «no» asilo de El Pollo que mantienen congelada su extradición

Una doble estrategia, administrativa y judicial, para frenar la entrega de Hugo Armando 'El Pollo' Carvajal a los EE.UU. –donde se encuentra reclamado por varios delitos de narcotráfico– mantiene al exmilitar chavista en nuestro país. Pese a que fue en 2019 cuando la Audiencia Nacional, tras revocar una decisión inicial de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de no entregarle, decretó su salida de España, ésta no ha podido todavía materializarse. Primero fue la fuga de la Justicia que protagonizó el venezolano, que se ocultó durante más de dos años en un céntrico piso de Madrid. Ahora se trata de una nueva petición de asilo y varios recursos –uno de ellos en el ámbito de lo contencioso, contra la resolución por la que se rechazó el anterior– los que mantienen al exjefe de la Inteligencia bolivariana en la cárcel de Estremera.

La última decisión en firme de la Audiencia Nacional (AN) confirmando la extradición de El Pollo, a finales de 2021, y el respaldo posterior del Supremo, que denegó su petición de medidas cautelares para revocar la resolución de la Sala de lo Penal pusieron fecha límite a la salida del exmilitar. En especial, una vez  se recibieron las garantías exigidas a EE.UU. sobre las condiciones de la entrega y consideradas «suficientes» por la Fiscalía Antidroga, inicialmente, y por la Sección Tercera del tribunal, después. 

Sin embargo, así las cosas cuando la entrega de El Pollo a las autoridades norteamericanas de la DEA ya sólo depende de la Oficina Nacional de Interpol –que a su vez cuelga de la División de Cooperación Internacional, que es el órgano competente para comunica la fecha de recogida– la Justicia española ha dejado claro que no se ejecutará ningún movimiento hasta que se hayan resuelto todos los recursos pendientes. Ni, por supuesto, sin que el Ministerio del Interior se haya pronunciado sobre esa solicitud de especial protección que El Pollo ha presentado alegando que la reclamación de los EE.UU. oculta, en realidad, una persecución política. 

Engordar para morir, que diría el siempre sabio, y gráfico, refranero español. Desde que El Pollo fuera detenido en nuestro país, el pasado mes de septiembre, en una operación conjunta de agentes de la Policía Nacional y efectivos de la Agencia de Control de Drogas americana (DEA), tras casi dos años en busca y captura, no han hecho más que sucederse las negativas de los tribunales españoles para evitar su extradición.

Hasta seis recursos han sido rechazados por la Justicia de nuestro país desde que, el pasado 19 de octubre, la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior denegase la petición de El Pollo Carvajal Barrios, contra la desestimación de su solicitud de asilo.

La Audiencia Nacional decía «No» a la suspensión de su entrega pese a que, hasta en dos ocasiones, el exmilitar se sentaba frente al juez Manuel García-Castellón para aportar información sobre la presunta financiación irregular de Podemos y otras prácticas de dudosa legalidad de algunos de sus miembros más destacados, con la intención de obtener una condición de testigo protegido que blindase su permanencia en España y que, finalmente, nunca ha llegado.

También, el 29 de octubre, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso del Supremo desestimaba el recurso interpuesto por el general venezolano contra la resolución del Consejo de Ministros que en marzo de 2020 dio luz verde a su extradición a Estados Unidos, una vez había sido previamente acordada por la Audiencia Nacional. El fallo del Alto Tribunal suponía el rechazo de las alegaciones sobre los «vicios de nulidad» que su abogada realizó al respecto de dicha decisión gubernamental.