El líder de Podemos, Pablo Iglesias, junto a Carolina Bescansa y Juan Carlos Monedero
Tribunales
La estrategia de Podemos de recurrir todas las pruebas de Neurona frena el avance de la causa
El juez Juan José Escalonilla decretó, el pasado mes de diciembre, una serie de diligencias que no han podido ser practicadas todavía a la espera de que se resuelva la oposición de la formación morada
El pasado mes de diciembre, el magistrado Juan José Escalonilla, decretaba la práctica de una batería de pruebas adicionales para esclarecer si la compañía Neurona –de la que toma su nombre la causa donde Podemos está imputado como persona jurídica– realizó los servicios para los que fue contratada por la formación morada, durante las elecciones generales de abril de 2019. Un mes mas tarde, el juez instructor, decidía prorrogar durante seis más las pesquisas, en contra del criterio de la Fiscalía que considera «acreditado» que la compañía de matriz mexicana, entregó todos los trabajos encargados. Desde entonces, y hasta la fecha, las diligencias decretadas por Escalonilla siguen congeladas a la espera de que se resuelvan los recursos presentados por Podemos contra las mismas. Una estrategia procesal que dilata la marcha del proceso y que está provocando el «hartazgo» del resto de las partes personadas en el mismo.
Comisión rogatoria a México
Según el instructor, existen indicios de que buena parte de los servicios contratados por Podemos a Neurona –que según las conclusiones policiales habrían ascendido a más de 360.000 euros– fueron en realidad prestados «por empleados de dicho partido político o terceras empresas contratadas para tal fin». Esto es, una contratación presuntamente «ficticia», en línea con la denuncia de José Manuel Calvente.
Para cotejar la veracidad de las acusaciones vertidas por quien fuera miembro de los Servicios Jurídicos de Podemos, el juez Escalonilla emitió solicitud de comisión rogatoria a México para interrogar –tal y como le ordenó la Audiencia Provincial de Madrid– a los dos trabajadores de Neurona, presuntamente destinados a la confección de las tareas requeridas por el partido de Pablo Iglesias.
La tesis del instructor es que estos dos presuntos empleados mexicanos «únicamente realizaron la cobertura de actos de dicha campaña electoral cuando, por falta de medios personales de Podemos, resultó necesario que alguno de los trabajadores contratados por Neurona se desplazara» a los mismos.
Y, para ello, se ha apoyado en las declaraciones prestadas por los testigos Mikel Oibar y Guillermo Magariños –este último, «coordinador de todo el equipo de campaña electoral, quien manifestó que los trabajadores contratados por Neurona fueron a algún acto para grabarlo»– que aseguraron que, como norma «Neurona no trabajó en la cobertura de los actos electorales» ni en los 'streaming' vinculados a ellos.
Un experto en diseño gráfico
Al hilo de los «metadatos obrantes en los archivos aportados por el partido político Podemos cabe destacar que sólo cinco vídeos aparecen como realizados por dichos trabajadores contratados por Neurona» mientras que un total de 22 más habrían sido obra de un «miembro integrante del equipo de campaña electoral» del partido, concluyeron los investigadores de la UDEF en un extenso informe presentado al juez Escalonilla. Además, un trabajador contratado por Neurona, Waldemar Aguado Butanda, se encargó de «48 diseños consistentes en imágenes físicas y digitales» en distintos formatos. Trabajos por los que el instructor sospecha que se pagó más de lo que sería el precio estándar de mercado.
Por ello, el magistrado encargó la práctica de una prueba encaminada a esclarecer si del total de cuarenta y ocho vídeos encontrados, para su publicación en la red social Facebook, en base a un trabajo previo de estrategia de segmentación se pagó un importe ajustado al valor real de los mismos ya que «cabe señalar que dichos trabajadores no fueron los autores de los 'copys' o textos contenidos en dichos vídeos, como así lo acredita la testifical depuesta por Julián Macías Tovar y Karin de los Ángeles Fajardo Aravena», aclaraba el juez en el auto de diligencia.
Sin embargo, a comienzos de este mismo año, el 31 de enero, los abogados de Podemos se anticipaban a unas pesquisas que tienen recurridas, ante la Audiencia Provincial de Madrid, y aportaban dos informes periciales de parte en un intento por acreditar los trabajos contratados con la consultora mexicana Neurona.
El partido cuestionaba, así, una vez más, su imputación en la causa –en la que el juez Escalonilla contradice el criterio de la Fiscalía– y dinamitaba ex ante el dictamen independiente encargado por éste para esclarecer si las facturas pagadas por la formación morada, en concepto de trabajos de campaña electoral, se correspondían con su precio real de mercado.
