El PP recurre ante el Constitucional el «atropello» producido durante la votación de la reforma laboral

El Partido Popular va a recurrir ante el Tribunal Constitucional lo que ha considerado un «atropello» democrático durante la votación que validó la reforma laboral. El partido lo ha hecho público tras la decisión de los letrados del Congreso de validar la posición de la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, de no permitir al diputado Alberto Casero modificar su voto.

La reforma laboral del PSOE salió adelante gracias a la equivocación del diputado del PP. Ahora, el partido asegura que acudirá al Tribunal de Garantías. Fuentes de la formación afirman que ese informe ha sido filtrado por los letrados y «tendría que haberse realizado el pasado jueves» de manera previa a la reunión que se solicitó a la mesa y que no se llevó a cabo.

La portavoz parlamentaria del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha comunicado que el Grupo Popular y el diputado Alberto Casero han presentado sendos recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional tras el «atropello democrático» que, a su juicio, se cometió en la votación de la reforma laboral que se celebró en el Pleno del Congreso.

Gamarra ha confirmado que el PP ha dado ese paso antes de conocer el informe de los letrados del Congreso, que concluyen que el voto de Alberto Casero en favor de la reforma laboral fue válido y no cabía su revocación, aunque él se equivocara, al tiempo que descartan que haya habido un fallo del sistema informático.

La dirigente del PP ha criticado que más de una semana después de esa votación de la reforma laboral aún no se haya reunido la Mesa del Congreso, pero «sí se filtre de manera interesada» por la Cámara ese informe de los letrados. «Aquí todo vale y lo que demuestra es que se está deteriorando la calidad democrática de nuestro país», ha enfatizado.

Tras asegurar que el Partido Popular va a llegar «hasta el final» con este asunto, Gamarra ha asegurado que «ha quedado claro» que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha estado «al servicio de los intereses de su partido, y no de los intereses de los españoles». «Es inadmisible que la Mesa del Congreso todavía no se haya reunido para amparar al diputado», ha abundado.