El Supremo decidirá este martes si la política de nombramientos de Delgado es legal

Desde su llegada al cargo, Dolores Delgado, ha sido protagonista de numerosas polémicas, su propio nombramiento o el escándalo del llamado «caso Stampa», han estado bajo la lupa y las críticas, de sus excompañeros del Ministerio Fiscal. Este martes, la socialista se enfrenta a su última entrega: el Supremo estudiará el recurso que presentó la Asociación de Fiscales (AF) contra la política de nombramientos de la fiscal general. En concreto, la designación de Eduardo Esteban Rincón como fiscal de Sala jefe de la Unidad Coordinadora de Menores. Como alternativa, José Miguel de la Rosa Cortina, un candidato que –a juicio de la AF– atesoraba una mayor experiencia práctica y mejores conocimientos jurídicos en la materia y que, además, ostentaba la categoría de fiscal de sala, un escalafón superior.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal deliberará sobre el texto de la AF, que ha criticado públicamente la «querencia» de Delgado por los miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) –a la que perteneció antes de adquirir dimensión pública– a la hora de acordar nombramientos discrecionales. No en vano, de todas las vacantes cubiertas en los últimos meses, ni un sólo candidato ha sido seleccionado de entre las demás entidades profesionales o de fuera del entorno asociativo.

Esteban Rincón ingresó en la carrera fiscal en 1988. Entre 2008 y 2013 fue Fiscal Jefe de Madrid, la Fiscalía más numerosa y compleja de todo el territorio nacional, que dirigió «con gran éxito demostrando su capacidad para generar sinergias positivas y para coordinar, gestionar y motivar grandes equipos», según tuvo en cuenta Delgado para su nombramiento. Además, fue fiscal ante el Tribunal Constitucional durante una década.

Ni rastro de «mérito» y «capacidad»

En un comunicado emitido el pasado mes de marzo, la AF denunció que la fiscal general emplease como «norma general» que «sus propuestas lo son de acuerdo con los votos emitidos por los vocales electivos por la lista de la Unión Progresista Fiscales, y ello a pesar del principio de mérito y capacidad que debe regir en cada propuesta de nombramiento que se remita al Consejo de Ministros».

La asociación mayoritaria en el Consejo, con cinco miembros electos, presidida por Cristina Dexeus, se quejaba en el recurso planteado ante el Supremo de que «transcurrido más de un año desde su toma de posesión, los concursos para la cobertura discrecional siguen un orden en cuanto a las plazas concretas y un ritmo en cuanto al tiempo de publicación que obedecen a una estrategia solo conocida por la fiscal general del Estado».

La falta de transparencia y el sesgo de la titular del Ministerio Público han provocado un gran malestar entre los miembros de una institución que, a juicio de Dexeus, ha perdido su prestigio por la política de Delgado.