Secretos oficiales  Los fondos reservados y la actividad del CNI, tres años sin control parlamentario

Han pasado tres años desde que se reunió la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados, es decir, hace tres años que el Congreso no ejerce control alguno sobre el uso de los fondos reservados del Gobierno y las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El 3 de marzo de 2019 fue la última vez, un día antes de que se disolvieran las cortes y se convocaran las elecciones de abril, que se repetirían meses más tarde.

Los vetos entre las formaciones políticas han impedido que la Cámara Baja haya elegido a los integrantes de esa comisión, conocida como 'comisión de secretos oficiales', que es la que se encarga de controlar estos gastos. Es la única que puede conocer las materias clasificadas y la que se encarga, asimismo, de vigilar las actividades del Centro Nacional de Inteligencia.

Así lo establece la ley de 1995 que regula la utilización y el control de los créditos destinados a gastos reservados. En su artículo 7 recoge que estos deben estar sujetos al control del Congreso de los Diputados, «a través de una Comisión parlamentaria compuesta por el Presidente de la Cámara, que la presidirá, y aquellos Diputados que, de conformidad con la normativa parlamentaria, tengan acceso a secretos oficiales».

Según estipula la misma norma, los titulares de los tres Ministerios a los que se asignan estos fondos reservados –Defensa, Interior y Asuntos Exteriores–, «informarán semestralmente a la Comisión sobre la aplicación y uso de los correspondientes fondos presupuestarios» en sesiones secretas. Sin embargo, la última vez que se reunió fue en marzo de 2019. Esto significa que durante todo este tiempo el Congreso de los Diputados no sabe cómo se esta utilizando ese dinero público.

Los diputados, uno por cada grupo, deben ser elegidos por mayoría de tres quintos del Congreso para entrar en la Comisión

Cada vez que se inicia una nueva legislatura, el Congreso debe elegir a los parlamentarios componentes de esa Comisión de gastos reservados. En la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados del 11 de mayo de 2004 sobre secretos oficiales, se establece que el Gobierno facilitará las cuestiones clasificadas en la categoría de secreto a un diputado por cada grupo parlamentario. También, que «los Diputados serán elegidos al efecto por el Pleno de la Cámara por mayoría de tres quintos», es decir, que para que sea designado debe obtener 210 votos, que se emiten de forma secreta en una urna. Una vez elegidos, se convierten automáticamente en integrantes de la comisión.

Vetos cruzados entre partidos

El motivo del bloqueo para constituir la comisión de secretos oficiales radica en los vetos entre formaciones políticas. La situación del Pleno de la Cámara Baja es muy distinta a la que existía antes de los comicios de 2019, por lo que llegar a un acuerdo para conseguir ese respaldo de 210 votos se dibuja complicado.

ERC, Junts (por el Grupo Plural), la CUP (por el Grupo Mixto) y Bildu, que optaría por primera vez a entrar en la comisión al contar con grupo parlamentario propio, necesitan contar con los votos de los diputados del PP, Vox y Ciudadanos –que entre los tres suman 151– para poder acceder a las materias clasificadas, dado que los votos del PSOE y de Unidas Podemos –155 en conjunto– no son suficientes. No obstante, Vox y Ciudadanos, al inicio de la legislatura, advirtieron que no pensaban dar ni un voto a los diputados independentistas, y el Partido Popular también ha descartado dar respaldo a Bildu.

Por otro lado, PP, Vox y Ciudadanos tampoco alcanzan el respaldo de esa mayoría de tres quintos del Congreso, y necesitarían, por tanto, el apoyo de los socialistas y la formación morada para entrar en la comisión.