Seis de los contratos del Gobierno de Sánchez denunciados por Ayuso ocultan las condiciones y los plazos

El Partido Popular de la Comunidad de Madrid ha presentado una denuncia ante la Fiscalía en la que se recogen informaciones que presentan presuntas irregularidades en la concesión de contratos por parte del Gobierno en plena pandemia. De las doce contrataciones incluidas en el escrito, seis de ellas son de carácter opaco y no aportan ningún tipo de detalle en el Portal de Contratación del Estado.

De estos solo se conoce el importe, el objeto y la empresa adjudicataria. Por lo tanto, en Contratación no se revela ni las condiciones acordadas, ni los plazos que han de cumplirse, ni el precio por unidad.

La flexibilidad permitida durante el periodo que el Covid-19 golpeó España fue mayor debido a la necesidad de agilizar los plazos y adquirir el material necesario. Sin embargo, los contratos en duda se emitieron hace dos años, periodo suficiente en el que el Gobierno de Pedro Sánchez podría haber publicado los documentos que aclarasen las características concretas de las concesiones. No lo hizo en estas seis ocasiones, pero sí en las otras seis incluidas en la denuncia presentada por el equipo de Isabel Díaz Ayuso. Es decir, se tomó la decisión de no hacer públicos ciertos contratos cuando otros sí lo fueron.

De la agricultura a las mascarillas

Ejemplo de ello son dos de los acuerdos alcanzados con la empresa Soluciones de Gestión. Los importes de estos fueron 24 y 5 millones. Ambos por la compra de mascarillas. Tal y como relata la denuncia, la compañía elegida a dedo se dedicaba a ofrecer servicios de desarrollo y asesoramiento técnico en actividades internacionales principalmente de energía, agua e infraestructuras agrícolas. Además, detalla que la cifra de negocios de la compañía en 2019 fue de 0 euros mientras que en 2020 alcanzó los 53 millones de euros.

Relación con Ábalos

Tal y como relata la denuncia, las noticias aparecidas en los medios de comunicación apuntan a que la relación entre dicha empresa y el Gobierno puede radicar en el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Y es que fue gracias a los contratos que recibió por parte del ministerio que entonces dirigía por lo que aumentó de manera vertiginosa su facturación.

La misma empresa también fue la elegida por el Ministerio de Interior que le adjudicó casi 3,5 millones de euros para material de protección del personal de la Secretaría de Estado de Seguridad. En este caso, sí que se publicaron los detalles del contrato vislumbrando la arbitrariedad de criterios en este respecto.

Del sector del alcohol al sanitario

Otros cuatro contratos no han sido publicados en el Portal de Contratación. Se trata de los concedidos a la empresa FCS Select por un valor de 263 millones de euros.

En este caso, el adjudicatario tampoco tenía ninguna relación con el ámbito sanitario. La empresa, con sede en Barcelona, ofrece servicios de fabricación de productos de marketing para el sector de bebidas alcohólicas.

Este negocio también experimentó una gran mejoría gracias a las concesiones del Gobierno. Si en 2018 facturó menos de un millón de euros, en 2020 sus ganancias fueron de 263 millones.

Administradora condenada

Distintas informaciones periodísticas revelaron que la administradora de la empresa, Mayra Dagá, fue condenada en el año 2016 por un delito de estafa agravada por su participación en una trama delictiva dedicada a la compra y posterior vaciamiento con problemas financieros.

A pesar de las características de la empresa elegida y que los contratos se formalizaron hace dos años, los detalles del acuerdo siguen sin ser consultables en el portal dedicado a ello.