El juez del caso Gali apunta a Sánchez: «El presidente del Gobierno dirigía la operación»

El titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza, a cargo de las pesquisas sobre la entrada en España del líder del Frente Polisario Brahim Gali, ha acordado el archivo provisional de la investigación para el exjefe de gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores Camilo Villarino, pero ha desestimado la petición de la Abogacía del Estado de cerrar las diligencias sobre la exministra Arancha González Laya.

En un auto de 10 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado Rafael Lasala ha desestimado parcialmente la solicitud de los servicios jurídicos del Estado. «Sobreseo provisionalmente estas actuaciones únicamente respecto de Camilo Villarino, prosiguiendo en lo demás la instrucción de las mismas», ha indicado.

La decisión del juez tiene lugar después de que el pasado 8 de febrero la Abogacía del Estado pidiera el archivo de la investigación que se sigue sobre la exministra y su jefe de gabinete Camilo Villarino. La defensa considera que no hay elementos que permitan acreditar un posible delito de prevaricación, encubrimiento o falsedad por parte de ninguno de los excargos del Gobierno.

En 18 folios, los servicios jurídicos del Estado insistieron en que los hechos acreditados en el marco de la investigación «no son constitutivos de delito alguno». «Procede, por lo tanto, que no se alargue innecesariamente una instrucción respecto de mis investigados, por las afecciones y consecuencias desfavorables que para ellos supone», señaló la Abogacía.

El Juzgado investiga la entrada en España de Gali, toda vez que ingresó al país a través de la Base Aérea de Zaragoza la noche del 18 de abril de 2021 sin pasar por controles de frontera ni de documentación para luego ser trasladado al Hospital San Pedro de Logroño para ser atendido por covid-19.

No hay indicios de falsificación

Según consta en el auto en el que el juez ha plasmado su decisión, la Fiscalía interesó el archivo provisional respecto a Villarino y González Laya. Las acusaciones populares, por su parte, se opusieron a la petición de la Abogacía del Estado.

En este sentido, el magistrado ha coincidido con el Ministerio Fiscal en que sería oportuno el archivo provisional «al menos en cuanto a la falsedad documental atribuida a los dos representados por la Abogacía», en referencia a la exministra y su jefe de gabinete.

«Hasta el momento no se ha conseguido indicio alguno de que participaran en la falsificación de un documento de identificación personal o en la presentación del mismo en el Hospital de San Pedro, de Logroño», ha señalado.

El juez Lasala ha considerado que «tampoco cabe hablar de un encubrimiento de los delitos por los que se investigaba a Brahim Gali en dos causas distintas de un Juzgado Central de Instrucción». Ha explicado que el encubrimiento implica que los investigados debían conocer la comisión del delito, «algo difícilmente predicable».

En cuanto a la posible prevaricación, que ha sido el motivo principal de la instrucción hasta el momento, el titular del Juzgado ha admitido que «no es fácilmente apreciable, sobre todo respecto de Camilo Villarino por lo que más adelante se dirá, si bien aún no puede desecharse su existencia al momento actual».

Lasala ha explicado que «lo realmente trascendente a los efectos de la prevaricación» es aclarar si se decidió asistir a Brahim Gali y permitir su acceso a España «a sabiendas de que estaba interesada su declaración como investigado en dos causas penales e intentada su localización en varias ocasiones, acordando no comunicar nada al Juzgado Central de Instrucción» y «asegurando igualmente las condiciones necesarias para que nadie lo pudiera hacer».

Acción dirigida por el presidente

En el marco de la resolución de 13 folios y tras repasar los hechos hasta ahora recogidos en el procedimiento, el juez ha subrayado que -teniendo en cuenta que participaron autoridades y funcionarios de Exteriores, Interior y Defensa- lo que le dice la ley es que «el Presidente del Gobierno dirigía esta actuación conjunta».

«Pues bien, promovida la cuestión por la titular de Asuntos Exteriores tras recibir una llamada desde Argelia, la decisión última correspondía al Presidente del Gobierno, sabiendo los Ministros de Interior y de Defensa que por tal decisión habían de comunicar a determinadas Autoridades y funcionarios de sus departamentos que siguieran las instrucciones que diera Camilo Villarino sobre este particular», ha señalado.

El magistrado ha asegurado que «todo parece apuntar» a que Villarino «tan solo fue informado desde el Ministerio de Interior de la pendencia de causas penales contra Ghali cuando ya llevaba varios días en España (...) sin que antes se le hubiera informado sobre tal particular por quien le escogió como profesional muy cualificado para gestionar la llegada a España».

En este sentido, Lasala ha concluido que Villarino es «alguien ajeno al núcleo de personas que hubieran sabido del interés judicial sobre Brahim Gali».

El titular del Juzgado ha admitido que es «poco» lo que se ha conseguido en el marco de la investigación y ha asegurado que, a la espera de alguna diligencia encaminada fundamentalmente hacia la acreditación de la posible falsedad y otra sobre ficheros policiales, «es sumamente improbable encontrar algún indicio más, más aún cuando han sido invocados frecuentemente deberes de secreto profesional cuando no la Ley de Secretos Oficiales».

Así las cosas, el juez ha aprovechado su escrito para indicar que las gestiones del Ejecutivo «reflejan la buena voluntad de quien decide ayudar al enfermo y una actitud humanamente irreprochable». Pero ha subrayado que el médico responsable de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Logroño llegó a advertir de que la atención médica que Gali había recibido en Argelia era «prácticamente» la misma que hubiera recibido en Logroño.