Anticorrupción descartó 23 irregularidades atribuidas por la Fiscalía Europea al contrato del hermano de Ayuso

Anticorrupción salva el papel de Isabel Díaz Ayuso y la naturaleza de la polémica contratación de la que, presuntamente, acabó beneficiándose su hermano mayor. «La presente investigación no afecta, pues, a delito alguno competencia de la Fiscalía Europea. La investigación nuclear y que ha determinado la intervención de esta Fiscalía Especial no pone en cuestión el contrato» contestaba Alejandro Luzón. Un contrato para el que el fiscal jefe desmontó la tesis principal del Ministerio Público comunitario: «En el caso» de que hubiese sido «financiado por los fondos de la Unión Europea», «la Comisión establece una relación de irregularidades (23) sin que manifiestamente ninguna de ellas pueda serle atribuida».

La respuesta íntegra del titular de la Fiscalía Especial al segundo escrito recibido del Departamento representado en nuestro país por Concepción Sabadell –a la que ha tenido acceso El Debate– dejó claro, en varias ocasiones, que los «hechos investigados» se refieren a «la contratación de emergencia realizada por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid el pasado día 1 de abril de 2020 para la adquisición de 250.000 mascarillas FFP2-3 por un precio unitario de 5 euros más IVA y un importe total de 1.512.000 euros a la mercantil Priviet Sportive SL, en la que habría intermediado el hermano de la presidenta, Don Tomás Díaz Ayuso». Es, por tanto, el papel de este último en «el posible trato de favor a una empresa por razón de su mediación» el que «no está claro y podría llegar a integrar algún concreto delito» de los previstos en el Código Penal.

Sin embargo, por lo que respecta al «contrato de 1 de abril de 2020 que se adjudicó por el procedimiento de emergencia» ya «desde la apertura» de las pesquisas «y a la luz de la documentación presentada por los propios denunciantes y la Comunidad de Madrid, resulta palmaria la falta de fundamento de las calificaciones jurídicas apuntadas por la Fiscalía Europea». «Aventurar que el perjuicio ocasionado al patrimonio de la UE ascendería a 1.512.000 euros, cuando ese es el precio total pagado por la compra de mascarillas, similar a otras decenas de adquisiciones de este material por la Comunidad de Madrid en esas fechas, respecto de la que consta toda la documentación de sus características técnicas, factura, certificado de conformidad, documento ADOK aprobado, memoria justificativa para la adquisición por razone de urgencia, forma de pago y, sobre todo, albaranes de entrega, resulta insostenible», aseguró tajante Alejandro Luzón.

La Comunidad de Madrid no utilizó en el contrato del hermano de Isabel Díaz Ayuso el pago anticipado y sin garantía que permitía el procedimiento de urgencia para hacer frente al COVID-19

«No se precisa un especial esfuerzo argumental ni un pormenorizado análisis de los tipos penales para advertir que ni se ha dado a los fondos europeos 'una aplicación distinta de aquella a que estuvieran destinados' ni se han 'falseado' ni 'ocultado' las condiciones requeridas para la concesión de estos. Del mismo modo, resulta evidente que no ha existido malversación, pues no se ha producido apropiación de dinero del patrimonio público», añadió.

La «hipótesis» de la participación de Ayuso

Además, en el texto de Alejandro Luzón, de 10 de marzo de 2022, una de las varias afirmaciones categóricas recogidas se centra en aclarar que la participación de la presidenta de la Comunidad de Madrid en los hechos denunciados se reduce a una «hipótesis» que «de confirmarse siquiera indiciariamente» derivaría «en su remisión a la Fiscalía del Tribunal Supremo». Algo que no sólo no ha sucedido hasta la fecha sino que el fiscal jefe Anticorrupción descartaba desde el comienzo de su intervención en las pesquisas.

«Lo que se dirime en esta investigación es el correcto desempeño de las actividades públicas desde la perspectiva de una Administración prestacional, al servicio de los intereses generales y plenamente sometida a la Ley y al Derecho, conforme a los principios que ordenan su funcionamiento (...). Se trata de comportamientos que afectan directa y exclusivamente a intereses nacionales, lo que sitúa estas conductas en la órbita del correcto funcionamiento de la Administración española», aclaraba Alejandro Luzón con motivo de la respuesta enviada a su compañera Concepción Sabadell.

No en vano, Luzón deja claro hasta en tres ocasiones que «el origen y fundamento» de la solicitud de la Fiscalía Europea «se apuntala sobre la comisión de unos delitos que no parecen de aplicación a los hechos que se investigan» en Anticorrupción.

La Fiscalía Europea «construye dos delitos» entorno a la presunta actuación del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso: uno «de fraude a los presupuestos de la Unión Europea» y otro «de malversación» para los que «no es posible proponer si quiera la investigación de unos hechos que no revisten caracteres de delito, no sólo por carecer de un mínimo acervo incriminatorio de soporte, sino porque el bagaje indiciario existente apunta con claridad a que no ha existido desviación de subvención alguna ni apropiación de caudales públicos ni, en consecuencia, daño a los intereses financieros de la UE».

«La apertura de una investigación y, desde luego, la práctica de cualquier diligencia en relación con estos hechos (...) tendría una naturaleza claramente prospectiva. No existiendo delito alguno competencia de la Fiscalía Europea tampoco cabe hablar de infracciones penales conexas, pues no existe un delito con el que establecer la relación de conexidad», zanjaba Luzón.

Molesto con los términos de la petición

El malestar del fiscal jefe de Anticorrupción con el decreto acordado por los Fiscales Europeos Delegados –en el que se le reclamó la entrega del expediente de las investigaciones abiertas por la posible corrupción existente en la adjudicación del contrato de mascarillas a la empresa con la que colaboró el hermano de Isabel Díaz Ayuso– es evidente.

No tanto por la solicitud en sí, sino por los términos de una petición para la que la Fiscalía Europea impuso a Alejandro Luzón «un plazo máximo de veinticuatro horas», «perentorio» e «impropio» a su juicio «no ya de la consideración debida a las responsabilidades» –que hasta la creación de la institución comunitaria «y durante casi 25 años» han recaído en Anticorrupción– sino del «propio marco que deben regir las relaciones entre ambas Fiscalías».

Para Luzón, cumplir el requerimiento sin más oposición ni «dilación» ante la falta de información real «convertiría a la Fiscalía Anticorrupción en automática y acrítica expendedora de expedientes propios». Y ello, además, ante unos Fiscales Europeos Delegados que «no parece que hayan actuado siguiendo ese 'principio de cooperación leal' que invocan para sí».