Anticorrupción avanza en la investigación sobre los contratos del hermano de Ayuso sin citarlo a declarar

Anticorrupción niega la mayor. Por el momento, no habrá comparecencia del hermano mayor de la presidenta madrileña, Tomás Díaz Ayuso, en la investigación abierta, el pasado 22 de febrero, al hilo de un contraro «de urgencia» suscrito entre la Administración regional y la empresa Priviet Sportive SL de la que es proveedor Tomás. «No es cierto» que se le haya llamado a declarar, apuntan a El Debate fuentes próximas a la Fiscalía. «En el futuro ya se verá. La apuesta puede ser más o menos razonable» pero «nada más», añaden negando la existencia de una citación formal.

El presunto «espionaje» de Génova a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso -al hilo de dicha contratación y las presuntas irregularidades que se apuntaban, sin pruebas, sobre la misma- hizo mover ficha al Ministerio Público que decretó la apertura de una instrucción sobre lo ocurrido. La Fiscalía avanza, un mes después, en el análisis de la documentación aportada por la propia Díaz Ayuso, sobre los trámites seguidos para dicha adjudicación, y prepara la citación de varios altos cargos del ente autonómico, vinculados a las áreas competentes, como ya avanzó El Debate en primicia.

Fuentes próximas a la Fiscalía que dirige Alejandro Luzón, han confirmado a El Debate que se revisa el contrato por importe de 1,5 millones de euros bajo sospecha de la oposición política, y del propio Partido Popular, para concluir si existen indicios de delito, tanto en la tramitación del mismo como en la contraprestación, por importe de 55.850 euros, percibida por Tomás Díaz Ayuso como resultado de sus gestiones en China para la adquisición y la logística de entrega de la mercancía, un total de 250.000 mascarillas FPP2-3. No en vano, los socialistas madrileños, Unidas Podemos y Mas Madrid presentaban a comienzos de esta misma semana una denuncia ante el Departamento de Dolores Delgado señalando tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y malversación de fondos públicos en la actuación de la líder del Ejecutivo.

Sin embargo, las mismas fuentes de la Fiscalía han señalado que las «mínimas» pesquisas iniciadas se centran en determinar «quiénes fueron los protagonistas del contrato» que permitió la adquisición de las mascarillas. Esto es, en aclarar los «términos de la intervención» de las partes -y la información, el papel y las motivaciones de cada una de ellas- antes de decidir si existen indicios suficientes para impulsar una querella de oficio o todo queda archivado, sin más.

Meras «hipótesis»

En el decreto de apertura de las averiguaciones, el propio fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, puso el acento en las carencias de las tres denuncias registradas por las representaciones de los Grupos Parlamentarios Socialista, Mas Madrid y Unidas Podemos, el pasado 18 de febrero de 2022, en la sede de su Departamento.

Para Luzón, fuera del foco del enfrentamiento político, «los denunciantes proponen distintas hipótesis sobre su eventual participación en presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios» pero lo «sustentan en una secuencia de hechos que, en estos momentos, no permiten acordar la remisión a la Fiscalía del Supremo, pues no constituyen indicios razonablemente verosímiles de la realización del hecho investigado, de su carácter delictivo y de la responsabilidad en el mismo de la persona aforada». Es decir, la lupa jurídica dejó fuera, de entrada, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Las tres denuncias «se limitan a solicitar de la Fiscalía Especial la incoación de Diligencias de Investigación conducentes al esclarecimiento de los hechos en ellas relatados», en las que, «si bien no se terminan de formular imputaciones concretas», apuntó el fiscal Jefe Anticorrupción en el decreto de apertura de diligencias preliminares.