El atajo para ascender a Delgado la obliga a informar a Sánchez de los «asuntos importantes» para el Gobierno

Más allá del polémico atajo que el PSOE 'colaba' ayer en el Congreso para enmendar el texto del proyecto de reforma de la Ley Concursal y modificar, de tapadillo, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, ascendiendo a Dolores Delgado a la categoría de Fiscal de Sala, al término de su mandato, incluye una segunda modificación de calado: «La posibilidad de que el FGE informe al Gobierno de los asuntos que considere de importancia para el propio Gobierno».

La enmienda 603 del Grupo Parlamentario Socialista que aspira a modificar, de manera exprés, la norma básica que regula el funcionamiento del Ministerio Fiscal, cambia el enfoque actual para que el fiscal general del Estado informe «por escrito al Gobierno, por su propia iniciativa o cuando éste lo interese y siempre que no exista obstáculo legal» sobre sus actuaciones «en aquellos asuntos de especial trascendencia en los que intervenga y que por su naturaleza y relevancia deba conocer. Esta información podrá venir referida también al funcionamiento, en general, de la Administración de Justicia».

Además, las comunicaciones del Gobierno con la institución que lidera Delgado se harán –a partir de la aprobación del texto– «por escrito y de modo debidamente registrado en el soporte que reglamentariamente se determine por conducto del Ministerio de Justicia», a través de la fiscal general. «Cuando el presidente del Gobierno lo estime necesario podrá dirigirse al mismo», añade la coletilla.

Un escenario que desde la cúpula de la Carrera Fiscal han calificado de «intolerable» al entender que «nos devuelve a la concepción totalitaria de Ministerio Fiscal, como órgano del Gobierno en los Tribunales».

Para los excompañeros de Delgado, es una auténtica «cacicada» el «introducir» una «modificación de tal calado», en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, «sin publicidad y hurtando de toda posibilidad de alegación al Consejo Fiscal y al Consejo General del Poder Judicial, así como a las asociaciones de fiscales y en general, a toda la Carrera», profesional.

Un «pago a los favores prestados»

Una vez más la constante polémica que salpica a Dolores Delgado, de la mano de una maniobra previa del PSOE, ha soliviantado a los fiscales. «Si el nombramiento de Fiscal General recayese sobre un miembro de la Carrera Fiscal quedará en situación de servicios especiales y adquirirá la categoría de Fiscal de Sala del Tribunal Supremo una vez se produzca su cese».

El atajo por el que el grupo socialista del Congreso proponía retocar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) para premiar a Delgado con la concesión automática de la categoría de Fiscal de Sala del Supremo –una vez abandone la FGE, dentro de tres años– es una «cacicada» más, en palabras de sus excompañeros.

Muchos de ellos consideran que el 'blindaje' del Ejecutivo a su cuestionada fiscal es un «pago a los favores prestados». La propuesta «supone un premio para la Fiscal General y la inmisión directa del Gobierno en la conformación de la Primera categoría de la Carrera Fiscal, pues directamente puede promover a un fiscal a su máxima categoría, cuando procediendo la designado de misma no la ostentaba».

Sin solución de continuidad

La Ley 50/1981, de 30 diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, equipara a los Fiscales de Sala del Tribunal Supremo con los Magistrados del Alto Tribunal. Sólo los fiscales de segunda categoría -como en el caso de Dolores Delgado antes de ser nombrada ministra de Justicia y, posteriormente, fiscal general del Estado –sin solución de continuidad– pueden aspirar a ocupar los puestos jerárquicamente superiores en el seno de la Fiscalía.

Para ello, tienen que cumplir, además, una serie de requisitos adicionales: no sólo aglutinar los «méritos e idoneidad» exigibles al candidato concreto para cada puesto sino que, además, se incluyen mínimos objetivos como el tiempo de experiencia en la Carrera fiscal, una cuestión que depende del año de ingreso en la misma.

Solamente «la vía elegida para la modificación del EOMF» –un trámite parlamentario de aprobación de una norma que nada tiene que ver con la actividad propia del Ministerio Público– «sugiere cierta urgencia para el Gobierno» para proporcionar una salida «a lo grande» de la Fiscalía General del Estado, denunciaba a El Debate Salvador Viada, presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), nada más conocerse las intenciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Además, «la promoción del fiscal general cesante (...) no es algo que le haga ninguna falta, ni produzca ningún beneficio, al Ministerio Público» sino que «sólo favorece a quien cesa acentuándose, así, la relación del fiscal general» con el Gobierno, del que «depende» como reconoció el propio presidente del Gobierno. Un «despropósito» que «ahonda todavía más en la politización de la Fiscalía».

Muchos han sido los fiscales y muy duras las críticas vertidas contra la «urgencia» del Ejecutivo por tramitar una cuestión «que ni mucho menos es prioridad» en el seno de la Fiscalía General del Estado, «ni para los fiscales en general». Eso sí, «ninguna prisa por recortar el poder omnímodo de la fiscal general o por prohibir las puertas giratorias entre las designaciones políticas y la institución», apuntaba Cristina Dexeus, presidenta de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF), el azote de Delgado.