La reforma exprés del Gobierno para ascender a Dolores Delgado subleva a los fiscales

Una vez más la polémica salpica a Dolores Delgado. La maniobra del PSOE para colar, por la puerta de atrás, una enmienda a la tramitación de la nueva Ley Concursal que garantizará a la actual titular del Ministerio Público el ascenso a lo más alto del escalafón de la Carrera profesional, cuando cese en su cargo y sin tener que presentarse, ha vuelto a soliviantar a los fiscales. El atajo por el que el grupo socialista del Congreso ha propuesto una reforma exprés del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) para premiar a Delgado con la concesión automática de la categoría de Fiscal de Sala del Supremo –una vez abandone la FGE, dentro de tres años– es una «cacicada» más, en palabras de sus excompañeros. Muchos de ellos consideran que el 'blindaje' del Ejecutivo a su cuestionada fiscal es un «pago a los favores prestados».

La propuesta «supone un premio para la Fiscal General y la inmisión directa del Gobierno en la conformación de la Primera categoría de la Carrera Fiscal, pues directamente puede promover a un fiscal a su máxima categoría, cuando procediendo la designado de misma no la ostentaba».

Solamente «la vía elegida para la modificación del EOMF» –un trámite parlamentario de aprobación de una norma que nada tiene que ver con la actividad propia del Ministerio Público– «sugiere cierta urgencia para el Gobierno» para proporcionar una salida «a lo grande» de la Fiscalía General del Estado, denunciaba a El Debate Salvador Viada, presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), nada más conocerse las intenciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Además, «la promoción del fiscal general cesante (...) no es algo que le haga ninguna falta, ni produzca ningún beneficio, al Ministerio Público» sino que «sólo favorece a quien cesa acentuándose, así, la relación del fiscal general» con el Gobierno, del que «depende» como reconoció el propio presidente del Gobierno. Un «despropósito» que «ahonda todavía más en la politización de la Fiscalía».

Muchos han sido los fiscales y muy duras las críticas vertidas contra la «urgencia» del Ejecutivo por tramitar una cuestión «que ni mucho menos es prioridad» en el seno de la Fiscalía General del Estado, «ni para los fiscales en general». Eso sí, «ninguna prisa por recortar el poder omnímodo de la fiscal general o por prohibir las puertas giratorias entre las designaciones políticas y la institución», apuntaba Cristina Dexeus, presidenta de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF), el azote de Delgado.

Por si fuera poco, la segunda parte de la ecuación se centra en la propuesta de los socialistas, en sede parlamentaria, para introducir «la posibilidad de que el FGE informe al Gobierno de los asuntos que considere de importancia para el propio Gobierno». Un escenario «intolerable» que «nos devuelve a la concepción totalitaria de Ministerio Fiscal, como órgano del Gobierno en los Tribunales», han apostillados fuentes próximas a la cúpula de la Carrera fiscal.

En un comunicado emitido por la AF, horas después de que saltase el escándalo, la Junta directiva de la asociación cargaba contra la «inaceptable» forma de «introducir» una «modificación de tal calado», en el Estatuto del Ministerio Fiscal, «sin publicidad y hurtando de toda posibilidad de alegación al Consejo Fiscal y al Consejo General del Poder Judicial, así como a las asociaciones de fiscales y en general, a toda la Carrera», en general.

«Entendemos que la finalidad de realizar la reforma de forma apresurada y silenciada denota el interés en beneficiar directamente a la actual Fiscal General del Estado, dándole una salida al cese de su mandato, creando, en definitiva, una solución ad hoc, que no puede ser la finalidad última de una norma», denunciaban.

Además de alertar sobre los riesgos de que «novedosamente», a partir de la pretendida reforma, «el Fiscal General se pueda dirigir por su propia iniciativa al Gobierno para informar, no sólo sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia, sino sobre asuntos concretos que el Gobierno deba conocer. Esta previsión supone un elevado riesgo de injerencia en la Justicia por el Gobierno por la absoluta ausencia de concreción de supuestos en que se deba facilitar la información, por ejemplo, cuando afecte a los intereses de la Nación».

Indignación y un profundo malestar

«Si el nombramiento de Fiscal General recayese sobre un miembro de la Carrera Fiscal quedará en situación de servicios especiales y adquirirá la categoría de Fiscal de Sala del Tribunal Supremo una vez se produzca su cese». La enmienda número 603 se ha convertido, sin solución de continuidad, en una nueva polémica para la ya maltrecha reputación de Dolores Delgado.

Fuentes próximas al Ministerio Público han confirmado a El Debate cómo, «colando» esta coletilla en la revisión normativa, los socialistas estarían blindando el ascenso de Delgado –actualmente en comisión de servicio– que ostenta la segunda categoría en el escalafón de la Carrera Fiscal –con última plaza conocida, desde 2004, en la Audiencia Nacional– para que una vez termine su mandato se «recoloque con la más alta categoría posible».

Es, precisamente, ese ascenso directo –sin competencia, ni análisis de «idoneidad»– el futuro y eventual puesto que ocupará Delgado, lo que más ha chocado en el seno de la Carrera fiscal. Unos fiscales que se asoman expectantes a la decisión que tomará la Sala Tercera del Tribunal Supremo, el próximo 5 de abril, sobre los dos recursos que han cuestionado la política de nombramientos de la fiscal general. Unas designaciones que no han hecho más que consolidar en el núcleo duro de la Fiscalía a los miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) a la que perteneció la propia fiscal general en su etapa anterior a la política.