Delaciones, multas o no renovar contratos, todo vale para arrinconar al castellano

Esta semana diversas entidades constitucionalistas han lanzado una ofensiva judicial para que se cumpla la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre el castellano en las escuelas. Lo han hecho la Asamblea por una Escuela Bilingüe, Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana. Han destacado de hecho, la voluntad «incumplidora» del Govern en esta cuestión, no sólo por las declaraciones públicas del presidente de la Generalitat y de los consejeros, sino también por la comunicación que se envió al TSJC donde el ejecutivo catalán explicaba, supuestamente, cómo iba a cumplir con esta sentencia.

La Generalitat, recordemos, se basa en dos cuestiones: el decreto que, según el consejero de Educación, Josep González Cambray está preparando el Govern y que tiene dos objetivos: fortalecer el modelo lingüístico de la escuela catalana y dotar de más seguridad jurídica a los proyectos educativos de los centros. Y por otro lado, está la reforma de la Ley de Política Lingüística acordada por independentistas y socialistas, un texto en el que no se habla en ningún momento de porcentajes y tampoco se dice que el castellano sea vehicular en la educación.

Y a medida que se ha ido acercando la fecha para la aplicación de la sentencia han sido varias las iniciativas que se han presentado para evitar que el español sea residual en la educación y en otros ámbitos. Así por ejemplo, un centenar de intelectuales independentistas, entre ellos el expresidente de la Generalitat, Quim Torra, el cantautor Lluís Llach, entre otros, hacían público un manifiesto con el que pretendían presionar al Govern, y especialmente a ERC para que diera marcha atrás en su pacto con el PSC para reformar la ley de política lingüística. Consideran que el texto acordado, a la práctica, implica incorporar la vehicularidad del castellano y dejaban claro que la propuesta «no puede ser aprobada porque constituye un retroceso amenazador para el futuro de la lengua en un ámbito que es clave para normalizarla».

Más iniciativas. La de sindicatos independentistas para señalar a los profesores que hablen en castellano en la universidad, bajo la campaña «La universitat, en català!». Esta semana conocíamos que se han recibido 209 denuncias por lo que consideran «discriminaciones lingüísticas». Eso sí, quejas que no vienen sólo de universidades catalanas, sino también de Valencia y de Baleares. La mayoría de ellas, un 58%, son por cambios de lengua de una asignatura respecto a la anunciada en el plan docente; el 24% por la falta de asignaturas en catalán y un 18% por vulneraciones de otros derechos, dicen, como, por ejemplo, profesores que piden que trabajos o presentaciones orales se hagan en castellano.

¿Y a qué tipo de situaciones se refieren? Por ejemplo, el caso de una profesora que paró las intervenciones que estaban haciendo en catalán dos estudiantes a los que pidió que hablaran en castellano porque había estudiantes extranjeros en el aula. En otra queja se denuncia que una docente cedió a la presión de los alumnos y permitió que se entregasen los trabajos en castellano, en contra del plan docente.

Una campaña de delación que va en la línea de la política impulsada por la propia Consejería de Universidades, que recordemos, a principios de curso anunció que los centros tenían que hacer un informe semestral en el que se recogieran las incidencias que pudiera haber sobre cambios en la lengua de las asignaturas, las causas, y también el seguimiento y la respuesta que se da por parte del centro universitario. Pero lo cierto, y según datos de la consejería, es que desde inicio de curso se han presentado 55 quejas, que representan un 0,1 % de la oferta de asignaturas de grados y másteres en el conjunto del sistema universitario catalán.

Más recientemente, los profesores asociados de universidades públicas catalanes han recibido un e-mail en el que les instan a «acreditar el conocimiento de la lengua catalana, para evidenciar que es competente en las dos lenguas oficiales. Ésta es la única manera de garantizar el respeto por los derechos lingüísticos de los estudiantes». Y, es más, en el mensaje se advierte que «no podrá continuar como docente en la UB en el curso 2023-2024 si no ha aportado la acreditación que requiere la normativa aplicable». Tienen de margen hasta final de año para poder hacerlo.

Pero esta presión para arrinconar el castellano va más allá del ámbito educativo. De hecho, y ante la situación de «retroceso» del catalán, desde la Generalitat se está estudiando la que será la «nueva política lingüística», que además de la educación, tendrá a las empresas y a la sanidad como objetivo. Como punto de partida, el gobierno catalán encargó un informe sobre el uso del catalán, que, por ejemplo, en el ámbito de las empresas y del comercio, se propone la posibilidad «de fijar obligaciones o responsabilidades» para asegurar que el personal que «tiene encargada la relación oral o escrita con el público cuenta con la capacitación necesaria en las dos lenguas oficiales».

En definitiva, se trata de que las empresas a la hora de buscar perfiles especifiquen como requisito el conocimiento de idiomas, y en este caso, del catalán. Y el texto añade: «este tipo de regulaciones se han establecido en otros estados democráticos con varias lenguas oficiales y entendemos que pueden ser aplicables en el caso de Cataluña con las adecuaciones necesarias». Y es que, según el informe, «la libertad de empresa no es ilimitada», sino que se debe «ajustar a varias condiciones en el respecto de finalidades de interés general».

Se trata de ir un paso más allá de la rotulación obligatoria en catalán a la que están obligados comercios, industrias o empresas. No hacerlo puede acarrear multas de hasta mil euros. En 2020 la Agencia Catalana de Consumo puso 87 multas y 790 sanciones por valor de casi 53.000 euros.

En este punto, la Plataforma per la Llengua, entidad, que recordemos, recibe una importante cantidad de subvenciones públicas, lleva a cabo desde hace años una campaña para denunciar a aquellos comercios que no tengan el rótulo en catalán, e incluso más recientemente, se dedica también a señalar en redes a estos comercios, pero también a, que, según ellos, no han querido usar el catalán o no saben hablarlo.

De hecho, para los autores del estudio hay que «reconducir el círculo vicioso», según el cual los ciudadanos «no pueden ser atendidos en catalán en las mismas condiciones que en castellano porque el personal de atención al público no tiene la competencia adecuada». Y no la tiene, añade el texto, porque «en la selección de personal la empresa no ha especificado que esta era una capacidad necesaria para el puesto de trabajo».

Y del mismo modo que en las empresas, también se propone que en el ámbito de la salud se tenga en cuenta el conocimiento de lenguas oficiales en los procesos de selección. Y especialmente teniendo en cuenta que en los últimos años en Cataluña no solo se han colegiado un número importante de profesionales extranjeros, sino que en los próximos diez años se jubilarán más de una cuarta parte de los colegiados actuales, «mayoritariamente nacidos o formados en Cataluña».

Y ante esta perfectiva es imprescindible, dicen, «activar todos los sistemas de formación y de selección que permitan incorporar a profesionales lingüísticamente capacitados». De ahí que se proponga que la selección de los médicos residentes, que es competencia del Estado, «se garantice esta competencia lingüística en las lenguas oficiales del territorio en que tienen que ejercer». Según el informe, esto supone un principio de «igualdad y calidad del servicio». En este punto, recordemos, la denuncia de Plataforma per la Llengua, por el hecho de que el Institut Catalá de la Salut hubiera contratado a enfermeros de fuera de Cataluña, sobre todo de Andalucía.

También el uso del catalán en la justicia es otro de los ejes de la futura política lingüística. La consejera de Justicia, Lourdes Ciuró, considera que, en este ámbito, la situación del catalán es de «extrema gravedad» porque sólo un 7% de las sentencias están redactadas en este idioma, y en algunos territorios, como en las comarcas de las Terres de l'Ebre, esta cifra baja al 1,3%. Por este motivo, dice la consejera que va a trabajar «de manera decidida y determinada» para hacer una transición hacia una justicia en catalán.

Para Ciuró este cambio no sólo recae en la obligación de jueces y magistrados, sino en todos los operadores jurídicos, y pide especialmente a los abogados que salgan «de la zona de confort». Recordemos que, de momento, a los abogados de oficio la Generalitat les paga 20 euros más por cada escrito, recurso o demanda que presenten en catalán.

Y todo ello, sin olvidar la batalla de las formaciones independentistas para conseguir más contenido en catalán en plataformas digitales, como Netflix. De hecho, este fue uno de los motivos por los que ERC puso contra las cuerdas al gobierno para aprobar los Presupuestos Generales del Estado.