Cataluña
Junts dinamita la reforma de la ley de política lingüística y provoca otro encontronazo con ERC
Los de Puigdemont dicen ahora que «no hacer nada ante el ataque judicial no puede ser una opción»
Las presiones internas en Junts, y las críticas en redes sociales provocaban que sólo unas horas después de haber anunciado y presentado a bombo y plantillo la reforma de la ley de política lingüística, tras un pacto con ERC, Comunes y PSC, la formación «congelara» el pacto, en aras de encontrar un mayor «consenso» con las «entidades defensoras de la lengua» y «la comunidad educativa».
Justificaban desde Junts per Catalunya este cambio por las críticas recibidas, tal cual, y añadían que la «inmersión lingüística es una herramienta de cohesión social y un tesoro a preservar. Los que la atacan no quieren más castellano en la escuela, quieren menos catalán en cualquier parte. No hacer nada ante el ataque judicial no puede ser una opción».
Una rectificación de Junts que llegaba después de fuertes críticas desde el bando independentista y más combativo en el ámbito lingüístico por el acuerdo con socialistas, republicanos y comunes. Así, por ejemplo, el expresidente de la Generalitat, Quim Torra, decía: «No en mi nombre», mientras que desde la ANC se mostraban «decepcionados y preocupados» por el acuerdo alcanzado. También Carles Puigdemont, presidente de Junts, decía que «no se pueden abrir más brechas» que «debiliten» al catalán y dejaba claro que se tenía que «parar el trabajo sucio de la justicia española».
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Estas son sólo algunas de las críticas que recibió el pacto y que ha provocado que a Junts le tiemblen las piernas y se aparte de él, al menos, momentáneamente. Una situación que ha provocado otro encontronazo, uno más, con Esquerra Republicana. Desde ERC lamentaban que un acuerdo «trabajado, negociado y transaccionado durante días se pueda dinamitar desde otras formaciones por partidismo», lo que consideraban una «irresponsabilidad». Defendían los republicanos el acuerdo porque es el «más razonable para garantizar el modelo y la educación en catalán. Y ahora esto se quiere poner en peligro».
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No hay que perder de vista la batalla soterrada entre Junts y ERC por representar al independentismo más combativo. Desde Junts, de hecho, se acusa a los republicanos de llevar a cabo una política «soft» en cuanto al «tema nacional» e incluso de anestesiar la política catalana para no avanzar hacia el objetivo de la independencia. Y ahí, también hay en juego un caladero de votos.
También PSC y Comunes piden a Junts que no se desmarque ahora del pacto. Lo ha hecho el ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, quien en una entrevista a la Ser ha asegurado que el acuerdo «es bueno por su contenido y su amplitud». También ha apelado al sentimiento catalanista de Junts y a su aprecio por la lengua para volver al consenso. Considera Iceta que la defensa del catalán no sólo tiene que venir desde el lado independentista, y de ahí que se requiera de la máxima unidad.
Otro ministro, en este caso del ámbito de los comunes, el de Universidades, Joan Subirats considera que el acuerdo alcanzado «evita» que los tribunales puedan fijar porcentajes sobre clases en castellano y en catalán. En declaraciones a Catalunya Ràdio, defendía que el acuerdo buscaba «evitar que la lengua se convierta en un arma lanzadera entre partidos y que, en cambio, quede garantizado el catalán como lengua vehicular y, como decía la Ley de Educación de Cataluña, se entienda que hay un uso del castellano en el ámbito educativo». Para Subirats, el pacto va en una «línea adecuada para sacar a la lengua de este 'pim, pam, pum' en el ámbito político y judicial».
Y otra reacción más, que viene desde el ámbito de Junts, la que fuera consejera de Educación de Convergència, Irene Rigau. Ha lamentado que un tuit «haya desestabilizado» a Junts y ha defendido que el acuerdo mantiene la inmersión de «forma total». Rigau, de hecho, ha sido una de las personas que ha trabajado entre bambalinas en este pacto. La exconsejera participó hace sólo unas semanas en unas jornadas organizadas por la Fundació Campalans, afín al PSC.