Dolores Delgado: las polémicas de una fiscal general al servicio de Pedro Sánchez

Si algo ha quedado claro desde la llegada de Dolores Delgado a la Fiscalía General del Estado es que la polémica siente una especial atracción por ella. No sólo se ha puesto en duda su propio nombramiento – recurrido ante el Supremo hasta en dos ocasiones y que irá directo al Constitucional– sino su propia política de designaciones, que ha provocado un descarado favoritismo hacia la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación a la que ella misma perteneció. Delgado ostenta, además, el dudoso honor de haber sido la primera fiscal general condenada en costas por mala fe, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), por maniobrar dolosamente en contra de uno de sus fiscales, Ignacio Stampa. No sólo Delgado mintió al Consejo Fiscal, máximo órgano de la Carrera, sino que obligó a mentir a su mano derecha, el secretario general, Álvaro García Ortiz para encubrirla.

No ha corrido mejor suerte su decisión de Y, sin embargo, a pesar de los despropósitos y la falta de transparencia de una institución que se marchita bajo su mando , el Gobierno no sólo es que no pueda cesarla -por ley la única opción es que ella misma dimita o renuncie a su cargo- sino que ha decidido premiar sus «favores» ascendiéndola, de tapadillo, una vez concluya el mandato de cuatro años. Delgado será la primera fiscal general que abandone su puesto con una categoría superior en la Carrera de la que tenía cuando accedió al Ministerio Público.

Una reforma por la puerta de atrás

Esta semana saltaba a la opinión pública que "si el nombramiento de Fiscal General recayese sobre un miembro de la Carrera Fiscal quedará en situación de servicios especiales y adquirirá la categoría de Fiscal de Sala del Tribuna Supremo una vez se produzca su cese». La enmienda número 603 que el Grupo socialista en el Congreso ha presentado al texto sobre la reforma del Gobierno a la Ley Concursal para modificar, por la puerta de atrás, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, se ha convertido en una nueva polémica para la ya maltrecha reputación de Dolores Delgado.

Una coletilla que el Ejecutivo «colaba» en la revisión normativa y con la que los socialistas tratan de blindar el ascenso de Delgado actualmente en comisión de servicio -que ostenta la segunda categoría en el escalafón de la Carrera Fiscal, con última plaza, desde 2004, en la Audiencia Nacional- para que una vez termine su mandato, dentro de cuatro años, se «recoloque con la más alta categoría posible». La maniobra volvía, una vez más, a sublevar a los fiscales contra ella.

Las relaciones que la comprometen

Su relación personal con el exjuez Baltasar Garzón, condenado por prevaricación, de la que es pareja sentimental han comprometido, en más de una ocasión la imparcialidad de la institución que dirige. Además, el despacho madrileño Ilocad, del que es administrador único el exjuez Garzón, y al que la empresa pública petrolera de Venezuela (PDVSA) pagó cerca de 9 millones de euros, según desveló El Debate en exclusiva, suscribió un convenio de «coordinación con la Fiscalía y Tribunales», Fiscalía en manos de su pareja, Delgado y cuya vinculación tenía toda la apariencia de un intento de utilizar los contactos personales para conseguir clientes. Un tipo penal: tráfico de influencias.

Además, en el seno del 'caso Stampa' la presencia del despacho de abogados que dirige el antes magistrado tiene presencia -ejerce la representación legal de dos de los acusados en la macrocausa Villarejo que se instruye en la Audiencia Nacional- sino que dicha presencia condicionó, supuestamente, en parte, el interés de Delgado en la interveción del expediente del fiscal Ignacio Stampa, apartado fulminantemente del proceso. Unas conexiones que, en cualquier otra circunstancia habrían sido motivo suficiente para que el fiscal general se inhbiese de cualquier intervención o participación y de las que no informó en ningún momento.

Manipuló el informe a favor de Stampa

«Buenas tardes Álvaro. Te envío el decreto que he elaborado. Creo que es más concreto y preciso». El jueves 4 de febrero de 2021, el fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Jesús Caballero Klink, remitió al fiscal jefe de la Secretaría Técnica del Ministerio Público –y mano derecha de la fiscal general Dolores Delgado–, Álvaro García Ortiz, el texto definitivo del decreto que puso fin a la investigación interna contra uno de los dos fiscales del 'caso Villarejo', Ignacio Stampa.

El documento, de poco más de diez páginas, que El Debate avanzaba en exclusiva, era la versión simplificada de un informe anterior, fechado tres días antes. La Fiscalía de Delgado archivaba, así, casi de manera definitiva –todavía habría una tercera y última variante, el 16 de febrero, notificada a la Inspección– el conocido como 'caso Stampa'.

La causa seguida contra el fiscal Anticorrupción por una presunta revelación de secretos a la abogada de Podemos Marta Flor, en el marco de la macrocausa 'Tándem', terminaba –prolongada de manera artificial, hasta en cuatro ocasiones, por las sucesivas «sugerencias» de la cúpula de la Fiscalía al instructor del caso– con unas conclusiones que resultaron más desfavorables a los intereses de Stampa que las contempladas en la propuesta inicial sin adulterar.

Dos mails probaron que mintió

Las dos comunicaciones internas de fiscal superior a fiscal jefe, en la que un informe adjunto a una de ellas revelaba la participación de la propia Dolores Delgado en las labores de investigación –en contra de la versión que ella misma dio al Pleno del Consejo Fiscal– se completaba con el contenido íntegro de los mails intercambiados por Caballero Klink y García Ortiz, que El Debate publicó en primicia. En sendos correos se ajustaba el enfoque del decreto de archivo de las pesquisas sobre Stampa para justificar no sólo el arranque oficial de la investigación, sino la prórroga artificial de la misma.

Tal es así que, entre el mes de octubre –cuando el instructor de la causa contra Stampa propuso hasta en dos ocasiones, el 5 y el 23 de octubre, el archivo de las averiguaciones que le fueron encargadas– y el 2 de febrero, fecha en la que Caballero Klink, fiscal jefe de Madrid, informa a la mano derecha de Delgado, y cargo de confianza de la fiscal general, Álvaro García, del cierre inminente de las actuaciones, «no se practicó ni una sola nueva diligencia».

La fiscal general, no sólo intervino personalmente en el expediente de Stampa –según constancia escrita en los documentos que han trascendido– en las diligencias de investigación que sirvieron de telón de fondo de la denegación de la plaza fija solicitada por el fiscal Ignacio Stampa, uno de los dos encargados del 'caso Tándem-Villarejo' en la Fiscalía Anticorrupción. La FGE informó, erróneamente, al Consejo Fiscal del 24 de noviembre de 2021 que «no tuvo intervención alguna» en el caso.

Exigencias de dimisión

Por este motivo, por la falta de transparencia, por negarse a facilitar a Stampa la información íntegra de las actuaciones dirigidas contra él y denegarla, también, a los miembros del Consejo Fiscal a los que convocó, en sesión extraordinaria, para defenderse de unas presuntas «calumnias» que nunca fueron tales, los cinco Vocales de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF), han presentado contra ella una demanda, admitida a trámite, ante la Justicia madrileña y han exigido, hasta en tres ocasiones su inmediata dimisión.

«Dígales usted a los Vocales de este Consejo qué grado de participación ha tenido la fiscal general en el expediente» que nos ocupa, preguntó Delgado a su mano derecha, Álvaro García Ortiz, en el transcurso del Consejo Fiscal extraordinario convocado, el pasado miércoles 24 de noviembre de 2021, de urgencia para dar explicaciones sobre el 'Caso Stampa'. «Ninguna», respondía su hombre fuerte en la institución. Meses más tarde se ha sabido, por el contenido de los documentos publicados, que Dolores Delgado fue informada de manera de directa y en tiempo real de las pesquisas.

El Debate ha tenido acceso, en exclusiva, a parte del contenido del Acta del Consejo Fiscal extraordinario que la propia Delgado convocó tras estallar el 'caso Stampa'. Un documento en el que se recogen, íntegras, las declaraciones de los fiscales Alejandro Luzón, exjefe del investigado durante su etapa en Anticorrupción; el hombre fuerte de Delgado, Álvaro García Ortiz; y, el instructor de la investigación, Carlos Ruiz Alegría, por este orden.

«Ninguna», respondía el hombre fuerte de Delgado sobre las implicaciones de la fiscal general en el 'caso Stampa'. Meses más tarde se ha sabido que fue informada de manera de directa y en tiempo real

Fue, precisamente, García Ortiz, el que se arrogó el éxito de una investigación interna que, desde su llegada al caso, se abordó «con seriedad» y declaró ante los miembros del órgano que «en ningún momento se dieron sugerencias» al instructor «como órdenes encubiertas» sino que, ésa, «es la forma habitual de trabajar de la Secretaría Técnica» con todas las fiscalías territoriales de las que, estricta y orgánicamente, ninguna cuelga de él, sino de quien le nombró para un puesto discrecional o de confianza.

García Ortiz explicó que, lejos de alargarse el procedimiento contra el fiscal Stampa, cuyo expediente se mantuvo abierto hasta pasado el Pleno del propio Consejo Fiscal en el que se postulaba como candidato a una plaza fija en el seno de Anticorrupción, él no vio el segundo borrador de propuesta de archivo del instructor Ruiz Alegría hasta el día 26 de octubre de 2020, un día antes de la cita fijada para decidir sobre los perfiles a asignar a cada una de las vacantes y en la que ningún miembro del Consejo Fiscal votó a favor de Stampa para conseguir una de las ocho plazas fijas que se sacaron a concurso en octubre 2020.

Condena en costas por mala fe

Así las cosas, Dolores Delgado se convertía en la primera fiscal general del Estado condenada en costas por un tribunal de Justicia, el Superior de Madrid (TSJM). «Declarar terminado el presente procedimiento por satisfacción extraprocesal, con archivo del mismo y devolución a la Administración del expediente administrativo; con expresa condena en costas del presente incidente a la Administración demandada, hasta un máximo de 1.000 euros, más IVA».

En un auto de siete páginas dictado el pasado 7 de marzo, al que tenía acceso El Debate en primicia, la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, presidida por la magistrada María Jesús Muriel Alonso, daba por finalizada la causa al asumir el argumento de la Abogacía del Estado y dar por buena la entrega de los documentos que, tras el inicio del pleito judicial, el Ministerio Público ha proporcionado al fiscal perjudicado.

Nombramientos de afines

La Sección Cuarta de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo se prepara para resolver, el próximo martes día 5 de abril, los dos recursos planteados contra el nombramiento de Eduardo Esteban Rincón, como fiscal de Sala jefe de la Unidad Coordinadora de Menores. La elección de la fiscal general –cuestionada tanto por la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) como por otro de los candidatos que optaba al cargo, José Miguel de la Rosa Cortina– ha puesto, nuevamente, bajo la lupa de la «idoneidad», los criterios de Delgado para la selección de los perfiles que han de ocupar las plazas de mayor relevancia en el organigrama del Ministerio Público.

Delgado no activó la Sección Permanente de Valoración de Nombramientos pese a la discrecionalidad que ha rodeado sus designaciones

Delgado defendió, en su día, la elección de Esteban Rincón exfiscal Jefe de Madrid, por su capacidad para dirigir la circunscripción más numerosa y compleja de todo el país «con gran éxito demostrando su capacidad para generar sinergias positivas y para coordinar, gestionar y motivar grandes equipos». Sin embargo, a juicio de la AF, de la Rosa Cortina, que también se postuló para el mismo cargo, atesoraba una mayor experiencia práctica y mejores conocimientos jurídicos en la materia y, además, ostentaba la categoría de fiscal de Sala, un escalafón superior al del elegido.

No era la primera vez que ocurría y, si el Supremo no lo remedia, tampoco será la última. El pasado noviembre, El Debate reveló en exclusiva cómo, la titular del Ministerio Público llamaba a una fiscal barcelonesa, Olalla Vázquez Moraga, para cubrir una vacante en el seno de la Inspección pese a que, según apuntaron a El Debate fuentes próximas al Departamento «lo habían pedido compañeros 1.000 puestos por encima en el escalafón, en una carrera de 2.500 números».

También, en el caso de su número dos, al frente de la Fiscalía del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, la exministra de Justicia se decantaba por «una de los suyos» frente a otros candidatos, al menos dos de ellos, mejor posicionados en el ranking interno y por méritos, para ello: el fiscal Javier Zaragoza y la fiscal Consuelo Madrigal.

Su designación, un error

La Sección Cuarta de la Sala Tercera del Supremo era la encargada de decidir sobre la «idoneidad» del nombramiento de Dolores Delgado, tras una densa deliberación, como fiscal general del Estado. El Alto Tribunal rechazaba, el pasado 19 de octubre, los dos recursos planteados, en julio de 2020, por el Partido Popular y Vox para instar la nulidad de su nombramiento, tal y como había avanzado El Debate.

La Sala del Supremo lo hizo sin unanimidad. Los recursos presentados por PP y Vox contra el Real Decreto de 25 de febrero de 2020 por el que el Gobierno de Pedro Sánchez nombró a Dolores Delgado como titular del Ministerio Público, fueron devueltos por una falta de legitimación activa de los dos partidos políticos recurrentes. Una cuestión técnica que podría acabar en el Constitucional.

En aquella ocasión, dos magistrados, de los siete que conformaron el tribunal, José Luis Requero y Antonio Jesús Fonseca-Herrero, votaban en contra de la decisión mayoritaria y anunciaban sendos votos particulares. Sus compañeros Pablo Lucas Murillo de la Cueva, Celsa Pico Lorenzo, Pilar Teso Gamella (ponente) y Luis María Díez Picazo, han conformado una mayoría suficiente a favor de rechazar los recursos.