Marlaska oculta los informes que preparó para beneficiar al asesino de Ernest Lluch

«Gritad más, que gritáis poco. Gritad, porque mientras gritáis, no mataréis». Apenas un año después de que Ernest Lluch pronunciara esa frase en un mitin del PSOE en San Sebastián, su cuerpo apareció tendido en un charco de sangre en el garaje de su casa.

Lo encontró un vecino, un no tan lejano 21 de noviembre del año 2000, una hora y media después de que el dirigente socialista cayera abatido por dos disparos en las penumbras de Liarni Armendaritz y José Ignacio Cruchaga, terroristas de ETA, uno de los cuales le mató al instante al alcanzarle en el cuello y provocarle un derrame masivo.

Desde entonces, Lluch se convirtió en otro icono de la barbarie etarra y de la resistencia democrática, en ese pabellón de ilustres que, en nombre de casi mil víctimas mortales, simboliza el horror: los Blanco, Ordóñez, Valiente, Múgica, Buesa y tantos otros que vieron sus vidas interrumpidas por el zarpazo de una banda cuyo brazo político, primero Batasuna y luego Bildu, conserva al mismo líder, Arnaldo Otegi, y hoy le ha permitido al PSOE gobernar en Navarra, investir a Pedro Sánchez o aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

Tres lustros después de aquel crimen, un incipiente Pedro Sánchez se lanzó en sede oficial a reivindicar al viejo socialista asesinado, con unas palabras elocuentes en el Senado: «Nosotros, compañeros y compañeras, el Partido Socialista Obrero Español, es el partido de la libertad. Aquellos que hoy ensalzan a Otegi y le llaman hombre de paz, convendría que recordaran las palabras y la memoria de Ernest Lluch».

Solo seis años más tarde de aquellas palabras, y en pleno idilio del PSOE y Bildu con las víctimas manifestándose de nuevo en las calles contra el olvido, El Debate publica las pruebas de cómo el Ministerio del Interior protege a los terroristas, entre ellos a la verdugo de Lluch, para que nadie conozca cómo el Gobierno intentó justificar el traslado de trece etarras cerca de sus casas, atendiendo así las exigencias de Otegi.

Los favores de Marlaska a ETA

La política de acercamiento de presos etarras al País Vasco desplegada por Fernando Grande Marlaska ha supuesto una afrenta para las víctimas del terrorismo, que se han visto obligadas a salir a las calles en señal de protesta por lo que califican de «traición» del Gobierno.

Los mártires de casi medio siglo de terror consideran que los traslados están estrechamente vinculados con el hecho de que EH Bildu sea uno de los socios parlamentarios del Ejecutivo.

Y no les falta razón, a cuento de la información que hoy desvela El Debate, probatoria de que el ministro del Interior ha salido en defensa de más de una decena de etarras para evitar facilitar la documentación explicativa de sus traslados, lo que permitiría conocer las causas de los mismos.

El Gobierno apela a la privacidad de los criminales para no tener que dar explicaciones sobre qué hizo Interior para atender las exigencias de Otegi y trasladarles más cerca de sus casas

En concreto, en dos escritos rubricados por el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González, en el ojo del huracán desde hace tiempo por su papel clave en los favores a Otegi; que obran en poder de El Debate en exclusiva, evidencian el tesón con que Interior trabaja en la protección de los terroristas y en la cobertura al Gobierno para tratar de tapar las justificaciones de los privilegios concedidos a los delincuentes.

Tan es así que el departamento dependiente de Marlaska se niega a dar explicaciones de nada arguyendo que «el expediente que justifica la clasificación y traslado de cualquier interno contiene datos personales para cuyo acceso y pública difusión sería necesario contar con el consentimiento de su titular», algo que no ha solicitado el Ministerio, para directamente negarse a facilitarlos.

Además, añade que «se trata de expedientes compuestos por informes de conducta, psicológicos y de carácter terapéutico, con un estatus jurídico de protección similar al de los datos de salud y cuya publicidad puede suponer la revelación de datos de carácter especial».

De esta manera, Ortiz, una de las personas más cercanas a Marlaska, y apelando a la necesidad de proteger los derechos de los etarras, se niega a facilitar toda la documentación de la que dispone y que justificaría dichos traslados, que han sido considerados por las víctimas como cesiones del Gobierno al entorno de la banda terrorista a cambio del apoyo parlamentario.

Y es que, en la memoria de todos ellos resuenan aún las palabras del líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, cuando el pasado mes de octubre frente a los suyos dijo aquello de que «tenemos 200 presos. Y tienen que salir de la cárcel. Y si para eso hay que votar los Presupuestos, los votaremos sin ningún problema».

La información requerida por El Debate no hacía referencia a los datos personales de los penados, por lo que se ha pedido amparo al Consejo de Transparencia para que interceda; sino al expediente administrativo «que justifica la toma de dicha decisión», el traslado al País Vasco y que, en definitiva, «constituye la motivación de una decisión política que los ciudadanos están interesados en conocer dado el cambio de criterio de la Administración».

Además, con una simple disociación de datos personales se acabaría rápidamente el conflicto y el Gobierno, si tuviera intención, podría remitir los expedientes, pues se eliminaría de un plumazo el riesgo de desvelar los datos personales que tan celosamente guarda, a pesar de que es precisamente Instituciones Penitenciarias quien facilita sus identidades.

De hecho, los etarras defendidos por Marlaska son 13 y su acercamiento al País Vasco fue comunicado por la Secretaría de Instituciones Penitenciarias entre enero y febrero. Los primeros siete traslados fueron aprobados el pasado 25 de enero y entre los beneficiarios se incluyen cuatro etarras con delitos de sangre.

Los sanguinarios etarras beneficiados

En concreto, se trata de Lierni Armendáriz González de Langarika, trasladada de El Dueso a Martutene y que fue condenada a 33 años de prisión como responsable del asesinato contra Ernest Lluch, así como por los asesinatos de José Luis Ruiz Casado, Miguel Gervilla y Francisco Cano.

También se encuentra Ángel Aramburu Sudupe, que en 2005 fue condenado a penas de 25 años de prisión como autor del asesinato del guardia civil Antonio Molina Martín.

Asier García Justo y Manuel Miner Villanueva, ambos autores del asesinato del ertzaina Iñaki Totorika en un atentado perpetrado en Hernani (Guipúzcoa) el 8 de marzo de 2001 y que también causó importantes heridas a su compañero de patrulla, han obtenido el acercamiento, pese a que el primero fue condenado a 97 años de prisión y el segundo también tiene sobre sus espaldas la responsabilidad del atentado contra el estadio Santiago Bernabéu, en el que resultaron heridas 22 personas por la explosión de un coche bomba el 1 de mayo de 2002, y por atentar con un coche-bomba contra un edificio de Repsol ubicado en el madrileño Paseo de la Castellana la noche del 22 de abril de 2002.

Los otros tres son Víctor Franco Martínez, condenado a 20 años por asesinato frustrado e incendio al atacar en 2001, con cócteles molotov, a una patrulla de la Ertzaintza en Portugalete; José Ignacio Reta de Frutos, sentenciado a seis años de cárcel por haber formado parte del aparato logístico de ETA; y Xabier Zabalo Beitia, condenado a 72 años de prisión por el intento de asesinato de un concejal del PSE en 2001 y los delitos de estragos, incendio, tenencia de explosivos y de armas prohibidas, además de haber sido responsable de la colocación de un coche bomba en el aeropuerto de Málaga en julio de 2001 que no llegó a explotar.

El resto de traslados a los que Marlaska ha hecho referencia en sus escritos se formalizaron el pasado mes de febrero y corresponden a 'históricos' miembros de la banda terrorista como Ana Belén Egües Gurruchaga, integrante del 'comando Madrid', que fue condenada por la Audiencia Nacional a 83 años por el asesinato del policía nacional Luis Ortiz de la Rosa; a 323 años de prisión como autora del atentado que acabó con la vida del militar Justo Oreja Pedraza; y a otros 30 años por el asesinato del también militar Pedro Antonio Blanco García.

También Maite Pedrosa Barrenechea fue trasladada a la prisión de San Sebastián para terminar de cumplir sus condenas por participar en el atentado contra Fernando Jiménez Pascual, así como el de Miguel Ángel Ayllón. Además, el Tribunal Supremo la consideró cómplice del asesinato del concejal sevillano del PP Alberto Jiménez-Becerril.

Junto a ellas está Francisco Javier Gallaga Ruiz, condenado a 343 años de prisión por su participación en el atentado que acabó con la vida de Miguel Ángel Ayllón y que además cumple condena por la colocación de un artefacto en la urbanización Jardín de la Reina en 1997, que acabó con la vida de Domingo Puente y dejó varios heridos.

José María Dorronsoro Malaxecheberría, es otro de los 'históricos' de la banda a los que se refiere el escrito y fue partícipe en el atentado con coche-bomba contra un convoy de la Policía Nacional, el 11 de junio de 1987, y en el atentado contra el Gobierno Militar de San Sebastián, en 1987.

Al igual que Luis Enrique Garate Galarza, que cumple condena en la actualidad por participar en el secuestro del industrial alavés Lucio Aguinagalde Aizpurua. En el operativo policial para liberar al empresario, el 2 de noviembre de 1986, resultó muerto Genaro García de Andoain Larrinaga.

Mikel Mirena Otegui Unanue, por su parte, es otro de los etarras acercados al País Vasco y, en 2012, la Audiencia Nacional le condenó a 34 años de prisión por el asesinato en 1995 de José Luis González Villanueva e Ignacio Mendiluce Etxeberri.