El juez imputa al presunto espía ruso que viajó a Moscú con un miembro del equipo de Puigdemont

El juez barcelonés Joaquín Aguirre ha citado a declarar como imputado al empresario ruso afincado desde hace 17 años en la localidad catalana de Sant Cugat, Alexander Dmitrenko, al que el Gobierno español ha denegado la nacionalidad por sus presuntas conexiones con los servicios de inteligencia rusos.

Dmitrenko es una persona del círculo más estrecho de Josep Lluís Alay, el jefe de la oficina del expresident Carles Puigdemont, y fue nombrado embajador de la Cámara de Comercio de Barcelona durante el mandato de Joan Canadell, actual diputado de JxCat. Tras la detención de Alay, en octubre de 2020, en el marco de la Operación Volhov, los agentes que incautaron su teléfono localizaron varias conversaciones que supuestamente revelaban la implicación de Dimitrenko en una operación de compraventa de gas licuado, entre una empresa rusa y una china, por la que se habría embolsado un importe de 295.000 euros «como pago de garantía».

En dichas comunicaciones, los efectivos de la Guardia Civil descubrieron indicios en base a los que no podía «descartarse la participación de personas del entorno próximo a Puigdemont». Además, posteriormente, en una resolución dictada por la Audiencia -que rechazó la tesis de la Fiscalía y dio luz verde al magistrado para la instrucción de una causa específica por estos hechos- recogió las declaraciones en las que el jefe de la oficina de Puigdemont manifestaba cómo su trabajo con el tema energético ruso «era estratégico» y que tras suscribir el acuerdo todos «se congratularon del buen fin de la operación». Dimitrenko «nos» felicitó y lo calificó como «un primer gran paso hecho».

No en vano, entre los meses de marzo de 2019 y el de febrero de 2020, Alay mantuvo al menos cinco reuniones con varios contactos rusos. Tres de ellas en Moscú, una en Barcelona y otra en la ciudad suiza de Ginebra, en junio de 2019, a la que también asistió Puigdemont para verse con Dmitrenko, tal y como publicó en exclusiva El Debate. Las personas que facilitaron los contactos y la operación comercial petrolera, que actualmente investiga el juez, formaban parte, supuestamente, de las empresas de Dmitrenko, que había fundado el lobby catalano-ruso Catrus y era director general de la entidad Hispaniapetrol.

El Tsunami Democratic

Volhov es el nombre de la macrooperación policial en la que Guardia Civil detuvo en Barcelona y Gerona a una veintena de personas, próximas al Gobierno de Puigdemont, llevando ante el juez al director de oficina del expresidente, Josep Lluís Alay, al exconsejero de ERC Xavier Vendrell, al empresario Oriol Soler y al que fue persona de confianza de Artur Mas y exdirigente de CDC, David Madí. Pero también ha salpicado, de manera directa, al hoy consejero de Educación Josep González-Cambray, investigado por varios delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias por presuntamente haber tenido un trato de favor con el propio Vendrell en la concesión de conciertos educativos.

El titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, rastrea si los imputados usaron fondos públicos -procedentes de la Diputación de Barcelona y de la Plataforma de Selecciones Deportivas Catalanas- para financiar la infraestructura y los gastos del expresidente y prófugo de la Justicia española, Carles Puigdemont, en Bélgica. Además, el magistrado trata de esclarecer si participaron de una manera determinante en el impulso del movimiento que abanderó las protestas contra la sentencia del procés, conocido como Tsunami Democràtic.

Según las pesquisas iniciales, Rusia habría ofrecido a Puigdemont soporte militar y económico para declarar la independencia de Cataluña, según se desprende de una conversación telefónica grabada entre uno de los detenidos en los registros, Xavier Vendrell, con el exdirigente de Convergencia Víctor Terradellas.