Un Supremo dividido se prepara para revisar, por segunda vez, los indultos de Sánchez a los separatistas catalanes

El Supremo está listo para deliberar, de nuevo, sobre los indultos concedidos por el Gobierno de Pedro Sánchez a sus socios separatistas catalanes -los independentistas de ERC y PdCat- condenados por sedición, y malversación, tras liderar el referéndum inconstitucional del 1-O. Será el próximo martes día 24 cuando la Sección Quinta de la Sala Tercera se reúna, por segunda vez, para decidir si admite la legitimación, al menos, de Partido Popular y Vox en su intento porque el Alto Tribunal entre a analizar el fondo del asunto de la medida de gracia del Ejecutivo para con los separatistas pese a que, como ha revelado El Debate en exclusiva, el expediente en el que se apoyó el Consejo de Ministros para decretar la puesta en libertad de los líderes del 'procés' se basó en noticias prensa afín, comentarios sindicales y encuestas favorables de la propia Generalitat.

Hasta ahora, y por última vez el pasado mes de enero, el Supremo ha admitido la posición de la Abogacía del Estado que, al rescate del Gobierno, alegó la falta de legitimación activa de los recurrentes para iniciar una acción judicial contraria a quienes pleitean por anular los Reales Decretos ministeriales que indultaron a los cabecillas del referéndum inconstitucional del 1-O.

Sin embargo, el Alto Tribunal que rechazó todos los recursos se abre, ahora a la revisión, esta vez sí, del fondo de los recursos planteados, al menos, por Partido Popular y Vox contra los indultos del Gobierno socialista de Pedro Sánchez a los sediciosos. Un cambio en la conformación de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, que hacía pivotar la mayoría del Pleno de progresista a conservadora, apunta a que los magistrados podrían analizar las motivaciones del Ejecutivo para decretar la puesta en libertad de los condenados por el Alto Tribunal y si éstas se ajustaron a la discrecionalidad legalmente prevista o si, por el contrario, fueron arbitrarias.

División de partida

El martes llegará la segunda oportunidad del órgano judicial para pronunciarse sobre la legalidad de los indultos a los políticos catalanes que, según las normas de reparto el cambio en la composición de la Sección Quinta de la Sala Tercera, daba entrada a la magistrada Inés Huerta. Y lo hace tras resolverse los incidentes formales previos entre los que se encontraba la recusación de la propia Huerta, planteada por la Fundacio Catalana L'Esplai. La entidad catalana solicitó apartar a la juez porque ostentó el cargo de vicepresidenta de la Junta Electoral Central (JEC) entre los años 2019 y 2020, cuando algunos de los condenados –«Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn, entre otros»– fueron excluidos de las listas de sus respectivos partidos en las generales del 10 de noviembre de 2019.

Una recusación que ha sido resuelta de manera negativa y a la que, como avanzó El Debate en exclusiva, se opuso el mismísimo abogado que en enero de 2020 registró, ante el Ministerio de Justicia, la solicitud de indulto para todos los condenados del 'procés'. El letrado Francesc De Jufresa frenaba, hace unas semanas, el último movimiento para evitar que el actual Supremo revise la medida de gracia concedida por el Gobierno de Pedro Sánchez a los presos separatistas catalanes.

Para el abogado catalán era un completo «despropósito» que el incidente presentado por la entidad catalana prospere. Más allá de que éste pueda dilatar el curso del asunto principal, la contestación a todos los recursos de reposición que ya obran en la Sección Quinta de lo Contencioso-Administrativo, de Jufresa no compartía el argumento alegado por la fundación catalana y así lo manifestó en un escrito de oposición que, finalmente, ha sido la posición del Supremo para liquidar las cuestiones previas.

En una primera ocasión, los cinco miembros que conformaron el tribunal rechazaban, por un ajustado tres a dos, la posibilidad de emitir un veredicto sobre el beneficio extendido por el Consejo de Ministros a favor de los sediciosos. Era el propio presidente de la Sección Quinta, Segundo Menéndez Pérez, quien desempataba con su voto el marcador de una discusión jurídica que, finalmente, se inclinó a favor de la tesis de la Abogacía del Estado. Mientras, los magistrados Wenceslao Olea y Fernando Román entendían que, al menos, dos de los nueve recurrentes sí estaban en disposición de dirigirse al Supremo para que valorase la idoneidad de los indultos –como mínimo, Vox, quien ejerció la acusación popular en el propio juicio a los catalanes–. Por su parte, Octavio Herrero y Ángeles Huet se instalaron en la posición contraria que fue, finalmente, la mayoritaria.

La Sala Tercera partirá de una nueva divisón en relación con los criterios, tradicionalmente restrictivos, que rigen su posición para la admisión de este tipo de recursos. Sin embargo, la llegada de un nuevo miembro, plenamente incorporado a las deliberaciones, puede influir positivamente en las pretensiones de quienes tratan de revocar una decisión, cuando menos, polémica.