Cs denuncia a la CE seis grandes ataques separatistas contra las libertades en Cataluña

«Reclamar el bilingüismo o el plurilingüismo en la escuela en Cataluña ha sido un tabú durante décadas. Son más de 40 años de políticas sociolingüísticas identitarias excluyentes con cultivo exclusivo del catalán. El español, en más del noventa por ciento de las escuelas catalanas, es residual». Así comienza la carta que Maite Pagazaurtundúa, eurodiputada de Ciudadanos, ha enviado a la Comisión Europea junto a un dossier que recoge los ataques a las libertades civiles en la región y alerta de la existencia de «algunos indicadores de deterioro del Estado de Derecho en España».

En la misiva, dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, a la vicepresidenta, Vera Jourová y al comisario de Justicia, Didier Reynders, apela al artículo 19 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que recoge que el Consejo «podrá adoptar acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual».

El informe desglosa los seis principales ataques contra los derechos civiles y las libertades fundamentales que se están viendo dañados de forma progresiva en Cataluña: el derecho a la igualdad de trato, a la educación, a la libertad de expresión, a la libertad ideológica, a la libertad de asociación y a la libertad de cátedra. En este sentido, denuncia que en la enseñanza obligatoria se está excluyendo el español como lengua vehicular, incumpliendo las sentencias judiciales que obligan a que en los centros se imparta al menos un 25% de las clases en castellano. «En vez de corregir su error ante las sentencias judiciales, el Gobierno catalán ha anunciado que irá en sentido contrario», remarca la eurodiputada.

Sin ir más lejos, este lunes el Govern ha aprobado un decreto para fijar la «inaplicación» de porcentajes en la enseñanza, con lo que tiene la intención de saltarse la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre ese 25% de castellano en las aulas.

La también vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior en la Eurocámara recuerda, asimismo, la realidad de «hostilidad, acoso y 'bullying institucional'» que sufren las familias catalanas por reclamar sus derechos, como ha sido el caso del niño de Canet de Mar que el pasado diciembre fue víctima de este acoso por pedir que se cumpliera la sentencia del TSJC.

Asimismo, Pagazaurtundúa señala que los órganos de gobierno y representación de las universidades públicas catalanas han emitido varias declaraciones «con sesgo nacionalista que violan la neutralidad ideológica» y que estas universidades «han lesionado las libertades fundamentales de reunión y manifestación», por acción y por omisión. Una situación que, como recuerda, han condenado de hecho los tribunales. Alude como ejemplo de este ataque al pluralismo a la persecución y los actos violentos producidos contra organizaciones estudiantiles constitucionalistas, como S'ha Acabat en los campus universitarios.

Otro de los aspectos de estas políticas sociolingüísticas de Cataluña que se recoge en el dossier es la falta de neutralidad por parte de los órganos rectores de las universidades, lo que supone una «limitación de la libertad ideológica de los miembros de la comunidad universitaria». Pone de ejemplo el caso de la Universidad Autónoma de Barcelona, cuyo rectorado en 2017 dio de baja al colectivo de estudiantes constitucionalistas Joves Societat Civil Catalana-UAB del directorio de estudiantes de la Universidad, algo que los tribunales determinaron como «una discriminación por razón ideológica».

Por todo ello, Maite Pagazaurtundúa insta a la Comisión Europea a «actuar con firmeza» ante estas situaciones que se producen «sin intervención en contra» del Ejecutivo español.