Carolina Mata: «El ministro Bolaños tendrá que decir la verdad sobre la información robada al presidente Sánchez»

Carolina Mata de la Torre es abogada en ejercicio desde el año 2009. Especialista en Derecho Penal y emprendedora con despacho propio en el corazón de Madrid, Mata es, además, presidenta de la Asociación de Juristas Europeos Prolege que defiende y fomenta el respeto a los derechos y las libertades de los ciudadanos, así como el cumplimiento de la legalidad y la transparencia en el ejercicio de la función publica. Este mismo viernes, la Audiencia Nacional ha admitido la personación –como acusación popular– de la entidad jurídica en la causa que instruye el juez José Luis Calama sobre el presunto espionaje a los móviles del presidente del Gobierno y tres de sus ministros, en el marco de la denominada Operación Pegasus.

Antes, otros jueces como Manuel García-Castellón ya habían admitido la entrada de Prolege en procedimientos como 'Kitchen'. Además, recientemente y de la mano del excandidato a decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) Nicolás González-Cuéllar, Carolina Mata ha impulsado una nueva plataforma jurídica bajo el lema Ahora Abogacía. El Debate ha querido hablar con ella:

–¿Qué significa para la asociación que preside haber sido admitidos como acusación popular en el caso Pegasus?

–Significa el cumplimiento de un mandato constitucional. El artículo 125 de nuestra Constitución española permite a cualquier ciudadano ejercer la acción popular, en especial cuando se trata de delitos públicos y más cuando compromete el interés general, como sucede en este caso.

–¿Qué espera que se esclarezca con esta investigación y cuáles son las pruebas propondréis al magistrado Calama para dar con los autores de ese presunto espionaje?

–A nuestro juicio se han visto afectados los intereses de España en el plano internacional y hemos querido velar porque se cumplan todas las garantías en el ejercicio de la función pública por parte de todo el Gobierno y, por supuesto, determinar la naturaleza y las circunstancias de los hechos denunciados, así como la identidad de las personas que hayan podido participar en ellos.

Las diligencias de investigación que ejerceremos como acusación popular, en un futuro, tendremos que determinarlas en función del estudio de la causa. Ahora mismo es prematuro poder decir qué pruebas se van a solicitar. Necesitamos instruirnos en el procedimiento. Pero que no quepa ninguna duda de que esta Asociación trabajará de manera activa en el esclarecimiento de lo ocurrido.

Que no quepa ninguna duda de que trabajaremos de manera activa para esclarecer lo ocurrido

–¿Qué les ha llevado a pedir dicha personación? ¿Cómo se aborda una solicitud de fianza de 10.000 euros?

–Hemos pedido personarnos para defender el interés general. No se puede olvidar que los hechos denunciamos tienen una entidad que compromete, incluso, a la defensa nacional puesto que, al parecer, se dio una intromisión comprometedora para nuestro país. Al menos, por lo que hemos podido saber hasta la fecha dado que en la causa en sí no se nos ha trasladado por el momento.

Entendemos que la fianza es el mecanismo que tiene el juzgado para velar porque el ejercicio legítimo de la acusación pública no sea un obstáculo y, por tanto, la fianza debe fijarse cumpliendo unos parámetros de proporcionalidad. En este caso, recurriremos ese importe de 10.000 euros porque somos una asociación de reciente constitución y los abogados que formamos parte de ella, ejercemos un derecho que no puede ser revocado por motivos económicos.

–¿Cuántos juristas están implicados en vuestra causa en general? ¿En cuántos procedimientos concretos están pleiteando en la actualidad?

–La asociación Pro Lege es de ámbito nacional y de perfil constitucionalista y nace con el objetivo de velar por la legalidad en el ejercicio de la función pública. Nuestra finalidad no es otra que los poderes públicos trabajen defendiendo a todos los ciudadanos en su conjunto y no por intereses partidistas, personalistas o espurios.

–¿Tiene constancia de si ha dado fruto alguna de las pesquisas llevadas a cabo hasta la fecha por el magistrado Calama? ¿Se sabe algo de la fabricante de Pegasus?

–La causa ha sido secreta hasta hace muy poco y, por lo tanto, permanecen bajo dicho secreto las pruebas que se han ido practicando hasta el momento. Por eso no querría comentar datos comprometedores. Desde Prolege mantenemos el máximo respeto a las actuaciones y sólo trabajaremos desde el ámbito jurisdiccional, sin entrar en determinadas cuestiones que lo sobrepasen.

–En el caso de que se formalice su personación definitiva, ¿podrán ustedes preguntar al ministro de la presidencia, Félix Bolaños, citado a declarar como testigo?

–El ministro Félix Bolaños era y es el garante de la información que maneja el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y es citado a declarar en calidad de testigo. Por lo tanto, tendrá que decir la verdad porque no le ampara el derecho de no hacerlo. Esperamos mucho de su comparecencia el próximo día 5 de julio en la Audiencia Nacional.