Plus Ultra recurre ante la Audiencia de Madrid su imputación por el rescate público de 53 millones

La jueza Esperanza Collados, que instruye el caso de Plus Ultra -en el que el Ejecutivo otorgó una ayuda pública de 53 millones a la quebrada aerolínea- decidió seguir adelante con la imputación de la empresa pese a que tanto la fiscalía como la abogacía del Estado creían que no era válida por haberse dado fuera de tiempo. Ahora la entidad ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid para que archive el caso y declare nula la decisión de la titular del juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid. La compañía aérea, además de defender que el rescate fue concedido «en cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos», considera que «todas las diligencias acordadas con posterioridad al 8 de abril de 2022 son nulas e inválidas».

La jueza de instrucción mantuvo la imputación al considerar que «la investigada» podrá «ofrecer al juzgado su versión de los hechos si ese es su deseo» y «ejercer el derecho a delimitar el proceso en unos tiempos determinados». En consecuencia, el administrador de la compañía debe declarar ante el juzgado, algo que en principio estaba previsto para el pasado 15 de junio. Sin embargo, la jueza Collados suspendió la cita ante la imposibilidad de adoptar una decisión, dado que el plazo que dio a la Fiscalía, las acusaciones y las defensas para pronunciarse sobre la solicitud de la compañía vencía el mismo día del interrogatorio. Así las cosas, la magistrada todavía no ha fijado una fecha para la declaración, mientras que la aerolínea ha pedido levantar su imputación y cancelar ese interrogatorio.

Manos Limpias, PP y Vox

Las acusaciones que ejercen Manos Limpias, y los partidos políticos PP y Vox, consideran que la imputación de la compañía debe ser válida. El sindicato de funcionarios -que fue quien presentó la querella que dio origen al procedimiento- solicitó al juzgado que se realice como una «mera diligencia complementaria». Asimismo, desde el Partido Popular aseguran que dada la «particular naturaleza de esta diligencia se debe admitir su práctica, aun habiendo sido acordada tras expirar el plazo» previsto en la ley que, según consideran, «es susceptible de ser prorrogado por un nuevo periodo de seis meses».

Por su parte, desde Vox solicitan que se investiguen las presuntas conexiones entre la inyección de dinero público a Plus Ultra y el pago al régimen chavista de Venezuela. La sección jurídica del partido que dirige Santiago Abascal pide que se depuren las conexiones entre la empresa rescatada y las actuaciones de la entidad bancaria Panacorp -a la que denunciaron en agosto de 2021 ante la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá- por el préstamo participativo de 6,3 millones de euros concedido en 2017 por esta, y así para evitar la disolución de Plus Ultra.