La fundación de Aznar, ante la nueva Ley de Memoria: «Moncloa no vale este aquelarre»

FAES, el think tank que preside José María Aznar, ha publicado, a través de su Grupo de Análisis, un editorial en la que glosa la nueva Ley de Memoria Democrática. Considera la fundación que el compromiso del Gobierno con «los testaferros políticos del terrorismo» inicia una «ofensiva revisionista» que propone una «amnistía mutilada y una memoria mendaz». «Postula la voladura de los cimientos en que se asentó el orden constitucional vigente», recalcan desde FAES, por considerar que lo hacen aceptando el marco conceptual de quienes reivindican para sí el legado histórico y político de ETA.

El Gobierno ha rubricado un acuerdo que, sin derogar explícitamente los apartados a los que apuntaba Bildu, «promueve que la Ley declare improcedente –de forma selectiva– amnistiar desconociendo normas de Derecho Internacional que no tuvieron vigencia en España hasta, precisamente, ese mismo año 1977, cuando se suscribe el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sin embargo, extiende hasta 1983 la posibilidad de reconocer o reparar vulneraciones de derechos fundamentales imputables al franquismo», apuntan desde FAES.

«No debe sorprendernos; pero tampoco dejar de escandalizarnos», remarca la fundación, que acto seguido recuerda que Pablo Iglesias nunca ocultó su lectura de la Transición y el pacto constitucional: «trampa lampedusiana, candado del 78, turnismo corrupto cuyo pilar izquierdo no dudó en usar cal viva contra quienes se habían dado cuenta los primeros del fraude que se estaba perpetrando (según Iglesias, en gira por herriko-tabernas, esos visionarios precursores fueron, literalmente, «la izquierda vasca y ETA»). Nada de esto impidió al PSOE elegir a Podemos como socio de Gobierno. Ni a Iglesias vicepresidirlo», enumeran desde FAES.

Es conocida igualmente la vinculación de la dirección bildutarra con la historia de ETA y con la de su propaganda legitimadora. «Desde las condenas por pertenencia a banda armada y secuestro recaídas en la figura de su coordinador general, hasta la reciente incorporación a la dirección de Sortu –como responsable de «orientación estratégica»– de David Pla, último jefe de ETA, esos vínculos han pasado del disimulo a la exhibición, sin pudor alguno», recuerdan desde el think tank.

En cuanto a Mertxe Aizpurúa, portavoz parlamentaria de EH Bildu en el Congreso y muñidora del acuerdo con el Gobierno, «no tiene ya por qué disimular su talento como rapsoda de sucesos sangrientos», reflexionan en FAES.

El empeño en dilatar la vigencia de la ley hasta 1983 brinda la oportunidad de recordar su editorial de ese año en la revista Punto y Hora, que dirigía entonces, tras su adquisición por ETA en 1978. Titulado «Por los gudaris de ayer y los de hoy», le supuso una condena de un año de prisión por enaltecimiento del terrorismo. Exaltaba allí la «voluntariedad» de los «gudaris de hoy» –de 1983– frente a la conscripción obligatoria de los que tomaron parte en la guerra civil. Puede leerse como «interpretación auténtica» de la voluntad del legislador en la presente circunstancia:

11 socialistas asesinados

«Hay quienes dicen que están con los gudaris de ayer; no con los de hoy. Allá ellos. Levantar un monumento a los gudaris de ayer es una de las formas de no ser gudari nunca. Pero hay también quienes, sintiendo en su sangre la de aquellos de entonces, aportan su sangre a los gudaris de hoy. La sangre y el corazón, que son los elementos que sostienen la guerra. (…) La guerra está ahí, pero el ser gudari no es obligatorio. Por eso los gudaris de hoy son mucho más gudaris». Los gudaris de Aizpurúa habían asesinado en 1983 a cuarenta y cuatro inocentes. Vendrían muchos más. Entre los de antes y después, once militantes socialistas: Germán González López, Enrique Casas, Vicente Gajate, Fernando Múgica, Fernando Buesa, Juan María Jáuregui, Ernest Lluch, Froilán Elespe, Juan Priede, Joseba Pagazaurtundua e Isaías Carrasco. Hoy Mertxe Aizpurúa, porque así lo quiere un Gobierno socialista, orienta la «memoria oficial» del Estado.

La narrativa terrorista siempre persiguió presentar su actividad criminal como una suerte de prolongación de la guerra civil ante la supuesta continuidad franquista solapada en una democracia deficitaria y continuista. «Por desgracia», lamentan en FAES, «la impugnación de la Transición y el revisionismo histórico han actuado como fundente entre el entorno ‘abertzale’, el neo-socialismo zapaterista, y el populismo podemita. Para ese conglomerado, nuestra democracia nació como maquillaje reformista tutelado por los poderes fácticos». De hecho, remarcan con cierto humor desde la fundación de Aznar, los «cónclaves madrileños de hombres fumando puros mientras conspiran contra un gobierno que –por fin– amenaza sus intereses, es el último recurso narrativo –serie B– de Moncloa».

Tras la descripción de la situación, el grupo de análisis de FAES llega a su conclusión final: «Ahora está en juego para los legatarios de ETA transformar el final de la banda en la conclusión de una guerra de cuyas víctimas se comparta la responsabilidad con el Estado. Los terroristas quedarían así convertidos, ante la historia, en combatientes (gudaris) y las víctimas del terrorismo en una clase más de víctimas, no en las víctimas referenciales de la democracia española. Detrás de la frondosidad del memorialismo democrático se está verificando una operación fraudulenta, el escamoteo de nuestra verdadera historia reciente, y esto debe ser motivo real de preocupación para cualquiera que no padezca de atrofia cívica».