La Asociación para la Defensa de la Transición, en contra de la Ley de Memoria de Pedro Sánchez

La Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición, integrada por personas de muy variada procedencia política, ha examinado el estado actual del Proyecto de Ley de Memoria Democrática, en tramitación en las Cortes. A consecuencia de dicho Proyecto, afirman en un comunicado hecho público hoy sentirse «en el deber cívico de manifestar nuestra oposición a la orientación que el Proyecto ha tomado, y queremos trasladarla al Gobierno, a los legisladores y a la sociedad española».

Comparten, afirman, el objetivo de reivindicar la memoria de tantas personas que sufrieron las consecuencias de «la Guerra Civil y la represión posterior», y de contribuir a superar las secuelas de aquel conflicto y a promover la concordia y la convivencia.

«Apoyamos y respaldamos cuantas acciones desplieguen los poderes públicos para la localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas durante la guerra civil, así como cuantas medidas reparadoras del daño y del sufrimiento causado a las víctimas, pudieran añadirse a las ya adoptadas desde el inicio mismo de la Transición», sostiene la Asociación en su comunicado.

Extender el periodo sospechoso

Afirman, acto seguido, que el vigente sistema democrático se fundamenta en el gran pacto constitucional de 1978, «que refrendó una amplísima mayoría de españoles». Y, por ello, «no podemos aceptar» que ese pacto sea objeto de una «tergiversación tan injusta y tan ajena a la verdad histórica, como hace el Proyecto de Ley, incluso abriendo la posibilidad de extender el periodo sospechoso de la dictadura hasta el 31 de diciembre de 1983, etapa en la que se habían celebrado el referéndum constitucional, tres elecciones generales, además de las correspondientes municipales y autonómicas, y el normal funcionamiento de las instituciones y de los tribunales de justicia que permitía el enjuiciamiento de cualquier conducta que atentara contra los derechos de las personas, como ocurrió en numerosas ocasiones».

Les preocupa especialmente que esa extensión se haya incorporado al Proyecto de Ley a través de una propuesta acordada expresamente con el grupo político Bildu, «expresión actualizada de quienes, precisamente en esa época, utilizaban la violencia terrorista como método sistemático de actuación, con consecuencias dramáticas bien recordadas, sin que el citado grupo aún no haya formulado una condena expresa de aquellos crímenes», sostiene el texto hecho público.

«La reconciliación», explican, «fue una de las claves de la experiencia histórica de la Transición, una experiencia compleja y no exenta de dificultades en la que los españoles quisimos superar lo que había sido un largo periodo de las 'dos Españas', excluyentes y enfrentadas. Así lo hicimos y así quedó plasmado en la Constitución de 1978. Personalidades relevantes que habían pertenecido a los dos bandos de la guerra civil, con el inequívoco apoyo de una gran mayoría social, concordaron entonces el camino hacia una España democrática e integrada en un nuevo proyecto de Europa, que también influyó decisivamente en aquel trance».

Ley de Amnistía de 1977

«A ello», explicita el comunicado, «contribuyó de forma elocuente la Ley de Amnistía de 1977, que también el Proyecto de Ley, en su Exposición de Motivos y en su artículo 2, parece desmerecer, tal vez sin tener suficientemente en cuenta principios jurídicos básicos, como son los de legalidad, seguridad jurídica, irretroactividad de normas no favorables, etc., que tienen por finalidad limitar o evitar la arbitrariedad y que están expresamente recogidos en el artículo 9.3 de nuestra Constitución».

El la asociación perciban, además, que el Proyecto de Ley pretende establecer una «verdad oficial», amparada en lo que se configura como un «deber de memoria democrática», que abarca los dos siglos de la historia contemporánea de España.

Por todos los argumentos detallados, solicitan al «Gobierno, a su Presidente, y a los responsables de los Grupos parlamentarios la retirada del Proyecto de Ley de Memoria Democrática, aún posible en la tramitación parlamentaria pendiente, con el fin de restaurar el necesario consenso en esta materia, pensando en el bien de nuestra convivencia y en el futuro de nuestra democracia».