El Gobierno aceleró su reforma del Poder Judicial para anticiparse a Europa en una causa contra la parálisis del CGPJ

La reciente y polémica reforma del Gobierno que ha permitido a Pedro Sánchez dar un vuelco a progresista en la mayoría del Pleno del Constitucional, se ha acelerado en el tiempo por varias razones, entre ellas, adelantarse al fallo de Europa en la causa judicial instada por cerca de un millar de jueces españoles contra la inacción de Congreso y Senado en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La enmienda exprés que el grupo parlamentario socialista registraba en el Parlamento, minutos después de aprobarse la toma en consideración de la norma que ha permitido al Ejecutivo desbloquear los nombramientos del Consejo –y que designe a sus dos magistrados de cuota para el Tribunal de Garantías– fijaba como fecha límite el próximo día 13 de septiembre. No en vano, Sánchez es consciente de que el próximo 15 de septiembre, concluye el plazo de la Abogacía del Estado para contestar a la denuncia interpuesta, en octubre de 2021, por la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por la clara «dejación de funciones» de las dos Cámaras «en su obligación de promover la renovación» del máximo órgano de gobierno del Poder Judicial en España.

Los jueces remitieron previamente, en enero, una carta a la Mesa del Congreso para advertir de que ejercitarían «ante quien corresponda» las «acciones oportunas» para defenderse de los ataques del Gobierno que primero recortó las funciones del Consejo de manera exprés, prohibiéndole los nombramientos y afectando «gravemente el funcionamiento de la Justicia» española.

El mismo Ejecutivo que, ahora, ha consumado una contrarreforma para deshacer dicho bloqueo y permitir que, antes de que finalice la legislatura, se habilite un nuevo Constitucional ah hoc, que resuelva los recursos de trascendencia política, sin grandes sustos para las leyes más ideológicas de Pedro Sánchez: la educativa, impulsada por Isabel Celaá; la del aborto, que lleva más de doce años en un cajón; la de la eutanasia... e incluso, para la futura y eventual revisión de los indultos de los líderes del procés'en los que el Tribunal de Garantías podría tener la última palabra.

Más de tres años de parálisis

«Le escribo para informarle que, tras un examen preliminar de la admisibilidad» de su solicitud, «el vicepresidente de la Sección» Tercera del Tribunal Europeo asignado a su caso ha decidido «bajo las Reglas de la Corte», que se dé traslado de la misma al Gobierno de España para que «presente su exposición de hechos y sus observaciones sobre la admisibilidad y el fondo» de su denuncia, en virtud de «los artículos 6 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos», antes del próximo mes de septiembre. Así respondían desde Estrasburgo a la denuncia interpuesta por seis jueces de la directiva de AJFV, en representación de sus asociados, contra el bloqueo de más de tres años en la renovación del CGPJ.

La reclamación de los magistrados españoles que sigue su curso y apremia al Gobierno para consumar sus desmanes antes de que, a nivel comunitario, haya una resolución judicial aplicable que se lo impida, superaba así un primer trámite, el de la admisión, en el que más del 90 % de las cuestiones presentadas son rechazadas de plano.

En el mismo texto de la Sección Tercera del TEDH, que El Debate reveló en primicia, se daba al Gobierno de España un «plazo máximo» para que presentase sus alegaciones a los hechos denunciados por los jueces y magistrados: antes del próximo día 15 de septiembre.

Y, con ello, se ponía en marcha el contador para que la Abogacía del Estado español presentase «la exposición de hechos y sus observaciones en español, si así lo prefieren» aunque, en paralelo, «deberán proporcionar al Tribunal una traducción al inglés o al francés como muy tarde el 13/10/2022». Precisamente, el mismo día en el que el Consejo deberá nombrar, como muy tarde, a los dos magistrados del Constitucional que le corresponde. Con esta maniobra Sánchez se aseguraba que el cambio a progresista de la mayoría del Tribunal de Garantías sea irrevocable, incluso, aunque el fallo que el TEDH dictará sobre la cuestión, como muy pronto antes de final de año, le sea desfavorable.

Una maniobra a espaldas de la UE

«Tenemos al Congreso y al Senado totalmente supeditados a los intereses de los dos principales partidos políticos de nuestro país que no han hecho nada en tres años, incumpliendo con su obligación de convocar sendas votaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), competencia única y exclusiva de ambas cámaras», lamentaban ante Europa los seis magistrados encargados de confeccionar el escrito.

Nada ha cambiado, hasta la fecha, desde que los jueces decidiesen llevar sus reivindicaciones hasta la última instancia y buscar el amparo del TEDH, tras la posición de la Mesa del Congreso que tramitó de manera urgente, y sin escucharles, hasta dos reformas legales -primero para recortar funciones al máximo órgano del Poder Judicial y, después para restaurarlas de manera parcial e interesada- que desatienden su obligación de promover una votación orientada a la renovación del CGPJ, sea como fuere.

Además, desde Estrasburgo, también se ha solicitado al Gobierno que «indique» antes del vencimiento de septiembre «su posición con respecto a una solución amistosa» para la denuncia de los jueces españoles y, en particular, su posición «respecto de las indemnizaciones pecuniarias, las costas y gastos» derivados del procedimiento.