La respuesta de Europa a la última maniobra de Sánchez para controlar el Poder Judicial

El último informe publicado esta semana por el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) dependiente del Consejo de Europa sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones de la UE a España en materia judicial ha coincidido con la aprobación parlamentaria de la última reforma de Pedro Sánchez para desbloquear los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y cambiar, a progresista, la mayoría del Pleno del Constitucional. Y, sin lugar a dudas, el mayor reproche se lo ha llevado la cada vez más preocupante «politización» del Gobierno socialista sobre el órgano de gobierno de los jueces prorrogado desde hace más de tres años. El organismo ha instado a nuestro país a modificar lo antes posible el actual sistema de elección de los 12 vocales del CGPJ, de origen judicial, para que sean «elegidos por sus pares» y que el poder político se mantenga al margen del trámite, bajo apercibimiento de futuras y eventuales sanciones.

Al Greco no le ha satisfecho que, desde el anterior informe, España no haya modificado, en esencia, ninguna de las recomendaciones que ya se nos habían formulado en el anterior informe. «Hoy, la situación es exactamente la misma» que en cada ocasión en la que, en el pasado, «se ha llevado a cabo una renovación del CGPJ», reza el texto. Europa sigue mostrando su descontento con la constante «negociación política» de la que adolece nuestro país para la designación los puestos clave de la cúpula judicial.

Lejos de cesar en su empeño para que España cumpla los estándares europeos de la separación de poderes y de la independencia judicial, la Unión Europea ha endurecido un poco más sus tradicionales exigencias: que el Gobierno corte la dependencia de la Fiscalía General del Estado con el Ejecutivo que la designa y que la procedencia del titular del Ministerio Público no tenga una conexión directa previa con el ámbito político.

Que se escuche al Poder Judicial

El organismo ha urgido a las autoridades españolas para que pongan en marcha «sin demora» los cambios sugeridos y que, para ello, no dejen de escuchar «al Poder Judicial» y que tenga «voz» vinculante con las decisiones estructurales que afecten a su normal «funcionamiento» de manera que las modificaciones en el modelo de elección actual se produzcan en un marco de «respeto mutuo» enfocado a garantizar «la independencia y la imparcialidad» de la Justicia.

En línea con lo anterior, a comienzos de esta misma semana, la mayoría del CGPJ remitió al Congreso de los Diputados un comunicado en el que solicitaba que antes de someter a consideración la última propuesta del Gobierno -orientada a retocar su propia modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y devolver al Consejo la facultad de hacer nombramientos pero solo para desbloquear la renovación del Constitucional- recabase su posición.

El Pleno extraordinario avalado por mayoría de diez votos la solicitud de nueve vocales a su presidente Carlos Lesmes, para reclamar al Parlamento que les escuchase antes de someter a votación la maniobra normativa del PSOE con la que ya ha consumado el vuelco progresista en el Tribunal de Garantías, para los próximos cinco años. Pese a todos los intentos, el intento no tuvo éxito.