Dolores Delgado y Alvaro García Ortiz
Examen al sucesor de Dolores Delgado
PP y Vox interrogarán al nuevo fiscal general sobre el giro en la acusación del caso Miguel Ángel Blanco
El sucesor de Dolores Delgado se enfrenta, este jueves, al trámite parlamentario que debe superar para ser confirmado como titular del Ministerio Público en los próximos días
El candidato designado por el Gobierno para convertirse en el nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras la dimisión de Dolores Delgado, comparece este jueves ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para que examine su idoneidad para ocupar el cargo. Aunque la opinión de los grupos parlamentarios es preceptiva, sus conclusiones no serán vinculantes. Sin embargo, el trago no será amable para García Ortiz, al menos, en lo que respecta a las intervenciones del Partido Popular y Vox que interrogarán al aspirante en un tono «duro» antes de que se ratifique su nombramiento. Sobre la mesa, el reciente giro de la Fiscalía que –desde la Secretaría Técnica que, todavía ocupa el sucesor de Delgado– ha modificado los criterios acusatorios contra los etarras investigados por el asesinato de Miguel Ángel Blanco para dar por «prescrito» el delito, como publicó en exclusiva El Debate.
La Comisión de Justicia se reunirá hoy a las 11:30 horas con carácter extraordinario para que los portavoces de los distintos grupos parlamentarios puedan preguntar al actual jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre su trayectoria y sus méritos. Y no habrá paños calientes por lo que respecta a los populares, en las cuestiones de mayor trascendencia política «donde no se puede obviar que García Otriz formó parte de las polémicas decisiones adoptadas en el seno de la institución durante la etapa de Dolores Delgado».
Una vez escuchado, se pronunciarán sobre su idoneidad para encabezar la FGE y, superado este trámite, el Gobierno ya tendrá vía libre para designarle nuevo fiscal general en el próximo Consejo de Ministros. De ser ratificado su nombramiento, García Ortiz jurará o prometerá su cargo ante el Rey y tomará posesión del puesto ante el Pleno del Tribunal Supremo (TS).
El aval del CGPJ no fue unánime
El candidato ya ha recibido el aval del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el otro órgano, junto a la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, que debía emitir informe al respecto de su «idoneidad» para el cargo. Pese a que la votación salió adelante con 12 votos a favor, incluido el del presidente del Consejo, Carlos Lesmes, fueron siete en contra los que empañaron la siempre ansiada unanimidad. Los siete vocales críticos emitieron un voto particular indicando que García Ortiz «no es idóneo» por la falta de imparcialidad que le precede, debido a su cercanía al Gobierno.
En este sentido, mencionaron su proximidad a la fiscal general saliente, Dolores Delgado, y su participación hace años en un acto organizado en Galicia por la Fundación IDEAS, vinculada al PSOE, así como su implicación en el denominado 'caso Stampa'.
La mano derecha de Delgado
El Gobierno apuntó a García Ortiz como futuro fiscal general después de que Delgado anunciara su dimisión alegando problemas de salud, tras la delicada operación de columna vertebral a la que se sometió en abril pasado. Y, desde entonces, y en el ejercicio de su actual cargo de jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (FGE), al que llegó en 2021, ha ejercido de persona de máxima confianza de la exministra de Justicia quien le reclamó para ser su hombre de confianza en el seno del Ministerio Público, tras su llegada.
Fiscal de Sala, García Ortiz ingresó en la carrera fiscal en 1998. Fue coordinador de la entonces Adscripción de Menorca entre 2000 y 2002, cuando fue destinado a la Fiscalía de Área de Santiago de Compostela. Allí fue nombrado Fiscal Especial Coordinador de Incendios de la Comunidad Autónoma.
Posteriormente, fue designado fiscal delegado de medio ambiente, urbanismo, ordenación del territorio e incendios forestales, desde 2007, a nivel provincial y autonómico, hasta marzo de 2021. De su trayectoria profesional, destaca su trabajo como fiscal del 'caso Prestige', la mayor catástrofe medioambiental en aguas europeas, donde el Ministerio Público defendió la tesis de que «la administración española no fue responsable de la catástrofe».
