La cuenta atrás de la presidenta del Parlament: ERC, PSC y la CUP la dejarán caer por las presuntas irregularidades

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, tiene las horas contadas en el cargo, después de que el TSJC comunicara la apertura de juicio oral contra ella, por los delitos de prevaricación y falsedad documental, por , presuntamente, haber fraccionado contratos de forma irregular cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes, a favor de un amigo suyo. ERC, CUP y PSC, que tienen representantes en la Mesa de la cámara catalana, pedirán este jueves la suspensión de Borràs en aplicación del artículo 25.4 del Parlament, si ella, por voluntad propia, no da un paso al lado. Este artículo recoge la suspensión de los diputados a los que se abre juicio por cuestiones vinculadas a la corrupción.

Pero la presidenta del Parlament no tiene intención de dimitir. Ha dejado claro que «los que me quieran muerta, tendrán que matarme y ensuciarse las manos. Yo he venido a hacer la independencia, no a suicidarme para la autonomía». Así lo ha dicho en sus redes sociales, en las que ha dedicado un extenso hilo para defenderse. Ha insistido en su inocencia y en que es «víctima de lawfare, de una persecución política».

Asegura que el inicio de la investigación ya fue «irregular» porque «la juez Silvia Mejía, siendo yo diputada y sin ser competente para investigarme, inició una investigación prospectiva, expresamente prohibida por el ordenamiento jurídico e inconstitucional: no buscaba aclarar unos hechos, sino investigar una persona». De la juez, Borràs también dice que es «próxima a C's» y de la fiscal recuerda que es la misma que «investiga a Josep Lluís Alay por malversación: 11,44 euros de peaje».

También considera una prueba de la persecución política que sufre que los Mossos de Esquadra consideraron que «no hay elementos suficientes para afirmar que exista ningún tipo de irregularidad en cuanto al fraccionamiento de los contratos de ILC». Y fue después de este informe, asegura Borràs, cuando la juez apartó a la Policía Autonómica de la investigación, que adjudicó a la Guardia Civil. Y a partir de aquí, añade, empiezan las constantes «filtraciones».

Por todo ello, la todavía presidenta del Parlament hace una petición a socialistas, cuperos y republicanos. De forma indirecta, les pide que no acepten su suspensión: «espero, deseo y quiero creer que los miembros de la Mesa actuarán como diputados demócratas, respetuosos con los derechos fundamentales, y no como jueces o inquisidores y tomarán, en conciencia, la decisión política más ecuánime».

Oficialmente y públicamente, desde Junts per Cataluña cierran filas en torno a Laura Borràs. Han convocado, junto a un grupo de apoyo a la presidenta de la cámara, una concentración a las puertas del Parlament, a las 11:30, poco antes de que empiece la reunión de la Mesa que debe tratar sobre su suspensión. Pero hay voces dentro de la formación que le han pedido que dé un paso al lado antes de que sea apartada del cargo.

Sin embargo, Borràs se mantiene firme y no va a dimitir porque quiere poner en el foco a ERC y la CUP. Y no hay que perder de vista, que más allá de esta cuestión, se abre otro posible debate: ¿qué va a pasar con el gobierno de la Generalitat? ¿Será capaz Junts de romper el Govern si ERC deja caer a la presidenta del Parlament? Se avecina tormenta política en Cataluña.