El juez pide desclasificar los documentos de Pegasus antes de la llegada de la nueva Ley de Secretos

Los documentos relativos al escándalo Pegasus, el software encargado de espiar teléfonos mediante el robo de datos, que el juez José Luis Calama ha pedido que sean desclasificados podrían ser los últimos afectados por la antigua Ley de Secretos Oficiales después de que este lunes el Consejo de Ministros aprobara el Anteproyecto de Ley de la nueva legislación.

El juez Calama solicitó el pasado día 28 la comparecencia en calidad de testigos de los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Defensa, Margarita Robles, para declarar sobre el espionaje que sufrieron con el software Pegasus. Al mismo tiempo, solicitó la desclasificación de los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos declarados secretos o reservados que pudieran estar relacionados con los testimonios de los ministros.

50 años de plazo

De esta forma, ahora sería el Ministerio de Defensa quien decidirá si desclasifica dichos documentos o los mantiene como secretos oficiales. Si la decisión se tomara una vez que entre en vigor la nueva Ley de Secretos Oficiales, algo que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, no prevé antes de fin de año, el Gobierno dispondría hasta 50 años para mantenerlos en secreto a no ser que, en la tramitación parlamentaria, el Anteproyecto de Ley aprobado ayer, sufra alguna modificación de los tiempos tal y como piden los socios del Gobierno de Pedro Sánchez.

Lo que sí se sabe es que tanto el ministro Fernando Grande Marlaska como Margarita Robles han optado por atender por escrito la solicitud de comparecencia del juez Calama. Esta forma no gusta demasiado a los jueces ya que impide que las partes puedan repreguntar o despejar las posibles dudas que despertaran las declaraciones de los comparecientes.

Poco que decir

No obstante, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ya adelantó este lunes que «como víctimas, poco podemos aportar». Robles enfatizó que «nosotros únicamente, como personas que hemos sido objeto de una infección en el teléfono, lo que podemos es constatar que los técnicos nos han dicho que esa infección se ha producido, pero no sabemos absolutamente nada más».

A pesar de optar por la forma de declaración menos valiente, Robles también aseguró que «el Gobierno cree en la Justicia, colabora con la Justicia y haremos todo lo que tengamos que hacer», por lo que no aclaró si el Gobierno optará por la desclasificación de los documentos tal y como solicitó el juez.