El fracaso de la operación Lesmes enquista la renovación del CGPJ

La carambola con la que el Gobierno aspiraba no sólo a controlar el Tribunal Constitucional (TC) sino, también, la cúpula del Poder Judicial en nuestro país, y que El Debate desveló el pasado mes de julio en primicia, no tendrá cabida en lo que resta de legislatura. El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, desbarataba este mismo lunes la última opción del Ejecutivo de Pedro Sánchez para forzar al Partido Popular a una renovación de la institución al autodescartarse como candidato al nuevo TC que debería conformarse antes del próximo día 13 de septiembre, de acuerdo con el calendario fijado por los socialistas en su última maniobra legal para intervenir la Justicia española. El escenario que se abre tras las declaraciones de Lesmes enquista, todavía más, la prórroga de un Consejo que ha sido, y seguirá siendo, piedra angular en las discrepancias entre Gobierno y oposición.

Justo antes del verano, el Ejecutivo aprobaba, vía exprés, una polémica modificación legal para desbloquear la elección de la cuota de dos candidatos a ocupar las plazas de magistrado del Tribunal Constitucional, cuyo mandato caducó en junio, que él mismo había vetado junto con Podemos en una reforma anterior. Así las cosas, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, convocaba a los vocales del órgano a un Pleno extraordinario, el próximo jueves día 8 de septiembre, no sin antes instarles a llegar a un acuerdo ágil y sensato para formular su doble propuesta.

Lo que no les contaba –pese a que la opción cobraba cada vez más fuerza en el seno del Consejo, según diversas fuentes consultadas por El Debate– es que él mismo era uno de los nombres que el Ejecutivo barajaba como opción, propia, para incorporarse al Constitucional renovado. Para ello, Lesmes tan sólo necesitaba que alguien lo propusiese y que doce de sus compañeros, once y él mismo, apoyasen su designación con destino al Tribunal de Garantías.

Con ello, el Gobierno podría encontrarse ante una escenario doblemente favorable en su interés por controlar hacerse con la sensibilidad mayoritariamente progresista de la cúpula judicial: por una parte, dejar descabezado al CGPJ, con la salida de su presidente, proporcionándole un nuevo argumento para forzar al Partido Popular a retomar el pacto frustrado, sine die, de renovación del mismo; y, por otra, consumar con agilidad el vuelco del Constitucional hacia la nueva mayoría que tendrá que dirimir las causas de mayor trascendencia política de los últimos meses, recurridas por PP y Vox. Entre ellas, la leyes más ideológicas.

Una quinta vacante en el tablero

La «autopropuesta» de Lesmes no entraba en las cábalas, como tal, pero sí la opción de que el todavía presidente del Consejo en funciones prorrogadas no rechazase una designación gubernativa para unirse a un TC al que siempre ha mirado con cariño, como cénit profesional. De entrada, Lesmes cumple con el tradicional requisito de los nombramientos del CGPJ al ser juez de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, donde tiene su plaza profesional.

La renuncia del magistrado Alfredo Montoya Melgar como titular del Órgano de Garantías, el pasado 27 de julio, por motivos de salud se convirtió en la oportunidad perfecta para Carlos Lesmes. Desde que en agosto de 2021, cuando contaba con 84 años, sufriese un ictus del que se recupera desde entonces, el juez se había visto impedido a acudir con normalidad a los plenos del Constitucional. La situación provocó que, durante varios meses, el TC funcionase con 11 de sus componentes en lugar de los 12 habituales. Con su salida, la puerta a la entrada de un reemplazo que parecía alinearse a favor de los planes del Ejecutivo, en su recompensa a Lesmes, para materializar de paso la ágil renovación de los otros cuatro huecos previstos en la ley para el órgano judicial.

Sin embargo, durante su mandato al frente del Consejo, Carlos Lesmes, no ha cosechado el favor de buena parte del Pleno de sus compañeros, al menos de la sección más conservadora de una institución a la que llegó, precisamente, con el apoyo de éstos y como propuesta de consenso en la última legislatura del Gobierno de Mariano Rajoy.

Sus posiciones próximas al sector más progresista en alguna de las decisiones más relevantes del CGPJ ante las maniobras legislativas más discutibles del Gobierno de Pedro Sánchez , le habían venido granjeando ciertas antipatías que han terminado por frustrar sus aspiraciones a un retiro en el Constitucional para el que, como mínimo, necesitaría el apoyo unánime de los vocales conservadores. Constatada la falta del mismo, Lesmes renunciaba, hace unos días a cualquier opción de materializar su plan inicial.

Dos nombres para «cumplir la ley»

El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo se encargaba, personalmente, de descartarse como candidato al Tribunal Constitucional -este mismo lunes a su llegada a la toma de posesión del nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz-. En la que ha sido una de las primeras citas institucionales del Poder Judicial en nuestro país, Lesmes deslizaba que dicho escenario sólo respondía a los intentos por hacerle «tambalear» en su exigencia de que el CGPJ elija a los dos magistrados que le corresponde, como viene pidiendo en los últimos meses y como les obliga la contrarreforma exprés aprobada por el Gobierno, el pasado mes de julio. «Hay que cumplir la ley», apostillaba Lesmes.

Lo cierto es que, una vez autoeliminado de la ecuación con la que el Gobierno aspiraba a despejar la incógnita de la doble renovación escalonada del TC y del Consejo, Carlos Lesmes ya tiene sobre su mesa el nombre de los dos magistrados del Supremo que, como ha avanzado El Debate en exclusiva, propondrá a deliberación a los vocales del Pleno, este próximo jueves día 8: Antonio Sempere, magistrado de la Sala Cuarta de lo Social del Supremo, por el ala progresista y José Manuel Bandrés, magistrado de la Sala Tercera de lo Contencioso del Alto Tribunal, como representante de la sensibilidad más conservadora.