El Gobierno se delata y no es capaz de explicar su teoría de que a Feijóo lo nombró el Ibex

De entre todas las acusaciones que Pedro Sánchez lanzó a Alberto Núñez Feijóo este martes en el Senado, una de las que más molestó al líder de la oposición fue ésta: «Queda claro, después de conocer estos meses que lleva al frente de su partido, que usted no olvida quién le puso ahí, las grandes empresas energéticas, las grandes corporaciones de este país».

Nada más tomar la palabra en su turno de réplica al presidente del Gobierno, Feijóo contestó que decir eso es «un insulto a la democracia española y es un insulto a todos los militantes y simpatizantes del Partido Popular de España». Como cuando la izquierda decía de Albert Rivera, con desprecio, que era el candidato del Ibex 35.

Con esa afirmación, Sánchez rebasó otra línea roja. Hasta ahora había reprendido al líder de los populares por defender los intereses de las energéticas y otras grandes empresas, frente a él que lidera el «Gobierno de la gente». Ahora, directamente, sostiene que fueron ellas las que maniobraron para tumbar a Pablo Casado y encumbrar a Feijóo.

La acusación es tan inconsistente que este miércoles ningún ministro de Sánchez fue capaz de concretarla. La ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, fue preguntada al respecto en Telecinco y lo único que alcanzó a señalar fue que «parece lógico» pensarlo. «Probablemente detrás están los intereses de los que se están aprovechando de esta crisis, lo dicen las cuentas de resultados, las empresas eléctricas, petroleras y los bancos», resumió.

La titular de Hacienda recordó que el PP votó en contra de la reforma laboral y de otros 13 acuerdos con los agentes sociales, obviando el hecho de que la mayoría de ellos se fraguó en tiempos de la anterior dirección del PP, antes de la llegada de Feijóo.

También el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, fue interpelado por esta cuestión en La Sexta y tampoco él dio mayores explicaciones sobre la presunta conexión entre las energéticas y la llegada del hasta entonces presidente gallego a la Presidencia del PP.

«Al Partido Popular hay que preguntarle a quién está defendiendo, porque no se explica. Cuando el Gobierno estaba trabajando en Europa para conseguir la excepción ibérica, las grandes empresas energéticas estaban intentando luchar contra los intereses del país y el señor Feijóo defendía estos intereses», aseguró Bolaños.

En el PP lo califican abiertamente de mentira. Este miércoles, el propio Feijóo insistió en Antena 3 en que el «ataque furibundo» que recibió del presidente del Gobierno -que, según él, parecía el «jefe de la oposición»- fue fruto de su nerviosismo.

Fuera cual fuese el motivo, poco puede hacer el líder de los populares ante una acusación de tal calibre, siempre y cuando no las repita fuera. Porque el artículo 71.1 de la Constitución blinda las opiniones de los diputados y senadores en sede parlamentaria, en estos términos: «Los diputados y senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones».

En paralelo, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica continuó este miércoles su ronda de contactos para elaborar el plan de contingencia para la seguridad energética que el Gobierno ha de enviar a la Comisión Europea este mes de septiembre. Ribera se reunió con el presidente de Endesa, José Bogas, y también con los portavoces de UGT, Comisiones Obreras y las patronales CEOE y Cepyme.

Varios representantes de las empresas energéticas se dieron cita este miércoles en un foro sobre energía organizado por el diario El Economista. Sin embargo, ninguno de los intervinientes hizo mención a la acusación de Sánchez sobre los lazos del sector con Feijóo, simplemente la ignoraron. No se dieron por aludidos.

Lo que sí hicieron los consejeros delegados de Repsol, Josu Jon Imaz, Acciona Energía, Rafael Mateo, y Engie España, Loreto Ordóñez, fue criticar el impuesto extraordinario que prepara el Gobierno contra las energéticas y también contra la banca.