Vox denuncia «la hoja de ruta ilegal e inmoral del pacto con la banda terrorista ETA»

Esta semana, El Debate publicaba en exclusiva una información sobre un documento oficial del Gobierno de España en el que se defiende la celebración del 'Ospa Eguna' –o 'Día de la Huida' en euskera, y que, desde hace más de diez años, la izquierda abertzale organiza para pedir la expulsión de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado–, esgrimiendo el argumento de que prevalece el supuesto derecho a la manifestación sobre la ofensa a las víctimas que conlleva la realización de este tipo de actos, dejando invalidada la Ley de Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo aprobada en el año 2011.

A este respecto, Vox considera que esta noticia «constituye la demostración de que el Gobierno de Sánchez está en la ejecución sistemática de esa hoja de ruta ilegal e inmoral del pacto con la banda terrorista ETA», señala el vicepresidente primero de Acción Política del partido, Jorge Buxadé, en declaraciones a este medio. En este sentido, subraya que no solo la Constitución en el artículo 21, sino también la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión «establece claramente la obligación de la autorización de prohibir aquellas reuniones o manifestaciones que pudieran poner en riesgo el orden público o que no se sujeten a la propia ley».

Asimismo, el también eurodiputado de Vox recuerda que la citada Ley de Protección Integral a las víctimas, en su artículo 61, «impone la obligación de defender la dignidad de las víctimas, entre otras medidas, evitando la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas, de sus familiares, la exaltación del terrorismo, el homenaje o la concesión pública de distinciones a los terroristas». Y añade que, de la misma manera, «se impone claramente a los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas la obligación de velar por el cumplimiento de ello».

Por lo tanto, resalta Buxadé que la instrucción dada por el Ejecutivo no debe ser aplicada por los delegados del Gobierno y órganos de la Administración del Estado y de las comunidades autónomas competentes. «Si así lo hicieran, estarían incumpliendo la ley de forma grave y manifiesta», señala. El vicepresidente primero de Acción Política de la formación de Abascal califica la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez de «inaceptable», en este sentido, y explica que tal instrucción «no obliga a ningún órgano de la Administración», que quedan –añade– «sujetos al imperio de la ley». «Si el Gobierno de Sánchez quiere saltarse la ley, lo que debemos hacer los españoles es exigirle judicialmente el cumplimiento de la misma y las correspondientes responsabilidades, no solo políticas sino judiciales», concluye Buxadé.