Dos resoluciones obligan a Marlaska a explicar qué hace por las víctimas de ETA cuando las humillan en público

Hace menos de una semana, Fernando Grande Marlaska acudió a Nueva York para hablar sobre terrorismo. Pero se negó a escuchar a las víctimas españolas que participaron en ese mismo foro de la ONU y ni siquiera las acompañó cuando visitaron el emblemático memorial del 11S, al que acudieron en solitario Mayte Araluce y Miguel Folguera, de la AVT, excluidas de la agenda oficial del ministro del Interior.

Fue un desprecio público que tiene antecedentes, y muy llamativos. Así, según consta en la documentación en propiedad de El Debate, la indiferencia de Marlaska hacia las víctimas llega hasta el punto de haber desobedecido en al menos dos ocasiones sendas resoluciones legales que le obligaban a algo muy sencillo que, sin embargo, ha preferido despreciar.

El ministro del Interior se niega a explicar, por ejemplo, qué asociaciones de víctimas del terrorismo le han pedido para evitar eventos de exaltación de ETA y de sus pistoleros, como ocurre cada año en verano con el «Ospa Eguna», el «Día de la expulsión» de la Policía Nacional y de la Guardia Civil de Alsasua, en Navarra.

Pues bien, Marlaska ha incumplido las órdenes expresas del Consejo de Transparencia que le instaban a aclarar qué entidades le habían reclamado su ayuda y cuáles habían sido los resultados de las posibles operaciones policiales para evitar un «aquelarre» que humilla a las víctimas e insulta a policías y guardias civiles comparándoles incluso con el «virus» del Covid.

La respuesta de Marlaska, inductor del masivo traslado de etarras de cárceles españolas a prisiones vascas donde acceden a la semilibertad, es elocuente: el silencio más absoluto y también la desobediencia.

Porque estando obligado a ello, no cumple las imposiciones y además no recurre ante los tribunales. El Ministerio que él dirige opta así por la rebeldía. Quien debe hacer cumplir la ley, la incumple cuando es a él a quien le obligan.

«Este proceder dificulta considerablemente el cumplimiento de la función encomendada a esta Autoridad Administrativa Independiente al no comunicarle cuáles han sido los motivos en los que se sustenta la negativa a conceder el acceso a la información», reza la resolución 926 del Consejo, un varapalo para el ministro que un día fue juez implacable contra ETA y hoy se niega a explicar incluso si le han pedido auxilio.

La razón parece clara: Marlaska solo podría decirle a las víctimas que, de la mano del Gobierno de Navarra e ignorando la Ley Integral de 2011 que le faculta a Moncloa para evitar exaltaciones del terror, facilitaron la celebración del Ospa Eguna y no mueven un dedo para evitar homenajes a cada uno de los etarras que vuelven a su casa tras años de encarcelamiento.

El monumental tirón de orejas a Marlaska se completó con nuevas instrucciones que también fueron incumplidas, pese a la contundencia con que le fueron reclamadas: «Se solicita dicha documentación sin anonimización de datos identificativos, al tratarse de entidades reconocidas por la Ley en defensa de la memoria y dignidad de las víctimas del terrorismo y responden a un interés público y general».

Es decir, se le pedía que aclarase si la AVT, Covite o Dignidad y Justicia, por citar tres asociaciones de víctimas de gran raigambre, o a JUCIL o JUPOL, organizaciones emblemáticas de los Cuerpos de Seguridad muy activas en la denuncia de los abusos abertzales, le habían solicitado ese respaldo, con su firma, sin necesidad de esconder el origen de la petición. Pero Marlaska siguió mudo.

«Nuestra primera parada fue para homenajear a las víctimas del 11S. Aunque por desgracia no fuimos invitados al acto oficial que organizó el ministro». Son las amargas palabras de la AVT que ahora se entienden mejor: Marlaska no se reúne con ellas y ni siquiera se preocupa ya de aclarar si las atendió en uno de los días grandes del calendario abertzale para humillarlas.

La otra «sentencia» contra Marlaska, con número de serie 971, profundiza en el desdén de Interior hacia las víctimas y revela que ni siquiera tiene gana de narrar las posibles operaciones policiales desplegadas para contener los aquelarres abertzales.

«Sobre el despliegue de seguridad y atestados instruidos con relación a una manifestación (…) la Administración no ha contestado en el plazo legalmente establecido para ello y tampoco ha formulado alegaciones en el trámite procedimental correspondiente», recoge el dictamen en posesión de El Debate.

En poco tiempo el Gobierno de Sánchez ha auxiliado a los terroristas de ETA de manera clara y ha ignorado premeditadamente a sus víctimas con decisiones documentadas

«El acceso a los posibles atestados instruidos por las fuerzas de orden público debe llevarse a cabo con sujeción y respeto a la legislación sustantiva y procesal (… )salvo aquella parte de la misma que, en su caso, se encuentre afectada por el secreto de un sumario, debiendo dejarse constancia expresa de ello en su caso en la correspondiente resolución», añade el órgano para poner en evidencia aún más al dirigente que suena en los mentideros como posible elegido por Sánchez para disputarle la alcaldía de Madrid a Martínez Almeida.

El resultado es abrumador y se reconstruye en pocos actos: primero Marlaska saca de las prisiones españolas a decenas de terroristas; después se niega a compartir espacio con ellas en la ONU y, por último, ignora la ley para no tener que detallar o confesar por escrito las causas de sus olvidos.

Fuentes conocedoras del mundo de las víctimas aseguran a El Debate que Marlaska lleva meses trabajando en ahondar en las diferencias existentes entre las distintas asociaciones que las representan, algunas más comprensivas con su política, como Covite, y otras radicalmente enfrentadas al ministro, caso de Dignidad y Justicia.

El pasado 12 de septiembre Marlaska, que incumple frecuentemente las resoluciones firmes del CTBG que este periódico logar para defender su libertad informativa en defensa del derecho a saber de los lectores, ha sido requerido para que cumpla con lo mandado, bajo advertencia expresa de que en caso de no hacerlo, será demandado ante los tribunales por su inactividad según establece la Ley y un reciente Auto de la Audiencia Nacional ha reconocido.

Una secuencia de complicidades con Otegi

La indiferencia de Marlaska hacia las víctimas, que es la de Sánchez, no parece casual y responde a una secuencia de concesiones a Bildu reclamadas por Otegi, atendidas por el Gobierno y reveladas por El Debate.

La más escandalosa de todas ellas ha sido la transferencia de las competencias penitenciarias al PNV para, a continuación, trasladar allí a decenas de terroristas con delitos de sangre y lograr que les concedan el régimen de semilibertad que les negaban en sus prisiones de origen.

Algo que se completa con la indiferencia ante las constantes exaltaciones del terror y de sus protagonistas, resumida en la aceptación del «Ospa Eguna» como una manifestación corriente protegida por derechos fundamentales, a costa de ignorar la Ley de Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo, que le faculta al Gobierno para prohibirlas antes de que se celebren.