PP y Vox presentan enmiendas a la totalidad de la Ley del aborto en defensa de la vida

El PP y Vox han presentado sendas enmiendas a la totalidad del proyecto de ley del aborto que envió el Gobierno al Congreso, según han confirmado fuentes de los dos grupos parlamentarios a El Debate. Ambas enmiendas son de devolución, sin texto alternativo. Es decir, pretenden frenar en seco el proyecto de ley elaborado por el Ministerio de Irene Montero y mantener la ley tal y como está. Al menos, de momento.

Sin embargo, la intención de la ministra es la contraria: que el trámite parlamentario sirva para que los socios del Ejecutivo introduzcan enmiendas que endurezcan el proyecto de ley aprobado el pasado 30 de agosto, en medio de la polémica. No en vano, elimina el permiso paterno para las menores de 16 y 17 años, crea registros de médicos objetores («listas negras», las llaman los populares), obliga a las comunidades a garantizar el aborto en todos los centros del Sistema Nacional de Salud y habilita una baja laboral por menstruación incapacitante.

Vox afirma en su enmienda de devolución que esta ley «desprecia el más fundamental de los derechos, en contra del derecho natural, del sentido común y de la sacralidad de la naturaleza humana (...). La iniciativa que aquí se enmienda constituye un nuevo ataque del Gobierno socialcomunista contra la vida más indefensa, la más vulnerable: la del no nacido. Un ataque que forma parte del asalto general que la izquierda está lanzando contra los fundamentos mismos de la moralidad de nuestra civilización en todos los países occidentales».

Se trata de una ley que, como desveló este periódico, supondrá un coste extra de 132.929.915 euros anuales para las arcas públicas: 1,15 millones de euros para el Estado propiamente dicho, 88,7 millones para la Seguridad Social y 43 millones más para las comunidades autónomas. Son cifras que calculó el propio Ministerio de Igualdad, como también que cada aborto saldrá por 380 euros.

Ni el PP, ni Vox, ni las asociaciones provida, ni tampoco las comunidades gobernadas por el PP fueron escuchadas por el departamento de Montero durante la redacción de un proyecto de ley que atañe a derechos fundamentales y que previsiblemente acabará recurrida ante el Tribunal Constitucional cuando esté en vigor.

De hecho, el Ministerio de Igualdad rechazó 52 alegaciones que presentaron la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Galicia al anteproyecto durante la fase de audiencia pública.

Tampoco fue consultado el Consejo de Estado, aunque el departamento de Montero reconoció en un documento publicado por este periódico que habría sido conveniente. «Por cuanto concierne a la posibilidad de recabarlo (el dictamen) se ha considerado que sería sin duda beneficioso para el proceso de elaboración de la norma, pero que en atención a la urgencia de la tramitación aprobada por el Consejo de Ministros y a la propia carga de trabajo del Consejo de Estado era preferible concluir la fase prelegislativa a la mayor brevedad posible, al efecto de que la norma pueda ser remitida a las Cortes Generales para su tramitación como proyecto de ley orgánica», sostenía Igualdad.

Así, la ministra Montero se ahorró otro posible rapapolvo del Consejo de Estado, que en junio emitió un análisis crítico con la Ley para la igualdad de las personas trans y la garantía de los derechos LGTBI. En él consideraba que todos los menores de 18 años debían contar con un informe judicial para cambiar de sexo, no solo los menores de 12 a 14 años. La respuesta de Igualdad fue hacer caso omiso al documento.