El último impuesto que se inventó el Gobierno fue un fiasco, según el director de la Agencia Tributaria

Tres días lleva el Gobierno de Pedro Sánchez atacando a Juanma Moreno por suprimir el impuesto de Patrimonio y deflactar el tramo autonómico del IRPF; acusando al presidente andaluz de «dumping fiscal» y de restar recursos a la Sanidad y la Educación.

«Mientras el Gobierno de España trabaja junto con la Comisión Europea para que las grandes multinacionales y energéticas contribuyan más, el PP regala en Andalucía casi 6.000 euros al 0,2% más rico. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros», presumió la ministra de Hacienda en el Senado.

Porque, mientras los socialistas salen en tromba contra Moreno y -de paso- contra Isabel Díaz Ayuso, el Ejecutivo sigue con el diseño de los nuevos impuestos temporales a la banca y a las energéticas. Ambos se están tramitando en el Congreso vía proposición de ley de los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos, al grito de que paguen los ricos. Como argumentario le sirve a la izquierda pero, ¿funcionarán en la práctica?

El precedente no es bueno. La última vez que el Gobierno de coalición se sacó un impuesto rimbombante de la chistera fue la famosa tasa Google; un impuesto pensado para -o contra- las grandes multinacionales tecnológicas, que grava un 3 % los servicios digitales. Y que empezó a recaudarse en 2021.

En su última comparecencia en el Congreso, el director general de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria reconoció que la tasa Google había sido un fiasco, porque su recaudación no se había acercado, ni de lejos, a las previsiones del Ejecutivo. «El impuesto sobre determinados servicios digitales no cumplió las expectativas de ingresos que nosotros habíamos estimado en un principio». «El resultado recaudatorio ha quedado muy por debajo del previsto», señaló Jesús Gascón en una comparecencia en la Comisión de Hacienda.

Entonces, como ahora, se trató de un impuesto jaleado por la izquierda con el que Hacienda anunció que recaudaría 968 millones de euros más al año. La realidad fue que en su primer ejercicio en vigor lo recaudado ascendió a cuatro veces menos, 240 millones.

El director de la Agencia Tributaria argumentó que los cálculos fallaron tanto porque la AEAT tomó como referencia la información macro que manejaba la UE sobre las expectativas recaudatorias de un impuesto europeo. «No es excusa porque podríamos haber utilizado otro sistema de análisis», añadió Gascón en un arranque de sinceridad. «No solo eso, sino que luego le aplicamos unos coeficientes multiplicadores porque pensábamos que la actividad en España iba a ser superior a la media. Nos equivocamos y esas expectativas no se cumplieron».

En su defensa y en defensa del Gobierno matizó, no obstante, que cuando se pone en circulación un nuevo impuesto y se empieza a aplicar, «el año uno no es el mejor año para evaluar sus efectos. Suele haber problemas, incluso en empresas de cierto nivel, para cumplir las obligaciones y declarar correctamente. Según va transcurriendo el tiempo, se va regularizando la situación y el comportamiento es mejor». Aunque en este caso no habrá lugar, porque España ha pactado suprimir la tasa Google antes del 31 de diciembre de 2023.

Lo más irónico es que la vicepresidenta económica ha puesto como ejemplo la tasa Google a la hora de «armonizar» el impuesto a las energéticas que ultiman el PSOE y Unidas Podemos con el anunciado por la Comisión Europea (el primero grava los ingresos y el segundo, los beneficios, he ahí la diferencia). «El Gobierno adaptará los impuestos a las energéticas y a la banca durante la tramitación parlamentaria de la proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos o mediante una cláusula de transición a la normativa comunitaria cuando ésta esté aprobada, como se hizo con la denominada tasa Google», aclaró hace unos días Nadia Calviño.