Cuatro vocales del CGPJ, claves para el desbloqueo de los nombramientos del Constitucional

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sigue en el punto de mira por el bloqueo en la renovación de una parte del Tribunal Constitucional que, una vez consumada, facilitará una mayoría progresista durante los próximos años. Al órgano de gobierno de los jueces le corresponde renovar dos magistrados –junto con los otros dos que designará el Ejecutivo central– y, más allá de los tiempos, que no han respondido a las expectativas impuestas por Pedro Sánchez, con fecha límite el pasado 13 de septiembre, el acuerdo avanza a fuego lento. La visita del comisario europeo de Justicia, el belga Didier Reynders a nuestro país a finales de esta misma semana se presenta como una cita clave para desencallar la parálisis institucional. Mientras tanto, en el seno del Consejo, cuatro votos serán clave para cumplir con la obligación legal de los nombramientos a la Corte de Garantías y, entre ellos, el de su propio presidente, Carlos Lesmes, quien ha puesto su dimisión encima de la mesa, una vez formalizados.

De los 18 miembros que actualmente lo integran –con las vacantes provocadas por la salida de Rafael Fernández Valverde, tras su jubilación y de Victoria Cinto Lapuente, recientemente fallecida– ocho pertenecen al bloque conservador, que se ha pronunciado en todo momento a favor de «cumplir la ley» pero de acuerdo a sus «propios plazos»; y, otros siete al sector de izquierdas que, por el contrario, ha puesto ya un listado de candidatos concretos sobre la mesa.

Hasta la fecha, ambas sensibilidades han mantenido posiciones discrepantes e inamovibles, aunque conciliadoras, lo que en términos aritméticos ha imposibilitado una votación real. Se requieren un total de 12 apoyos para formalizar la designación efectiva de cada uno de los candidatos.

Así las cosas, y de cara a los próximos Plenos previstos los días 29 de septiembre, en convocatoria ordinaria, y 3 de octubre, extraordinaria, el movimiento de cuatro vocales será determinante para avanzar.

Tres de ellos, de entre los consejeros que no todavía no se han pronunciado a favor de ninguna posición podrían ser el propio presidente Lesmes, que en caso de empate ejerce voto de calidad, por una cuestión de neutralidad como presidente que podría abandonar en las próximas fechas; Wenceslao Olea, que movería ficha una vez lo haga la Presidencia y en el mismo sentido que ésta; y, Vicente Guilarte que, sin adscripción determinada, se inclinaría por respaldar a la mayoría matemática para asumir la obligación legal aún pendiente. Un último voto, como mínimo, tendrá que ser conquistado por los progresistas de entre sus compañeros del sector opuesto para unirse a sus propuestas de nombres concretos y salvar el trámite.

La salida de Lesmes, en marcha

Por su parte, el todavía presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, se ha reunía con sus compañeros del Supremo, los presidentes de las secciones del Alto Tribunal –como lo hará este viernes con los miembros del CGPJ– en la que podría haber sido la última convocatoria de la Sala de Gobierno, antes de su dimisión. Y lo hacía para informarles sobre el resultado del informe emitido por el Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, a petición del propio Lesmes, establece la hoja de ruta a seguir ante su «eventual sustitución en la titularidad de la presidencia de ambas instituciones» que, de consumarse, recaería por razones de antigüedad en el presidente de la Sala Primera de lo Civil, Francisco Marín Castán. Mientras tanto, el plan de Sánchez para hacerse con el control de un Constitucional que tendrá que decidir sobre sus leyes más ideológicas sigue en marcha.

El Pleno de los magistrados avalaba por unanimidad las conclusiones del dictamen: «La Sala de Gobierno toma conocimiento y comparte el informe del director del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial».

Aunque, al mismo tiempo, los magistrados lamentaron «profundamente que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial», al que respaldan, «pueda verse abocado a renunciar al cargo» y mantienen viva su confianza «en que el Congreso de los Diputados y el Senado cumplan sin más demora sus obligaciones constitucionales antes de llegar a este punto».