Sánchez y Aragonès afinan la fórmula para un referéndum pactado: la idea se la dio Iceta

«Ha llegado el momento de volverlo a hacer». Con estas palabras anunció el presidente de la Generalitat este martes en el Parlament un 'nuevo amanecer' para el independentismo catalán: la propuesta de un referéndum pactado con el Gobierno de Pedro Sánchez, inspirado en la Ley de Claridad (Clarity Act) que aprobó Canadá para Quebec en el año 2020.

Rápidamente las miradas y las preguntas se dirigieron al Ejecutivo central. La portavoz, Isabel Rodríguez, se limitó a recordar a Pere Aragonès que el «marco» de las negociaciones es la mesa de diálogo, «donde seguimos avanzando en aras a la normalización», según Rodríguez. Después añadió: «Ellos mantienen sus pretensiones de máximos, que no son en absoluto compartidas por el Gobierno».

Eso desde Madrid. Desde Barcelona, el secretario general del PSC, Salvador Illa, se apresuró a desdeñar la iniciativa de Aragonès. «No resuelve nada, es un déjà vu», le replicó. También pidió al presidente de la Generalitat que haga una «política del respeto por la verdad» y huya de «promesas inalcanzables».

Los caminos van convergiendo

Sin embargo, más allá de la sobreactuación del Gobierno y del PSC, los caminos de ERC y de los socialistas van convergiendo. La propuesta que este martes hizo Aragonès es, en realidad, de Miquel Iceta, el anterior líder del PSC y aun hoy asesor áulico de Sánchez en lo que se refiere a la cuestión catalana. De hecho, es miembro permanente de la mesa de diálogo entre ambos gobiernos.

Ello viene a corroborar la información que ha estado desvelando El Debate desde el jueves pasado: detrás del afán de Sánchez por controlar el Tribunal Constitucional está su pacto secreto con ERC para celebrar una consulta futura en Cataluña (y, más adelante, también en el País Vasco). El presidente del Gobierno necesita una mayoría de izquierdas en el TC para que permita y valide una consulta que tensaría al extremo las costuras de la Carta Magna.

Que Sánchez siga en la Moncloa es condición sine qua non: el artículo 149 de la Constitución confiere al Estado la potestad exclusiva para la «autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum».

En el verano de 2016, Iceta enarboló por primera vez la Ley de Claridad canadiense como solución alternativa, si las partes no llegaban a un acuerdo para una reforma de la Constitución con un nuevo encaje para Cataluña. Básicamente, la propuesta del entonces secretario general del PSC era que las Cortes aprobaran unas reglas del juego para un referéndum pactado en Cataluña (qué pregunta, qué participación mínima para darlo por bueno y qué porcentaje a favor) y que el Gobierno acatara el resultado.

«La ley de la claridad dice que un referéndum sobre la secesión tiene que tener pregunta muy clara, mayoría muy clara y si se opta por la secesión tiene que haber una negociación que no necesariamente termina en independencia», explicó el propio Iceta en una entrevista en El Periódico de Catalunya el 5 de julio de 2016.

La vía canadiense que propuso Iceta en 2016 provocó un terremoto en el socialismo

Aquello provocó un terremoto en el socialismo, puesto que el PSC lo puso negro sobre blanco en el borrador de la ponencia política del Congreso que el partido iba a celebrar en noviembre. Hablaba, en concreto, de que «una ley de claridad como la canadiense» podría ser un buen plan B. Cuando Sánchez fue expulsado de la Secretaría General del PSOE en octubre de ese año, la gestora comandada por el asturiano Javier Fernández obligó al PSC a eliminar esa alusión.

Por aquel entonces, los independentistas despreciaron la idea de Iceta. Quedaba un año para el referéndum ilegal. Este martes, por el contrario, el presidente de la Generalitat la definió como la «herramienta» que necesita Cataluña para dar solución al «conflicto político con el Estado».

La última reunión de la mesa de diálogo entre ambos gobiernos, la tercera de la legislatura, se celebró el 27 de julio. Oficialmente, el Gobierno de Sánchez sostiene que en esos encuentros no se habla de referéndum ni de consulta, sino de «las cosas de comer», como las llamó este martes la ministra Rodríguez. Y también de «superar la judicialización» –así, en abstracto– y de proteger e impulsar la lengua catalana, que fueron los dos grandes acuerdos adoptados en julio (según la Moncloa).

En las tres reuniones hasta la fecha ha participado como miembro de la delegación gubernamental Miquel Iceta, el inventor de la «Ley de Claridad» para Cataluña. La misma que ahora ha hecho suya Aragonès. Además, justo dos meses después de aquel último encuentro entre ambos gobiernos.

El Debate ha revelado también los nombres que Sánchez tiene en mente para hacer el Constitucional más sensible y permeable a la causa del independentismo catalán. Uno es el magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés, que sería a propuesta del CGPJ. También Joan Egea, catedrático de Derecho Civil y presidente del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña; y Jaume Vernet, catedrático de Derecho Constitucional y miembro del mismo Consejo.