José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores
Ley de Ciberseguridad
El Gobierno oculta si contratará a Huawei, tecnológica china cuya vicepresidenta en España es la pareja de Albares
El gigante asiático fichó a Therese Jamaa, que mantiene una relación sentimental con el ministro de Exteriores, dos meses antes de que el Gobierno aprobara de la Ley de Ciberseguridad
El Gobierno de Pedro Sánchez aún no ha aclarado si contará con Huawei, en el punto de mira por sus conexiones con el Gobierno de China, para formar parte de la lista de proveedores de red 5G en el territorio nacional. La filial española del gigante tecnológico chino tiene como su actual vicepresidenta a la pareja del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que tendrá que abstenerse si el Consejo de Ministros tramita algún asunto que afecte directamente a la compañía. En estos momentos, el Ejecutivo estudia qué empresas serán autorizadas para tejer las conexiones virtuales y cuáles vetadas por constituir un «riesgo estratégico».
El pasado 30 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto Ley de Ciberseguridad. Se trata de una normativa que establece los requisitos de seguridad para la instalación, el despliegue y la explotación de redes y servicios basados en la tecnología 5G. Esta medida fue aprobada pocas semanas después del inicio de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El Gobierno actuó de inmediato ante el «incremento considerable de riesgo» de que España recibiera ciberataques por motivos geoestratégicos.
La normativa fijaba un plazo de tres meses al Ejecutivo para que diese conocer quiénes son los suministradores de equipamiento 5G considerados un «riesgo estratégico». Es decir, el nombre de las compañías que serán vetadas. Para decidir qué empresas tecnológicas podrán operar en España se tendrá en cuenta tanto motivos técnicos como la vinculación de los proveedores con terceros países, unos requisitos que abren la puerta a que se pueda negar la concesión a compañías de origen chino como, por ejemplo, Huawei.
Dos meses antes de la aprobación de la norma, la filial de Huawei en España fichó como vicepresidenta de la compañía a Therese Jamaa, pareja sentimental de de José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores. Un cargo de nueva creación que aceptó en enero de este año. Por este motivo, cualquier decisión del Consejo de Ministros que afecte a Huawei obligará a Albares a abstenerse. De momento, el Ejecutivo no ha adoptado ninguna medida que afecte directamente a la compañía.
Desde la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, dirigida por Roberto Sánchez, prevén contar con esa lista de empresas a finales de año o, como muy tarde, a comienzos de 2023. En cualquier caso, no tienen previsto revelar quiénes integran el listado, ya que su conocimiento es «materia sensible» para las operadoras de telecomunicaciones españolas, pues son datos que condicionan la firma de futuros acuerdos con proveedores de red o de la modificación de sus actuales infraestructuras.
En el punto de mira
A principios de 2018, el Gobierno de Estados Unidos acusó a Huawei de espionaje. Para ello, explicó que usaba su infraestructura y tecnología para tener acceso a secretos industriales, datos de los usuarios y otra información confidencial. La tesis de Washington es que este gigante tecnológico entrega los datos que obtiene a la República Popular China. Cabe destacar que algunas leyes chinas exigen a sus empresas «brindar asistencia con el trabajo relacionado con la seguridad del Estado».
Oficinas de Huawei en Madrid.
De esta manera se demostraría la conexión entre la compañía y un país extranjero, una de las consideraciones que establece España para no ser proveedor de la conexión 5G. Otro de los motivos por los que los estadounidenses han arrinconado a la tecnológica es precisamente la cuestión por la que ahora está en el punto de mira en España. Huawei fue vetada dentro del despliegue de las redes 5G en Estados Unidos bajo el argumento de que podía utilizar dicha infraestructura para «espiar, alterar o robar información» para posteriormente suministrarla al Gobierno del Partido Comunista Chino.
De hecho, el Departamento de Justicia estadounidense llegó a acusar al gigante asiático de «poner en marcha un esquema de crimen organizado en detrimento de la seguridad del Estado (...) al realizar esfuerzos durante décadas para robar todo tipo de secretos». Australia, Nueva Zelanda, Japón, el Reino Unido o Suecia también han prohibido el uso de equipos Huawei en los sistemas informáticos de sus servicios gubernamentales.
Polonia es otro de los países que mantienen la misma línea de recelo hacia Huawei. En junio de este año, los tribunales polacos juzgaron a un directivo de la multinacional de espiar para el Gobierno chino. Según el fiscal del caso, aprovechó su puesto como jefe de ventas dentro de la compañía tecnológica para «tratar de influir» en Varsovia extendiendo el uso de la tecnología de la empresa china para permitir al país asiático «el control de la infraestructura técnica».
