El doble juego de Lesmes: de proponer el candidato progresista al Constitucional a 'colar' uno propio antes de irse

Una vela a dios y otra al diablo. El «doble juego» en el que parece haberse instalado el todavía presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha llevado al magistrado a un callejón sin salida. El jurista apura sus últimas horas al frente de una institución demolida tras sumarse al veto del Gobierno sobre su potestad de nombramientos discrecionales, el ultimátum de una dimisión que, prevista el día 5 de octubre como avanzó El Debate, no ha terminado de consumarse. Lesmes «contaba con tener cerrada este miércoles la designación» de los dos jueces del Supremo que saldrán con destino al Constitucional, pero «como su objetivo es ése» y, hasta la fecha, le han fallado las maniobras orientadas a lograrlo, «irá moviendo la fecha de su salida según se aproxime o se aleje» de dicho objetivo, apuntan a El Debate fuentes próximas al presidente del Consejo.

Para lograrlo, Lesmes se debate ahora entre apoyar al candidato del sector progresista que él mismo preparó como propuesta de consenso, José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat. O, bien, respaldar al que los que le conocen consideran su apuesta «personal», el juez Pablo Lucas Murillo de la Cueva quien, pese a su marcada sensibilidad de izquierda, mantiene una estrecha amistad con el presidente. Ambos son los dos nombres que, realmente, pugnan por hacerse con una plaza en la Corte de Garantías.

Más allá de la escenificación calculada, con una lista inicial de nueve opciones, los progresistas ya han avanzado que concretarán, en breve, a su «único» designado. Ambas posibilidades son las que, hoy por hoy, «le provocan un conflicto interno» al presidente del Supremo.

Sea cual sea la opción definitiva, la jugada necesitará del voto del todavía presidente dado que, por el momento, el bloque de ocho consejeros conservadores no ha movido ficha para plantear nombres propios, ni parece que pueda hacerlo en breve. Así las cosas, Lesmes habría estado «maniobrando» en los últimos días «para que alguien se sume al voto de la izquierda» que necesita mayoría de dos tercios –esto es, doce apoyos– para consumar la designación de una pareja de magistrados con destino al Constitucional.

El presidente «no está siendo claro», apuntan fuentes próximas a la institución. Las mismas que lamentan que «el nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional se haya convertido en algo tan poco serie como jugar al engaño y poner amigos». «Parece que hay quienes consideran que eso es alta política de Estado», añaden.

Dimitir o no dimitir

La visita del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, a España, la pasada semana, era el último cartucho en el que los diferentes actores depositaban su confianza para desencallar la crisis del Poder Judicial, antes de aplicar medidas más drásticas. La llegada del belga en pleno bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para la renovación del Tribunal Constitucional (TC) no sólo era una magnífica oportunidad de mediación a la que se entregaban, entre otros, buena parte de los vocales conservadores del Consejo, sino que todo apuntaba al principio del fin del mandato de su presidente. El propio magistrado confirmó al comisario sus planes de renuncia, en su encuentro institucional del viernes 30 de septiembre.

Lesmes, quien en la apertura del Año Judicial amenazó con irse «en cuestión de semanas» si Gobierno y oposición no alcanzaban un acuerdo para designar un nuevo órgano de los jueces, con plenas facultades, planeaba pulsar el botón rojo de su salida el 5 de octubre. Y lo hacía con el propósito de dejar el Constitucional renovado, y controlado por el Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez.

Nada ha cambiado desde entonces, a la espera de conseguir su último propósito institucional. No en vano, tan sólo un día después de que El Debate adelantase la fecha prevista para sus salida, el propio Lesmes convocaba tanto a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo como al Pleno del Consejo para informarles sobre la hoja de ruta establecida con posterioridad a su marcha.

Sin embargo y pese al apoyo unánime de sus compañeros del Alto Tribunal, representados en los presidentes de cada una de las Salas, cinco, que lo componen, los vocales del Consejo se manifestaban reacios a la propuesta del informe técnico que, previo encargo del propio Lesmes, recomienda que su sustituto único al frente del mandato institucional, en funciones, sea el titular de la Sala Primera, el magistrado de mayor edad de los presidentes, Francisco Marín Castán.

Un doble dilema

Así las cosas, su marcha impondría el completo dominio del Gobierno PSOE-Podemos sobre una Corte de Garantías de mayoría progresista –consumado el vuelco del actual equilibrio de fuerzas– llamada a decidir si tumba, o no, sus leyes más ideológicas.

Además, si Lesmes cumple con su ultimátum, dejará descabezado al CGPJ forzando su renovación inevitable pero consciente de que, en el escenario actual, el órgano quedaría tremendamente debilitado sin consenso sobre su posible sucesor en el cargo. Su afín Francisco Marín Castán, como recomienda el informe del Gabinete Técnico para ambos puestos; o, Marín Castán para el Supremo y Rafael Mozo, el vocal más antiguo designado a propuesta de los socialistas, para el Consejo.

De darse esta última opción, Lesmes es consciente de que no sólo entregaría en bandeja el Constitucional, pese a ver frustradas sus propias expectativas de ser candidato propuesto, sino también el gobierno de los jueces. Un dilema en el que haga lo que haga, pierde.

Entre tanto, Ciudadanos y el Partido Popular le piden que no sucumba a las presiones externas, mientras reclaman el compromiso político de Sánchez –quien todavía no ha dado a conocer los nombres de sus dos candidatos a la renovación del Constitucional pendiente– para cumplir con las exigencias de Bruselas y que los doce vocales de procedencia judicial sean elegidos «por sus pares» sin injerencias externas.