El Gobierno usa la vacante del Constitucional que corresponde al PP para presionar en la renovación del Poder Judicial

El fracaso de la Operación Lesmes, con la que el Gobierno planeó descabezar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombrando a su presidente magistrado del Constitucional, previa designación de los dos nombres que al órgano le corresponde proponer dicho Tribunal, marcó un antes y un después en las posiciones de PSOE y PP en una crisis institucional que, hoy por hoy, está peor que nunca.

Sin embargo, lejos de rendirse en su empeño por reemplazar a los vocales del Consejo, el Ejecutivo socialista parece haber encontrado una segunda vía con la que presionar a los de Alberto Núñez Feijoo, que renuncien a la reforma del sistema de elección, y sentarse a negociar el habitual intercambio de 'cromos'. La plaza vacante en la Corte de Garantías que dejó el juez Alfredo Montoya por enfermedad, el pasado mes de junio, se ha convertido en la excusa perfecta. O los populares levantan a sus líneas rojas previas o, de lo contrario, corren el riesgo de perder a uno de sus actuales miembros en el Constitucional con lo que la futura y eventual mayoría progresista del Tribunal, tras su renovación, sería todavía más adversa a los conservadores quedando instalada en un cómputo de 8 a 4.

Para el Gobierno, Carlos Lesmes, el todavía presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, podría ser «además» el candidato de «consenso» perfecto para enviar al Constitucional si, una vez recuperada la mesa bilateral del diálogo con la oposición, el Senado impulsa el trámite -ya iniciado- con el que elegir al sucesor de Montoya en el cargo. Una posibilidad que, cada día cobra más fuerza entre quienes critican, con dureza, la posición de Lesmes por no haber cumplido todavía la fecha límite que él mismo se dio para abandonar sus responsabilidades al frente del CGPJ.

Lesmes aseguró a su círculo de confianza en el Supremo que se iría el pasado día 5 de octubre, como tarde, o antes del final de esa misma semana «aunque fuera sin nombrar» a los dos candidatos del Alto Tribunal que deben salir con destino al Constitucional, pero no ha consumad o su ultimátum. Fuentes de toda solvencia apuntaron, entonces, a un interés del presidente del Consejo –que «no está siendo claro» en su doble juego– por dimitir con las designaciones hechas para «contentar al Gobierno» y, así las cosas, las piezas parecen encajar.

Ante este escenario y mientras el Senado ya ha activado el procedimiento para cubrir la quinta vacante del órgano, el Gobierno estaría advirtiendo ya que en ausencia de pacto entre populares y socialistas, para desencallar la prórroga del CGPJ, el PP perderá esta plaza. Génova reclama su cuota y no está dispuesto a renunciar a ella porque Montoya Melgar fue propuesto por ellos para ser nombrado magistrado del Constitucional. Mientras, el Gobierno amenaza con ponerla en riesgo si los de Núñez Feijoo no se pliegan, consciente de que para sacar adelante cualquier propuesta de sucesor hace falta una mayoría de tres quintos en la Cámara Alta que el PP no tiene, salvo que les apoyen.

Cobran fuerza las voces que apuntan a una vuelta del PSOE y el PP a las negociaciones para renovar el CGPJ, «más pronto que tarde»

De cumplirse las previsiones del Ejecutivo, el Partido Popular quedaría especialmente debilitado en la correlación de fuerzas del Constitucional. Del ordinario 7 a 5 que favorecerá a los progresistas una vez reemplazados los cuatro magistrados del tercio cuyo mandato caducó en junio –dos designados por el Gobierno y dos por el CGPJ– si la plaza de Montoya no cae del lado de los conservadores, la brecha será todavía mayor. Habría ocho magistrados progresistas y cuatro conservadores. Una hegemonía de la izquierda que no se perdería ni aún en el hipotético caso de que uno de los magistrados de izquierda votase, en algún momento, en un sentido contrario al del resto de su bloque.

El Gobierno sabe de la importancia de controlar la aritmética de la Corte para cumplir con sus promesas de «consulta pactada» a los separatistas catalanes y salvar, en una futura legislatura de otro signo político, la aplicación de sus leyes más ideológicas, hoy por hoy, recurridas hasta en cincuenta ocasiones por inconstitucionalidad.