El Senado rechaza la moción de Vox para exigir que los sindicatos hagan pública su información económica

Vox ha presentado este jueves en el Senado una moción para exigir que los sindicatos tengan la obligación de hacer pública «toda la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria», entre lo que se incluyen los sueldos y las retribuciones de los altos cargos de las organizaciones sindicales.

No obstante, los grupos parlamentarios de la Cámara Alta han votado en contra, quedando rechazada la moción de la formación de Abascal. La senadora de Vox, Pepa Millán, ha reprochado la «hipocresía de los partidos de siempre» que es «cómplice de la mafia sindical de siempre», ha expresado a través de su cuenta de Twitter.

El partido que preside Santiago Abascal considera que los sindicatos tienen la obligación de hacer pública, como mínimo, «la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria», sobre todo «los que con mayor frecuencia se han deslizado las prácticas y tramas de corrupción, y el mal uso de los recursos públicos: contratos, convenios, subvenciones y ayudas públicas». En este sentido, Vox denuncia que, por ejemplo, el sindicato UGT «lleva desde 2019 sin publicar sus cuentas anuales».

Vox pide que el Gobierno promueva la reforma de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, con el objetivo de que los sindicatos y las asociaciones empresariales estén obligados a hacer pública tal información para que sea conocida «no solo por los afiliados, sino por el conjunto de la sociedad».

La formación conservadora cree que es «especialmente importante» que estas entidades aumenten su transparencia en lo que respecta a «las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre ellos se emitan».

También, «los presupuestos, con descripción de las principales partidas e información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución» y «las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables», así como las «indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo», y la información relativa a contratos y subvenciones y la memoria de actividad.

Por otro lado, según explica el partido, pide asimismo que se obligue a crear un protocolo y un código ético interno en estas entidades que posibilite «depurar responsabilidades» de forma rápida en un caso de corrupción.