Negociación con el Código Penal
Maniobra de Sánchez: reducir a la mitad el castigo por sedición para que ERC apoye sus Presupuestos
El Gobierno camufla la rebaja de pena a cambio de los votos de Esquerra aduciendo que pretende «homologar» con el resto de legislaciones europeas la condena por este delito
La operación está en curso y ya ha comenzado una serie de declaraciones por parte de miembros del Gobierno para preparar a la opinión pública ante el próximo paso. Comenzó el pasado día 20 la ministra de Justicia Pilar Llop cuando los medios le preguntaron si se va a comprometer el Gobierno a reformar el delito de sedición para que ERC vote a favor de los presupuestos generales del Estado.
Aunque Llop primero cubrió las espaldas del Ejecutivo aduciendo que «los presupuestos van por su lado y la reforma de la sedición van por el suyo», acto seguido recordó que sobre la misma «se viene trabajado internamente a nivel técnico» en el Ministerio de Justicia desde antes de ser nombrada ella ministra «porque necesita una revisión».
Llop explicó entonces que la sedición está castigada con «penas desproporcionadas respecto al resto de conductas tipificadas como delitos contra el orden público y respecto a otras tipificadas como desórdenes públicos y desobediencias en otros países de Europa».
«Por tanto tenemos que homologarnos en términos democráticos jurídico-penales a otros países europeos con unas penas adecuadas a las conductas que se consideran sediciosas», insistió Llop en su declaración a los medios durante la pasada semana.
Sánchez: No pero... Sí
El siguiente paso lo dio el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez, dando eco a la tendencia apuntada por Llop, pero queriendo borrar las causas de la reforma penal, agradeció primero el pasado viernes a PNV, EH Bildu y ERC que hayan renunciado a presentar enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023. Lo hizo, eso sí, desligado el apoyo de esta última formación de la reforma del delito de la sedición en el Código Penal.
En rueda de prensa, tras participar en la sesión de trabajo del Consejo Europeo, Sánchez señaló que «nada tiene que ver» la respuesta que suponen las cuentas para 2023 con otras cuestiones de homologación a Europa del Código Penal español.
Sánchez, prosiguiendo el argumento de Llop, aseguró que el Gobierno mantiene su compromiso de reformar el Código Penal en los delitos en los que no es «homologable» con las principales democracias europeas cuando cuente con la mayoría parlamentaria para hacerlo, algo, ha dicho, que «a día de hoy parece que no tenemos».
ERC, más cerca de la negociación
Ciertamente, Pedro Sánchez no dispone de esos apoyos a día de hoy, pero no es descartable que los tenga en un futuro próximo, máxime cuando la portavoz de ERC, Marta Vilalta, afirmó este pasado sábado que, si su partido no veta los Presupuestos del Estado, es para seguir negociando su contenido, desde el convencimiento de que «el 'no a todo'» no sirve para avanzar, y que Esquerra gana las elecciones con el compromiso de «ser útiles» a la gente.
Sobre los Presupuestos del Estado, indicó que la voluntad de ERC es seguir negociando y que el Gobierno cumpla los compromisos adquiridos anteriormente, por ejemplo en materia de inversiones ejecutadas, ya que considera que hay «margen de negociación y para poder construir confianzas que nos permitan obtener resultados y soluciones».
La tácita confirmación de Junts
Que el secreto a voces de la modificación del delito de sedición está en marca lo ha venido a confirmar el pasado domingo el secretario general de Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Turull, cuando ha abogado por que se derogue, en vez de que se modifique, el delito de sedición, por el que Turull fue condenado a doce años de prisión.
Turull realizó esta consideración en declaraciones a los periodistas en Valls, Tarragona, con motivo de la celebración de la diada castellera de Santa Úrsula 2022, donde ha loado «la fuerza, el valor, el equilibrio y el 'seny' (cordura)» de los castellers.
Para eliminar el delito de sedición, consideró Turull, «no se requieren demasiados estudios» y, en cambio, si se modifica se puede «seguir penalizando o criminalizando lo que son derechos y libertades fundamentales que en Europa no están penalizados».
Illa explicita a Sánchez
El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «cumplirá» su compromiso de reformar el delito de sedición en el Código Penal y ha recordado que la legislatura aún no ha acabado.
En una entrevista concedida para 'El Periódico' este domingo, Illa lo ha considerado acertado, pero no ha querido entrar en detalles sobre cómo debería ser: «Será una decisión que deberá tomar el Congreso, no el Consejo de Ministros o el Gobierno».
Illa ha reiterado que el PSC quiere negociar los Presupuestos 2023 con el Govern del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès: «Mi predisposición va en serio, no es una posición retórica ni estética».
La lectura del PP: verde y en botella
La reacción de la oposición ante estas crecientes insinuaciones no ha tardado en producirse. La secretaria general y portavoz en el Congreso del PP, Cuca Gamarra, se preguntó este sábado si «el precio que está dispuesto a pagar» Pedro Sánchez por el apoyo de ERC a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) es reformar el delito de sedición.
En un acto de partido en Canarias, Gamarra indicó que Sánchez «tiene que dar muchas explicaciones» sobre las negociaciones para sacar adelante los PGE, entre ellas si «ese compromiso personal con los independentistas» es que con la citada reforma aquellos que tienen «deudas pendientes con la justicia les va a salir gratis». Gamarra insistió en que «los españoles tenemos derecho a conocer con quién, cuándo y qué significa» ese compromiso personal al que se refiere Sánchez.
Este análisis lo comparte el presidente nacional del PP. Alberto Núñez Feijóo cree que la reforma del delito de sedición, de llevarse a cabo, supondrá «el mayor atentado a la igualdad y libertad en España», según destacó este domingo en Lleida, donde reivindicó que «todos debemos ser iguales ante la ley».
En la clausura del 13 Congreso provincial del PP de Lleida, el dirigente popular se pronunció en estos términos ante el «compromiso» que considera hay para reformar el delito de sedición, para que «si un político comete un delito no se le aplique una pena».
Feijóo aseveró que, empezando por los políticos, «todos debemos ser iguales ante la ley», porque «cumplir la ley es garantía de libertad y de igualdad. Es inaceptable que el Gobierno comercie con los derechos de los ciudadanos».
Asimismo, ha afirmado que es «inaceptable que un gobierno pacte no cumplir la Constitución en una parte de España, de igual manera sería inaceptable que un gobierno no cumpliera el Estatut en Cataluña o que el Gobierno central ejerza de salvavidas al gobierno de Cataluña».
Rufián pone la guinda confirmatoria...
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha defendido que los Presupuestos de 2023 son «la principal palanca» para presionar al PSOE y defiende negociarlos. En una entrevista en La 2 y Ràdio 4 de este lunes, ha lamentado que «el PSOE no hace, se le debe doblar constantemente» y ha defendido que la renuncia de los republicanos a presentar una enmienda a la totalidad de las Cuentas da tiempo y espacio a mejorarlas.
Sobre la reforma del delito de sedición, si bien ha abogado por hacerla lo antes posible, ha rechazado fijar plazos y, preguntado por si será una condición necesaria para que los republicanos aprueben los PGE, ha replicado: «La única condición de ERC es avanzar, mejorar los presupuestos a nivel social y avanzar en el conflicto político».
En esta línea, ha insistido en que ERC debe dar respuesta a la situación económica y al conflicto político: «Tenemos que intentar estar en todo». Asimismo, ha acusado al PSOE de incumplir los acuerdos alcanzados con los republicanos pero ha avisado de que Catalunya no estaría mejor con un Gobierno de PP y Vox, por lo que ve en las negociaciones una ventana de oportunidad: «Esto no significa que nosotros seamos responsables de las decisiones del PSOE, somos responsables de sus buenas rectificaciones».
... E Iceta y Marlaska hacen otro tanto
El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha recalcado este lunes en Barcelona que la reforma del delito de sedición recogido en el Código Penal que se ha comprometido a llevar a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez no es una «amnistía», si no que se trata de «ajustar nuestra legislación a la de los países europeos».
A preguntas de los periodistas, el ministro se ha referido en estos términos a la información publicada por El País sobre la posibilidad de reducir a la mitad la pena de sedición, en un momento en el que se están negociando los Presupuestos Generales del Estado para 2023.
El dirigente socialista ha recordado que Sánchez se comprometió a una reforma del Código Penal que «homologue, entre otros, el delito de sedición al planteamiento que se hacen en otros ordenamientos jurídicos, lo que no tiene que ver con el debate parlamentario».
Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reconocido este lunes que «se está estudiando» la fórmula para introducir cambios en la tipificación del delito de sedición, aunque ha remarcado que está condicionado por el análisis del entorno jurídico del resto de países europeos y por el necesario «consenso interno» en España.
En declaraciones a los periodistas, durante su asistencia en Ávila al acto de inauguración del Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional en Ávila, el ministro ha subrayado que «toda modificación del Código Penal requiere un consenso».
En el mismo sentido, Grande-Marlaska ha añadido que esos cambios también se ven condicionados por «el ordenamiento jurídico de los países más cercanos», en referencia al marco de la Unión Europea, para «compartir definiciones de delitos».
El pulgar hacia arriba de Bildu
La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha afirmado que su grupo ha decidido «no obstaculizar» la tramitación de los presupuestos generales del Estado (PGE) tras percibir «receptividad» en el Gobierno de Pedro Sánchez, si bien ha precisado que no supone que tenga su «voto asegurado». Asimismo, ha dicho que la política penitenciaria «no está en la negociación presupuestaria».
En una entrevista concedida a Radio Euskadi, la diputada de EH Bildu ha explicado que su grupo ha decidido no presentar enmienda a la totalidad al proyecto de PGE ya que ha percibido «voluntad de negociar, de llegar a acuerdos» por parte del Gobierno.
De este modo, ha afirmado que se ha dado una «buena» receptividad a los planteamientos que ha realizado, y que empezarán a negociar «desde hoy mismo», lo que «allana el camino» y, por ello, EH Bildu ha optado por «no obstaculizar el trámite presupuestario». En todo caso, ha precisado que eso no quiere decir que tengan su «voto asegurado». «Lo veremos. En principio la receptividad es buena e iremos viendo en estos días», ha señalado Aizpurua.