La intención de abaratar la sedición de Sánchez revienta las negociaciones con el PP sobre el CGPJ

A las ocho y media de la tarde de este jueves la renovación del CGPJ volvía a quedar en suspenso. A través de un comunicado, el Partido Popular informaba de la decisión provocada por la declaración de intenciones reiterada del presidente del Gobierno de abaratar las penas por sedición. Todo ello, apenas unas horas más tarde de la aprobación del Presupuestos Generales del Estado (PGE) gracias, entre otros, al apoyo de ERC.

Ya a mediodía el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sorprendía con la promesa de –justo al contrario que los socialistas– endurecer las penas por sedición y considerar delito el simple hecho de convocar un referéndum ilegal aunque este no llegase a celebrarse. Los populares se distanciaban así de la posición del Gobierno mientras Sánchez, en Pretoria, afirmaba que el pacto para la renovación del CGPJ estaba cerrado a la espera de la firma de los populares. Ambas declaraciones chirriaban entre sí y, finalmente, el PP emitía un primer comunicado en el que negaba que existiese un documento elaborado que sellase la negociación.

El segundo escrito hecho público por los populares ponía punto y aparte a las conversaciones. «Quedan suspendidas a la espera de que el PSOE decida si en el ámbito institucional quiere avanzar con un partido constitucionalista», apuntaban desde Génova.

El comunicado emitido por el PP daba por rotas –al menos por el momento– las negociaciones que hasta ahora mantenían el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de acción institucional del PP, Esteban González Pons.

Esa misma tarde el presidente del Gobierno había llamado por teléfono a Alberto Núñez Feijóo para «actualizar el estado de las conversaciones respecto a un cambio legislativo para garantizar la independencia judicial, así como para la renovación de los órganos pendientes». Una actualización que dio como resultado la marcha atrás del acuerdo que estaba en negociación entre ambos partidos.

En su comunicado el PP se mostró duro y afeó que «aunque el presidente Sánchez era plenamente consciente de ello cuando anunció erróneamente que el acuerdo estaba hecho», Feijóo le había recordado que todavía «estaba abierto en varios asuntos relevantes e imprescindibles para el Partido Popular».

Además, le trasladaron su «extrañeza» ante «el cambio de posición del PSOE en lo relativo a la reforma del Código Penal para rebajar las penas del delito de sedición». Según aseguró el PP en su escrito, el PSOE a través del interlocutor designado por el presidente Sánchez para abordar las conversaciones, había trasladado que no estaba en sus planes acometer esa modificación. Esto motivó que un día antes de la ruptura la secretaria general, Cuca Gamarra, asegurase en una entrevista que la sedición y las negociaciones mantenidas eran tema aparte. Esto fue negado posteriormente por el PSOE que aseguró que «la agenda legislativa del Gobierno no ha sido modificada en ningún momento a lo largo de la legislatura ni tampoco durante la negociación de las últimas semanas».

Difícil solución

En cualquier caso, el PP considera que la intención de Sánchez de rebajar las penas por sedición son «una incongruencia insalvable» al «pactar el reforzamiento del Estado de derecho al mismo tiempo que se pacta con otros partidos desprotegerlo»: «Reformar la ley para mejorar la independencia judicial no es compatible con reformar la ley para decirle a los jueces que han de ser condescendientes con aquellos que se levanten contra la unidad de España», añadieron en su exposición de motivos.

El problema parece haber llegado a un callejón sin salida donde solo la cesión de alguno de los dos partidos puede provocar la renovación del CGPJ, caducado hace cuatro años. Pero las deudas hay que saldarlas y ERC espera impaciente desde sus escaños. Por su parte, al PP le resultaría muy difícil explicar una marcha atrás en su decisión a no ser que arranque a los socialistas una promesa del cambio del sistema de renovación que le permitiese hacer la vista gorda ante las pretensiones de Sánchez.