El Gobierno baraja quedarse con la quinta plaza del Constitucional del PP tras la ruptura de las negociaciones del CGPJ

el pasado mes de julio, el magistrado Alfredo Montoya Melgar, uno de los mejores laboralistas en activo de nuestro país, tomaba la difícil pero responsable decisión de dejar vacante su plaza como miembro del Constitucional, tras el ictus sufrido un año antes. Desde entonces, el Tribunal de Garantías está pendiente de la renovación de cinco de sus plazas: las cuatro correspondientes al tercio cuyo mandato caducó antes del verano y la que, adicionalmente, el veterano jurista ponía a disposición del Senado, Cámara que aprobó su nombramiento a propuesta del Partido Popular. Ahora, el Gobierno, rotas las negociaciones entre PSOE y PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acelera los trámites para controlar el Constitucional y consumar el vuelco de la actual mayoría conservadora a una progresista.

Sánchez designará a sus dos candidatos si a finales de mes si para entonces, en el último Pleno del Consejo, no se conocen los nombres que corresponden al órgano de los jueces. Además, no descarta hacerse, también, con la plaza de Montoya Melgar pese a que durante las conversaciones recientemente rotas –tras conocer los populares que el Gobierno negociaba con sus socios de Esquerra (ERC) las condiciones para modificar el Código Penal y rebajar el delito de sedición por el que fueron condenados Oriol Junqueras y los suyos– el compromiso del Ejecutivo era que dicha plaza «corresponde al PP».

Así las cosas, el escenario ha cambiado y desde las filas socialistas barajan apropiarse de la misma no sin antes tratar de utilizar la baza como una fórmula de presión para que los de Núñez Feijóo retomen, una vez más, la posibilidad de un pacto para cumplir con la renovación del CGPJ prorrogado en su mandato durante más de cuatro años.

Una opción, esta última, que fuentes próximas a las filas populares consultadas por El Debate descartan de plano. «El Gobierno sabrá si utiliza la grave enfermedad de un magistrado para obtener una plaza extra», afirman las mismas fuentes. Algo que no les sorprendería teniendo en cuenta que «la gestión institucional de este Ejecutivo es difusa».

No en vano, los socialistas cuentan con la mayoría matemática necesaria en el Senado para proclamar al «quinto» candidato a la Corte de Garantías. Mientras que, hoy por hoy, el Partido Popular necesita del apoyo del PSOE para conservar la plaza liberada por Alfredo Montoya.

Nueve a cuatro, mayoría progresista

El fracaso de la Operación Lesmes, con la que el Gobierno planeó descabezar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombrando a su presidente magistrado del Constitucional, previa designación de los dos nombres que al órgano le corresponde proponer dicho Tribunal, marcó un antes y un después en las posiciones de PSOE y PP en una crisis institucional más agravada que nunca.

Ya entonces, a comienzos del curso político –y con la amenaza de la dimisión del expresidente Carlos Lesmes de su cargo, finalmente consumada el pasado día 9 de octubre– lejos de rendirse en su empeño por reemplazar a los vocales del Consejo, el Ejecutivo socialista parecía haber encontrado una vía adicional con la que presionar a sus interlocutores, para que renunciasen a la reforma del actual sistema de elección, como exige Europa, y sentarse a negociar el habitual intercambio de 'cromos'.

La plaza vacante en la Corte de Garantías que dejó el juez Alfredo Montoya por enfermedad, el pasado mes de junio, se convertía en la excusa perfecta que ahora vuelve a la palestra. O los populares levantaban sus líneas rojas previas o, de lo contrario, corrían el riesgo de perder a uno de sus actuales miembros en el Constitucional con lo que la futura y eventual mayoría progresista del Tribunal, tras su renovación, sería todavía más adversa a los conservadores quedando instalada en un cómputo de ocho a cuatro, frente a los ocho a cinco que deberían darse en circunstancias ordinarias.

En el PP tienen claro que no habrá chantaje posible en esta ocasión. Para los de Núñez Feijoo «es imposible negociar con quien redacta un Código Penal a la carta en la sede de ERC». De manera que la maniobra de Sánchez, en esta ocasión, parece frustrada en origen si su objetivo es recuperar el diálogo con la oposición en materia de Poder Judicial. El propio Sánchez avanzaba en los últimos días que la renovación del CGPJ se producirá con o sin los populares. E, incluso, como avanzó El Debate, recurriendo si es necesario a una nueva reforma legal que, en su día, paró la UE.

El Senado calienta motores

El pasado día 5 de octubre, el presidente socialista de la Mesa del Senado, Ander Gil, decidía poner en marcha el mecanismo para reemplazar al magistrado Montoya en sede parlamentaria. Un trámite administrativo en el que podían participar las Comunidades Autónomas que, como máximo, tendrían que comunicar a sus candidatos antes del día 11 del mismo mes. El plazo concluía sin que ninguna de las autonomías elevase ninguna propuesta forma, en espera de que las negociaciones entre PSOE y PP para la renovación del CGPJ diesen un resultado que permitiese abordar las designaciones al Constitucional por parte de un nuevo Consejo.

Sin embargo, tras el fracaso de las mismas y con la urgencia que Pedro Sánchez ha manifestado en todo momento por hacerse con un Tribunal de Garantías que tendrá que resolver, en los próximos meses, los recursos más políticos contra el Gobierno, Gil ha prorrogado el plazo de propuestas hasta el próximo día 12, en un oficio notificado a los grupos parlamentarios al que ha tenido acceso El Debate. Un balón de oxígeno que permitirá a los socialistas apurar la vía del «quinto» magistrado en el sentido de hurtarla a la oposición.