El juez del caso Miguel Ángel Blanco reabre la causa del secuestro y asesinato contra 'Iñaki de Rentería'

Reabierta la causa contra el etarra 'Iñaki de Rentería' como presunto «cerebro» tras el secuestro y asesinato del exconcejal popular de Ermua Miguel Ángel Blanco. El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha recuperado la investigación para el ex jefe de ETA Ignacio Miguel Gracia corrigiendo así su decisión inicial, con la que apreció de oficio que los presuntos delitos habían prescrito para el antiguo terrorista.

Aunque el magistrado ha considerado que no es el momento de pronunciarse sobre si el conjunto de los hechos investigados han prescrito, como sostienen las defensas de los terroristas y como deslizó, el pasado mes de julio el nuevo fiscal asignado al caso, sí ha mantenido la posición de los dos fiscales apartados de la causa Vicente González Mota -y su jefe Miguel Carballo que no ha renovado en el cargo- sobre la inoportunidad de resolver en este momento la cuestión, tras las discrepancias mantenidas con el nuevo fiscal general del Estado, Alvaro García Ortiz, como contó El Debate en exclusiva.

En un auto dictado este mismo jueves, cuyo enfoque adelantó El Debate en primicia la semana pasada, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha respondido en negativo a los recursos presentados contra el archivo para 'Iñaki de Rentería' y ha estimado los de la Fiscalía y el Partido Popular (PP) y sólo parcialmente el de Dignidad y Justicia (DyJ), para no entrar ahora en la discrepancia sobre la prescripción.

«Se mantiene el criterio expuesto en el auto de 8 de julio de 2022, a propósito de la prescripción del delito, su interrupción y su cómputo, por lo que se estima íntegramente el recurso de reforma interpuesto por el Ministerio Fiscal. Asimismo, dado que la estimación es coincidente con la peticionada por el PP, se estima su recurso», indica.

No obstante, añade que, «en el caso de la Asociación Dignidad y Justicia (DyJ), la estimación del recurso es sólo en una parte del mismo puesto que no ha lugar a declarar en este momento procesal la imprescriptibilidad de pleno derecho de los hechos investigados, como se pretende en su escrito rector, por lo que no procede acceder a dicho pedimento».

Así, accede a enmendar su decisión inicial declarando ahora que «no ha lugar a declarar la prescripción de los delitos que se imputan a Ignacio Miguel Gracia por los hechos que dieron lugar a la formación de este sumario».

Fue el pasado 8 de julio cuando García-Castellón apreció de oficio que los hechos habían prescrito respecto a 'Iñaki de Rentería' al mismo tiempo que citó como imputados a José Javier Arizcuren, 'Kantauri'; Miguel Albisu,'Mikel Antza'; y María Soledad Iparraguirre, 'Anboto', que ya han comparecido en su calidad de investigados en la Audiencia Nacional, aunque todos ellos se acogieron a su derecho a no declarar.

De esta manera, el magistrado se ha acogido a la tesis planteada por el fiscal purgado, Vicente González Mota, que en su recurso expuso que debía revocarse el archivo para De Rentería aduciendo que «acordar la resolución de sobreseimiento, con las consecuencias que lleva aparejadas, equiparables a la de sentencia absolutoria, no es procedente en este momento». Una tesis que chocaba con las indicaciones que, por aquel entonces emergían de la Secretaría Técnica de la FGE, en manos del actual titular del Ministerio Público, García Ortiz.

Por su parte, el PP puso encima de la mesa las recomendaciones realizadas en marzo por el Parlamento Europeo, que abogan por considerar los crímenes de ETA como contra la Humanidad y, por tanto, imprescriptibles, incluidos los anteriores a 2004.

Y Dignidad y Justicia desplegó su 'doctrina Miguel Ángel Blanco', según la cual la responsabilidad penal por este crimen no se ha extinguido por cuanto la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad fijada por el Consejo de Europa es aplicable a los crímenes cometidos por ETA y por otros grupos terroristas a partir del 24 de diciembre de 1990, un total de 430 asesinatos, entre ellos el del dirigente 'popular'.

La crisis de la Fiscalía

La cuestión de la prescripción es uno de los debates jurídicos suscitados a raíz de la reapertura de las investigaciones penales por este crimen. La postura tradicional de la Fiscalía de la Audiencia Nacional considera interrumpido el plazo de prescripción con la imputación, lo que supondría dar por caducados los delitos para todos los ex jefes de ETA señalados menos 'Kantauri'.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, anunció durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados que elevaría el debate a la Junta de Fiscales de Sala para que fijaran posición. Sin embargo, en la primera celebrada desde entonces, el pasado octubre no pudo abordarse porque aún no se cuenta con toda la documentación necesaria para pronunciarse al respecto, parte de la cual debe enviar Francia, según fuentes judiciales próximas al caso.

Los cerebros tras la «autoría mediata»

García-Castellón reabrió la causa en marzo tras admitir una querella de la asociación de víctimas que busca condenar también a quienes formaban la cúpula de ETA cuando se cometió el crimen. La policía vasca, a petición del instructor, ya ha emitido un informe en el que responsabiliza a los exjefes etarras de la muerte del joven concejal del PP en Ermua porque considera que una orden suya podría haberlo evitado. El contenido del mismo, revelado por El Debate, no deja lugar a dudas.

«En virtud del contenido de determinadas cartas incautadas en Francia, como integrante del Comité Ejecutivo de ETA, entre agosto de 1993 y marzo de 1999» demuestra que 'Kantauri' «fue uno de los encargados de participar en el diseño de la estrategia a seguir por la organización terrorista; como responsable de los comandos 'ilegales' y del 'Aparato militar' de ETA desde noviembre de 1994 hasta marzo de 1999; y como posible inductor del secuestro y posterior asesinato de Don Miguel Ángel Blanco», así reza el texto de ocho páginas entregado por los agentes de la Ertzaintza al instructor Manuel García-Castellón en el que se recogen todos los elementos documentales de carácter indiciario relacionados con el grado y forma de participación, directa o indirectamente, de los integrantes del Comité Ejecutivo de ETA -o 'Zuba'- que «formaban parte de la citada estructura en el momento del secuestro y porterior asesinato» del joven concejal vasco.

Cabe recordar que, en el caso del asesinato de Blanco, la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional ya condenó en 2006 a 50 años de cárcel al exdirigente etarra Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote', y a su compañera sentimental y miembro de ETA Irantzu Gallastegui Sodupe, 'Amaia', como autores materiales.

En su sentencia, el tribunal aseguraba que ambos «planificaron y ejecutaron el secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco, siguiendo las directrices de la cúpula de la organización terrorista ETA, que tenía entre sus objetivos más inmediatos el secuestro de un concejal del PP para exigir a cambio de su liberación el acercamiento de los presos de la banda a cárceles del País Vasco».