García-Castellón se inclina por seguir investigando el asesinato de Miguel Ángel Blanco pese a las maniobras de la Fiscalía

El pasado mes de julio, el magistrado Manuel García-Castellón celebró la vista de toma de declaración a dos exjefes de ETA, Soledad Iparaguirre 'Anboto' y Miguel Albisu Iriarte 'Mikel Antza', citados como presuntos cerebros detrás de la orden de secuestro, y el posterior asesinato, del concejal del PP de Érmua Miguel Ángel Blanco, en 1995. Aunque, como de costumbre, ambos se negaron a declarar, lo sorprendente de aquel día fue la posición de la Fiscalía del caso que, ante unos atónitos terroristas y sus defensas, pronunció un inesperado alegato en favor de la prescripción de una causa que busca la «autoría mediata» –esto es intelectual– de los implicados en la muerte del joven político.

El magistrado resolverá en los próximos días el recurso que, apoyado en dicho alegato, busca dar carpetazo a la instrucción. Sin embargo y pese a las maniobras del Ministerio Público –con el actual fiscal general Álvaro García Ortiz, en cabeza– el juez García-Castellón se inclina por continuar con las pesquisas para depurar las responsabilidades pendientes.

Lo hará con un nuevo fiscal encargado, Pedro Rubira, ya que ni el asignado inicialmente por la Audiencia Nacional, Vicente González Mota, ni su entonces superior directo Miguel Ángel Carballo continúan ya en sus puestos, precisamente, por las discrepancias «insalvables» con la cúpula de la Fiscalía. La renuncia del primero, publicada en exclusiva por El Debate, hacía correr ríos de tinta. Su malestar con la Secretaría Técnica a cargo del hoy nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, abrió un inesperado escenario en el Departamento apenas una semana después de que el sucesor de Dolores Delgado fuese oficialmente propuesto por el Gobierno para el cargo.

Apartado González Mota, era Pedro Rubira quien asistía en representación del Ministerio Público para separarse de la línea «dura» de sus compañeros en el procedimiento de investigación e inclinarse contra de la solicitud de medidas cautelares para los etarras. Además, Rubira, adicionalmente, apuntalaba el argumento de las defensas a favor de la caducidad de los delitos de secuestro y asesinato. Una vía que los etarras han utilizado en su último recurso ante la Audiencia Nacional y que el juez García-Castellón baraja rechazar para proseguir la instrucción contra los cerebros tras el trágico atentado.

Los informes de la Guardia Civil

Los informes de la Guardia Civil encargados por el magistrado con el objetivo de indagar el grado de implicación de los cuatro miembros del 'Comité ejecutivo' de ETA en el diseño del secuestro y asesinato del concejal de Ermua, tendrán un peso determinante.

No en vano, los dictámenes de los investigadores policiales asignados a la causa fueron los que permitieron a García- Castellón, arrancar la instrucción todavía vigente contra los investigados quienes, pese a no ser los ejecutores materiales, tuvieron presuntamente «una participación en comisión por omisión, atendida la posición de dominio que ostentaba el órgano ejecutivo de la organización terrorista con capacidad real durante las más de 48 horas en las que se prolongó el secuestro, para poder detenerlo, pudiendo deducir de la negativa a hacerlo una intención manifiesta en la producción del resultado».