Más regalos a sus socios separatistas: Sánchez reformará también el delito de malversación

Pedro Sánchez comienza a abrir la puerta para modificar la malversación, un delito por el que también han sido condenados o están acusados varios líderes del procés. Así lo ha manifestado el propio Sánchez en una entrevista concedida ayer domingo para La Vanguardia: "La propuesta de los dos grupos que sustentan al Gobierno –PSOE y Podemos– es cambiar el delito de sedición y homologarlo a Europa. Ahora viene la tramitación parlamentaria. Los grupos son libres de presentar las enmiendas que consideren. Esperemos a esa tramitación”, manifestaba el presidente del Gobierno para dicho medio.

Treinta y seis ex altos cargos y funcionarios han sido investigados por la malversación del procés, entre ellos los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras, el exconsejero de Acción Exterior, Raül Romeva; y, otros seis exconsejeros del Ejecutivo catalán. Unos hechos que llevaron a que todos ellos fueran apartados de la vida pública y de la posibilidad de ejercer cualquier cargo político de representación.

Ahora, alcanzado el acuerdo entre el Gobierno y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) en la rebaja del delito de sedición a cambio del apoyo de los de Junqueras a los nuevos Presupuestos Generales del Estado, el Ejecutivo ya mira hacia la malversación de fondos públicos como otro de los tipos del Código Penal candidato a modificación. Así lo avanzaba también este pasado viernes el presidente del Grupo Confederal de Unidas Podemos, Jaume Asens.

Podemos, señalaba Asens, no descarta plantear una enmienda a la proposición de ley que tanto su formación como el PSOE registraron el pasado jueves en el Congreso de los Diputados para iniciar un trámite reformista a espaldas de los preceptivos, que no vinculantes, órganos consultivos constitucionales, como el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado.

Asens ha asegurado que la malversación es «un cajón desastre que permite interpretaciones torpes como la que hizo el Supremo», sobre los condenados por el procés, que fueron condenados no solo a penas de cárcel, sino también a penas de inhabilitación. El objetivo final pasa por restaurarles a todos ellos en la primera línea de la actividad política a la mayor brevedad.