El ariete filonacionalista de Sánchez al Constitucional para que se permita el 'referendum pactado' en Cataluña

Los nombres más adecuados para que un futuro Constitucional renovado avale, sin problemas, la eventual consulta pactada con el independentismo en Cataluña. Éste parece haber sido el único criterio de Pedro Sánchez a la hora de elegir a los dos candidatos del Gobierno para incorporarse al Pleno de la Corte de Garantías: el exministro de Justicia que firmó los indultos de los sediciosos catalanes, Juan Carlos Campo, y la exalto cargo de la Generalitat y de la Moncloa Laura Díez. Una «provocación» que, sin embargo, cumple escrupulosamente con la hoja de ruta del líder de los socialistas para conformar un órgano a la medida de las pretensiones de los separatistas, dispuesto a validar un nuevo Estatut y a mirar con buenos ojos el referéndum sobre el 'encaje' de Cataluña en España que, hasta la fecha, ha sido prohibido por el TC de manera sistemática.

Laura Díez es, sin duda, un peón importante para los propósitos de Sánchez. La que era vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias catalán designada por PSC, ERC y Junts; y, directora general de Asuntos Constitucionales del Ministerio de la Presidencia de Félix Bolaños -hasta que a principios de semana se hiciese pública su elección para el cargo de magistrada del Constitucional- atesora, además, una vasta trayectoria vinculada a las instituciones controladas por el nacionalismo al frente de la Generalitat.

La catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, plaza que alcanzó hace apenas un año, arranca sus contactos con el Govern catalán en 2002 año en el que, siendo todavía presidente Jordi Pujol, era nombrada asesora de su Ejecutivo para la reforma, precisamente, del Estatuto autonómico. Sería la llegada del tripartito de Pasqual Maragall, en 2004, la que la elevase como adjunta al Defensor del Pueblo de Cataluña. Una posición que no abandonaría hasta 2010.

Desde allí, su salto a Moncloa se produce con ocasión de la moción de censura de 2018, fecha en la que el propio Pedro Sánchez la nombraría directora del Gabinete del secretario de Estado -entonces José Antonio Montilla- de Relaciones con las Cortes del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Dos años después, en 2020, pasará a ser directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, mano a mano con Félix Bolaños. Abandonará su cometido para incorporarse, hasta hace dos días, como vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat catalana.

Precisamente, desde el anonimato que durante todo este tiempo le ha proporcionado ser un alto cargo del Gobierno, sin funciones de representación política, Díez se ha visto envuelta en agrias decisiones adoptadas en este último tramo como número dos del Consejo. La primera, en julio de 2019, cuando la institución avaló el fondo de rescate de 10 millones de euros de fondos públicos para que la Generalitat avalase a varios dirigentes separatistas frente a las fianzas impuestas a estos por el Tribunal de Cuentas que investiga la malversación del 'procés'.

La segunda, este mismo año, como miembro del Consejo de Garantías que emite el dictamen favorable a la ley del catalán con la que que separatistas, PSC y los comunes se alinearon para burlar la sentencia firme del Supremo sobre el 25% de español obligatorio en las aulas. Su presencia, ahora, en el Constitucional responde a las exigencias lingüísticas de ERC porque serán los magistrados de la Corte los que tengan que decidir la legalidad, o no, del decreto diseñado por Pere Aragonès que elimina el mandato del Alto Tribunal para todo su sistema educativo, con el apoyo de los socialistas catalanes. Una circunstancia que debería ser suficiente para que Díez se abstenga de participar en las resoluciones que, a futuro, se producirán en amparo.

Una catedrática afín al procatalanismo

Ya el pasado mes de septiembre, El Debate apuntó cómo Moncloa pensaba en catedráticos de posiciones próximas al separatismo catalán como posible propuesta del Gobierno para la renovación del Constitucional. Pedro Sánchez barajaba, al menos desde entonces, decantarse por juristas vinculados al mundo académico –frente a los dos magistrados del Supremo que, previsiblemente, seleccionará para su cuota un enquistado Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)– con los que consumar su control de la Corte de Garantías. Un decisión materializada, ahora, en el perfil de Laura Díaz y con la que el Ejecutivo socialista ha contentado a sus socios de investidura para que aprobasen sus Presupuestos Generales, hace unos días, permitiéndole agotar así la legislatura.

Y es que, en el abordaje de Sánchez al Tribunal Constitucional planea un fin último: una mayoría de izquierdas con magistrados dispuestos a validar una futura consulta en Cataluña sobre su encaje en España, siete a cuatro, vacante la plaza del conservador Alfredo Montoya que el Senado se niega a renombrar y que el Gobierno aspira, también, hurtar deliberadamente al PP. Esto es, si los planes del Gobierno prosperan, y avanzan a marchas forzadas, el futuro Constitucional avalaría un referéndum para la independencia, el horizonte a medio largo plazo que manejan el PSOE, ERC y Bildu, según fuentes al tanto de las conversaciones a las que ha tenido acceso El Debate.