Sánchez desarma al Estado frente a la sedición y abona el terreno para la reforma constitucional y el referéndum pactado

ni rastro de ninguno de los tres compromisos clave con los que Pedro Sánchez afirmaba, antes de ser presidente del Gobierno, que combatiría el desafío del separatismo catalán: la actualización de la rebelión, la creación de un nuevo delito de convocatoria de referéndum ilegal y la inclusión de un tipo específico de desobediencia de las resoluciones del Tribunal Constitucional. Las últimas semanas han sido el laboratorio del Gobierno para la modificación del Código Penal vía Proposición de Ley –un atajo que le ha permitido silenciar a los órganos consultivos más importantes de nuestro país, el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)– a cambio del apoyo de sus socios separatistas vascos y catalanes a unos Presupuestos Generales del Estado con los que llegará hasta el final de la legislatura. Hipotecar el Estado de Derecho en España gracias al aval de sus más íntimos enemigos, de quienes quieren dinamitarla tal y como la hemos conocido hasta ahora, a cambio de unos meses más en el poder.

Ya lo decía el propio Arnaldo Otegi, líder de EH Bildu, tras consumarse la ignominia en el Congreso, con premeditada nocturnidad: «Sánchez depende de quienes nos queremos marchar del Estado». O lo que es lo mismo, «se da la gran paradoja de que no hay Gobierno de progreso en el Estado si los que nos queremos marchar no lo sostenemos». La zorra cuidando a las gallinas.

Más allá de la mera lectura política, el entreguismo del Ejecutivo a los independentistas con un nuevo Código Penal reformado a la carta, amplía la impunidad de quienes, en 2017, violentaron el orden constitucional establecido ante una futura y eventual repetición de lo ocurrido. Sánchez no sólo ha borrado de un plumazo la sedición de nuestro ordenamiento sino que ha dejado abonado el terreno a la reincidencia de los sediciosos, sin una tipificación clara. Un escenario meridianamente opuesto a la tesis que el propio presidente defendía en 2018 cuando aseguraba que los ahora «desórdenes agravados» de Cataluña eran una rebelión en toda regla; y, que si el Tribunal Supremo no los había podido encajar en el molde concreto era porque su regulación legal quedaba muy vinculada al levantamiento armado y al barniz de lo militar propios de otra época.

Así las cosas, a ojos de Sánchez lo que correspondía –una vez que los enemigos declarados de la «indisoluble» unidad territorial de la nación española fueron los titulares de un poder público con representación institucional en la Generalitat– era actualizar la rebelión, y con ella la sedición, para adaptarlas a los nuevos tiempos. Sin embargo, la amenaza real del «lo volveremos a hacer» que tanto los líderes políticos condenados por el procés, como sus herederos al frente del Govern catalán, no han dejado de repetir, ha pasado de pantalla.

Para qué recurrir a la vía de la confrontación y de la algarada si de acuerdo con el borrado de la sedición tanto las leyes de desconexión aprobadas por el Parlamento de Cataluña, como la declaración unilateral de la independencia (DUI) o la convocatoria inconstitucional del referéndum del 1-O quedan fuera de cualquier reproche penal acorde a su gravedad.

Sánchez ha abonado el terreno para explorar una reforma constitucional, de la mano de quienes la quieren abolir, con la única misión de contentar a sus socios de legislatura. Los únicos con los que, llegado el caso y agotado su mandato, podría volver a pactar para mantenerse en la Moncloa. El relato electoral se ha puesto en marcha y a ojos del presidente sólo hay dos escenarios posibles para el Gobierno de España: el PSOE con el cambalache de los sediciosos, separatistas, independentistas, bilduetarras y minoritarios; o, el PP con Vox.

La fase dos de la «desjudicialización»

Y es que si, hasta la fecha, la clave del Gobierno para reforzar las costuras de la coalición frankenstein que aupó a Sánchez al frente del Ejecutivo se ha centrado en retocar el Código Penal a gusto de sus socios, en una primera fase de la mal llamada «desjudicialización» del proceso independentista, de ahora en adelante, desarmado el Estado de Derecho con la derogación de la sedición, la Constitución queda al alcance de sus enemigos.

El objetivo de los separatistas catalanes sigue siendo la amnistía total –lo que implicaría, también, la rebaja de la malversación– y, en paralelo, construir el armazón legal en el que apoyar un «referéndum pactado» sobre la posición de Cataluña en España que, como ya advirtió el presidente Pere Aragonès, tendrá que poder celebrarse «sin violencia policial».

Los indultos a los líderes catalanes del procés y la derogación penal de la sedición han sido el primer paso de Sánchez en una hoja de ruta que, en realidad, y como ha venido revelando El Debate en primicia, encierra un objetivo mucho más ambicioso para el separatismo: la convocatoria de un referéndum pactado para Cataluña que llegará de la mano de un nuevo Estatut y tras la renovación del Tribunal Constitucional que, con una mayoría progresista controlada por Sánchez, verá con buenos ojos la posibilidad.

La «amnistía encubierta», que en realidad se ha consumado ya con la desaparición del delito de sedición de nuestro Código Penal de 1995, devolverá a los líderes condenados del procés, pero también a los fugados, a la primera línea de la actividad política y hará que, en la práctica, sea muy dudoso el ingreso en prisión de quienes reincidan en el futuro.

Un escenario con en el que, de facto, Sánchez ha desplegado el primer peldaño de una alfombra roja que llevará a los separatistas hacia su ansiada «consulta» sobre la independencia de Cataluña, con la bendición añadida del Constitucional que, si nada lo remedia, tendrá una mayoría de magistrados de izquierdas –ocho a cuatro, si el Gobierno consuma su hurto sobre la quinta vacante del PP, la del magistrado Alfredo Montoya Melgar– y estará presidido por Cándido Conde-Pumpido.