El líder de Vox, Santiago Abascal, durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Congreso
Vox solicita medidas cautelares al TC para evitar que se celebre el Pleno de este jueves
El Pleno del Congreso prevé abordar hoy la derogación del delito de sedición, la rebaja de la malversación y el asalto al Constitucional
El Grupo Parlamentario Vox ha registrado este mismo jueves un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que se declare nula la tramitación de la inclusión en el orden del día del Pleno del Congreso de la proposición de ley orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la UE, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso.
La formación de Santiago Abascal quiere evitar que se celebre el pleno de este jueves en el que se va a abordar, con esta proposición del PSOE y Unidas Podemos, la derogación de la sedición, la reforma a la baja del delito de malversación y el asalto al Tribunal Constitucional –a través de dos enmiendas, la 61 y la 62, referidas a la reforma en las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.
Se suman así al Partido Popular que también ha presentado el correspondiente recurso de amparo ante el Alto Tribunal para que sean inadmitidas las dos enmiendas mencionadas, que, en su opinión, «suponen un atentado a la separación de poderes, una quiebra grave del Estado de Derecho y son indiscutiblemente incompatibles con la Constitución».
Al encontrarse en el «supuesto de urgencia excepcional», Vox ha solicitado que se adopten medidas cautelares para suspender la tramitación de la iniciativa legislativa mencionada. Considera que el texto de esta proposición de ley «supone en sí mismo una flagrante y notoria vulneración constitucional que fundamentará en caso de ser aprobada la vulneración constitucional», una vulneración en la que, a su juicio, «ahondan» las enmiendas citadas.
Los 52 diputados exigen declarar la nulidad de la tramitación al considerar que se vulnera el artículo 23 de la Constitución, y entendiendo que se acude en «fraude de ley» al procedimiento de aprobación para «eludir el procedimiento de aprobación de un proyecto de ley más riguroso y garantista», ya que, al tramitarse como una proposición, se han eludido «de forma deliberada» los informes preceptivos.
El pasado 14 de noviembre, Vox ya había presentado un escrito a la Mesa del Congreso para solicitar la inadmisión de la solicitud de tramitación de la citada proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos. Y hace solo tres días presentó solicitud de inadmisión de las enmiendas 61 y 62, que son, a su juicio, las que producen un «golpe al Tribunal Constitucional». Y pidió también que se requiriera por parte de la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, informes al CGPJ y al TC y la solicitud del dictamen del Consejo de Estado y un informe del Ministerio de Justicia y del secretario general y los letrados de las Cortes Generales.
Cuando el viernes se conoció que el Ejecutivo de Pedro Sánchez iba a presentar las dos enmiendas para colocar a sus candidatos en el Tribunal Constitucional, Santiago Abascal anunció que Vox recurrirá la reforma ante el Alto Tribunal si finalmente llega a tramitarse y, después, en una declaración institucional anunció que iniciaría las conversaciones para buscar un candidato neutral para presentar una moción de censura.
